La Libertad Avanza (LLA) con el respaldo de sus habituales aliados del PRO y la Unión Cívica Radical consiguió emitir dictamen de mayoría a su proyecto para morigerar el problema de la alta morosidad en las familias argentinas.
Fue durante un plenario de las comisiones de Finanzas, y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia en la Cámara de Diputados en el que la oposición presentó dos despachos de minoría. El 7 o el 14 de octubre son las fechas en las que podría definirse en el recinto cuál de las propuestas avanzará.
Antes de la firma de los dictámenes participaron del debate el vicepresidente del Banco Nación, Alejandro Henke, y Nicolás Ferro, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Los proyectos
El proyecto de LLA obtuvo 32 firmas, mientras que la iniciativa de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica consiguió 27. Los dos representantes de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, suscribieron un tercer dictamen de minoría.
La propuesta del oficialismo se denomina “ley de transparencia crediticia, educación financiera, mitigación del fraude digital y protección de los consumidores”. Hace hincapié en brindar información detallada al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no interviene ni con tasas máximas ni con planes de refinanciación para deudores críticos. Otros ejes son la precancelación de deudas, la trazabilidad completa de sus obligaciones y el acceso gratuito al perfil de riesgo dentro de las entidades bancarias y las plataformas.
Durante el debate, la oficialista Silvana Giudici criticó que “muchos proyectos proponían un atajo a la morosidad” e instó a “mirar al futuro y ser capaces de no aplicar parches que terminen provocando la caída del régimen financiero”. “Lo que tenemos que hacer es plantear herramientas que vigorizan el sector crediticio, dan estabilidad jurídica y transparencia a los usuarios”, recalcó.
Silvana Giudici fue la encargada de defensar la iniciativa de La Libertad Avanza.
En tanto, la iniciativa de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominada “ley de regularización y alivio financiero”, busca declarar la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas, al cual pueden adherir personas que tengan una mora de más de 60 días y por montos de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (actualmente 3.200.000 pesos). También fija como cuota máxima un monto que no supere el 30% de los ingresos de las personas.
Asimismo, establece que cada persona que voluntariamente desee adherir al régimen de regularización lo deberá tramitar ante su propio acreedor y si este no admite la gestión, interviene el Banco Central.
“No podés mandar a la gente a hacer un curso de educación financiera cuando le llega el agua al cuello. El dictamen del oficialismo sigue posicionado en la negación del problema que tienen seis millones de argentinos”, advirtió el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano y explicó que el límite de hasta dos canastas básicas es para que el foco esté puesto en “las personas que no pueden llegar a fin de mes y no pueden hacer frente a sus necesidades básicas”.
Por último, el dictamen de Argentina Federal promueve la creación del “Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal”, un instrumento que permite unificar deudas en una sola operación y ofrece cuotas a tasa de interés fija de un máximo del 35%.
Para acceder a este programa, los ingresos fijos del beneficiario no podrán superar los diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Fuente: Crónica — Ver noticia original