El gobierno del Reino Unido analiza postergar la presentación de su hoja de ruta para incrementar el gasto militar hasta el 3% del PIB, una definición clave en materia de defensa que se daría en medio de la escalada diplomática con la Argentina por la soberanía y los recursos naturales de las Islas Malvinas.
La decisión respondería a severos condicionamientos financieros locales y a un déficit multimillonario en las cuentas públicas británicas.
La postergación fijaría la revisión estratégica del gasto en defensa para octubre de 2027, lo que retrasaría los desembolsos adicionales previstos para las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, alcanzar la meta militar intermedia requeriría unos 17.300 millones de libras esterlinas adicionales, sumados a una brecha no cubierta de 4.700 millones de libras dentro del actual plan de inversión del Ministerio de Defensa.
Desde el Ministerio de Hacienda británico desestimaron que exista un aplazamiento formal y señalaron que la fecha definitiva de la revisión aún no ha sido fijada.
No obstante, las restricciones económicas coinciden con la presión diplomática de la República Argentina, que viene impulsando acciones administrativas y jurídicas para frenar la exploración petrolera no autorizada en el proyecto Sea Lion.
Los compromisos con la OTAN y la agenda fiscal en Londres
A pesar de los probables retrasos en los plazos intermedios, las autoridades en Londres ratificaron su compromiso a largo plazo con la OTAN de elevar la inversión en materia militar al 3,5% del PIB para el año 2035.
La discusión presupuestaria sobre cómo financiar dicho despliegue cobra especial relevancia en un escenario internacional atravesado por crecientes alertas de seguridad en el territorio británico.
Las decisiones fiscales sobre el financiamiento de las tropas sufrieron reiteradas demoras durante los últimos dos años debido al estrecho margen financiero del Poder Ejecutivo.
El ministro de Defensa, John Healey, tiene previsto presentar su primer presupuesto general a fines de octubre, instancia en la que deberá compatibilizar las exigencias del área militar con el equilibrio de las arcas públicas.
En forma paralela, el debilitamiento de las acciones de firmas petroleras vinculadas al archipiélago y los reclamos por licencias en el área del Atlántico Sur mantienen bajo la lupa la capacidad de despliegue operacional de la administración británica.
El debate parlamentario sobre el gasto de defensa continuará durante las próximas semanas como uno de los ejes centrales de la política exterior y fiscal de Gran Bretaña.
Fuente: Crónica — Ver noticia original