La Casa de Moneda, que depende del Ministerio de Economía, es una Sociedad del Estado y se encarga de la fabricación de moneda nacional desde 1875. Sus funciones, una vez disuelta, según explicaron las fuentes consultadas, serán realizadas por privados a través de licitaciones puntuales e incluso no se descarta la posible importación de dinero, como ya se realizó con el organismo funcionando, en otras administraciones.
En 2023, de hecho, Casa de Moneda realizó pedidos millonarios, en dólares, a su par brasileña, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España y a China Banknote Printing and Minting Corporation. En tiempos normales, Casa de Moneda puede producir todos los billetes que requiere el país. Pero la combinación entre una alta inflación y la negativa del kirchnerismo a hacer papeles de mayor denominación la obligaron a importarlos para normalizar de forma precaria la provisión de billetes e insumos.
Presidida actualmente por Daniel Méndez, la institución también se encarga de la producción de sellos postales, y estampillas y la generación de negocios digitales (servicios transaccionales y de pago y la digitalización de documentos en distintos formatos y soportes), todo bajo estrictos estándares de seguridad.
“Gran parte de los productos ofrecidos por la Casa resultan imprescindibles para la actividad económica argentina y para el funcionamiento de la administración del Estado”, afirma la entidad en el sitio oficial Argentina.gob.ar, en una descripción que se hizo antes de que la administración de Javier Milei decidiera cerrarla.
La disolución de la Casa de Moneda irá en línea con lo sucedido hoy con Trenes Argentinos Capital Humano, la dependencia del Estado con 1388 trabajadores que fueron desvinculados. El organismo, como resaltaban hoy en Casa Rosada, tenía la particularidad de que no operaba trenes. Para el Gobierno, era una empresa estatal que tenía una “estructura sobredimensionada” que “duplicaba las tareas de otras compañías estatales ferroviarias”, lo que a partir de ahora “va a significar un ahorro de 42.000 millones de pesos anuales para el Estado”.
El achicamiento del Estado es una de las principales premisas del gobierno de Milei. Desde tiempos de campaña el mandatario insistió en el tema y volvió realidad esos ejes desde su llegada al poder. El primero de los organismos en ser cerrado fue el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi).