El Gobierno acelera el envío al Congreso del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado con Estados Unidos y espera remitirlo en los próximos días, una vez que quede terminado el expediente administrativo. En la Casa Rosada aseguran que no pretenden esperar hasta noviembre y que el proyecto será girado al Poder Legislativo apenas complete las revisiones internas.
La definición se produjo después de que el canciller Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, firmaran un protocolo adicional que modificó el texto acordado en febrero y despejó el camino para someterlo al Congreso argentino. En Nación consideran posible completar el trámite interno durante los próximos días.
El Ejecutivo separa ese procedimiento de la implementación de los capítulos que no requieren una nueva ley. La estrategia es avanzar en paralelo por vía administrativa con todos los compromisos que puedan instrumentarse mediante decretos y resoluciones, mientras el acuerdo general atraviesa el debate parlamentario.
La agenda legislativa con Estados Unidos tendrá además otros dos movimientos. La Casa Rosada quiere completar antes de fin de octubre la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y prepara el envío a Diputados de otros seis tratados internacionales de propiedad intelectual incluidos entre los compromisos asumidos con Washington.
En el oficialismo reconocen que la instrumentación completa llevará tiempo. Distintos capítulos requieren leyes, reglamentaciones, modificaciones administrativas o decisiones estadounidenses, de forma que el envío del acuerdo al Congreso no implicará que todas sus disposiciones entren en vigencia de manera inmediata.
La nueva versión modificó uno de los puntos que habían quedado afectados por los cambios jurídicos en Estados Unidos. El texto firmado en febrero establecía que Washington aplicaría a los productos argentinos una “tasa arancelaria recíproca revisada”. La versión actual reemplazó esa formulación por el compromiso de aplicar el “tratamiento arancelario” establecido en los anexos del acuerdo.
El cambio se produjo después de que decisiones judiciales estadounidenses alteraran la base jurídica utilizada por la administración de Donald Trump para parte de su política de aranceles. En el Gobierno reconocen que ese escenario demoró la instrumentación de algunos capítulos y obligó a revisar la redacción antes de avanzar con la ratificación argentina.
El resto del acuerdo mantiene un alcance amplio. La Argentina asumió compromisos sobre barreras no arancelarias, propiedad intelectual, comercio digital, estándares técnicos, agricultura, prácticas regulatorias, controles de exportaciones, seguridad de inversiones y cooperación económica, además de las disposiciones específicamente comerciales.
El capítulo arancelario establece también concesiones argentinas para productos estadounidenses y un sistema de reducciones, eliminaciones de aranceles y cupos para determinadas mercaderías. Del lado estadounidense, el protocolo busca preservar el tratamiento acordado para las exportaciones argentinas dentro del nuevo marco jurídico utilizado por Washington.
El texto dispone que el acuerdo entrará en vigor 60 días después de que ambos países intercambien las notificaciones que certifiquen el cumplimiento de sus procedimientos legales internos, salvo que las partes establezcan otra fecha. Por eso, la aprobación del Congreso argentino será uno de los pasos necesarios antes de la vigencia integral del entendimiento.
En paralelo, la Casa Rosada quiere cerrar el trámite del PCT, que ya fue aprobado por Diputados con modificaciones y debe volver al Senado. El oficialismo busca ratificarlo antes de que termine octubre como parte de la agenda de propiedad intelectual acordada con Estados Unidos.
El Gobierno prepara además el envío de seis convenios internacionales vinculados con patentes, marcas, diseños industriales, microorganismos utilizados en procedimientos de patentes y señales transmitidas por satélite. Los expedientes corresponden al Convenio de Bruselas, el Tratado de Budapest, el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya, el Protocolo de Madrid, el Tratado sobre el Derecho de Patentes y el Tratado de Singapur sobre Derecho de Marcas.
Esos compromisos tienen un recorrido separado del acuerdo general. El entendimiento bilateral establece que la Argentina debe someterlos al Congreso antes de fines de 2027, pero el Ejecutivo decidió adelantar su tratamiento y pretende que los seis proyectos ingresen por Diputados.
Queda también pendiente la adhesión a la revisión de 1991 del convenio internacional sobre obtenciones vegetales. En el Gobierno la vinculan con una futura modificación de la Ley de Semillas y no la incluyen por ahora dentro del paquete inmediato que enviarán al Congreso.
La prioridad de la Casa Rosada es darle al acuerdo un tratamiento legislativo propio mientras continúa aplicando por otras vías los capítulos que no necesitan aprobación parlamentaria. El próximo paso será completar el expediente interno y remitirlo al Congreso, con la expectativa oficial de hacerlo en los próximos días y abrir así una nueva etapa de la implementación del entendimiento con Estados Unidos.
Fuente: TN — Ver noticia original