La política de postergación de aumentos impositivos volvió a convertirse en una herramienta del gobierno de Milei para intentar contener la aceleración inflacionaria. Esta vez, la administración nacional decidió trasladar hasta diciembre la actualización pendiente de los impuestos que gravan la nafta y el gasoil, un ajuste que debía comenzar a regir el 1° de noviembre y que podía sumar presión sobre los precios de los combustibles en un contexto de dificultades para sostener la desaceleración del índice de precios.
La decisión fue oficializada este viernes mediante el decreto 1305/2026, publicado en el Boletín Oficial, que estableció que los incrementos remanentes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) comenzarán a aplicarse a partir del 1° de diciembre. La medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen (para uso industrial) y el gasoil, y comprende las actualizaciones que quedaron pendientes de 2024 y 2025, además de las correspondientes al primero y segundo trimestre de 2026.
En los fundamentos de la norma, el Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Bajo ese argumento, resolvió diferir nuevamente los incrementos que deberían incorporarse a los valores de los tributos, con el objetivo de evitar que su aplicación se traslade a los precios finales durante noviembre.
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El nuevo aplazamiento se suma a una secuencia de decisiones similares que muestra las dificultades del Gobierno para compatibilizar la actualización de los impuestos con su estrategia de desinflación. A fines de agosto, el decreto 829/2026 había dispuesto que los aumentos remanentes comenzaran a regir el 1° de octubre. Sin embargo, antes de que llegara esa fecha, el Ejecutivo volvió a modificar el cronograma y, mediante el decreto 1126/2026, publicado el 30 de septiembre, trasladó la aplicación al 1° de noviembre. Ahora, cuando ese nuevo plazo estaba próximo a cumplirse, estableció otra prórroga por un mes.
La mecánica de actualización de estos impuestos está contemplada en la Ley 23.966 y establece que los montos fijos se ajusten trimestralmente de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. El esquema busca evitar que los tributos pierdan valor real frente a la inflación, aunque las sucesivas decisiones del Ejecutivo modificaron el calendario de aplicación y permitieron que una parte de esos aumentos quedara pendiente durante varios períodos.
En términos concretos, el Gobierno está evitando que se concrete de manera inmediata una actualización que acumula el efecto de la inflación de varios años. Esto significa que el impuesto que actualmente se cobra por cada litro de combustible todavía no incorpora la totalidad de los incrementos que corresponderían según el mecanismo previsto por la normativa. La diferencia se mantiene pendiente y su aplicación depende de las decisiones que tome el Ministerio de Economía.
Además, la postergación tiene un efecto directo sobre la recaudación tributaria. Al diferir los aumentos, el Estado también retrasa el ingreso de los recursos adicionales que generaría la actualización de los impuestos, una decisión que introduce una tensión con el objetivo oficial de sostener el equilibrio fiscal. Si bien el Ejecutivo presenta la medida como parte de una estrategia para estimular la actividad económica, también resigna ingresos que estaban previstos en el esquema tributario.