El gobierno de Gustavo Sáenz cerró las seis rondas regionales con intendentes y legisladores de los 23 departamentos para definir las prioridades del Presupuesto 2027. El proyecto será enviado a la Legislatura durante los primeros días de diciembre, en un escenario en el que las demandas territoriales crecen mientras el ajuste nacional condiciona la capacidad de financiamiento de las provincias.
El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, encabezó el último encuentro con representantes de Anta, Iruya, Santa Victoria y Los Andes. Participaron doce intendentes, seis diputados y cuatro senadores. Las prioridades planteadas abarcaron salud, educación, seguridad e infraestructura, aunque el desafío será traducir los reclamos en partidas concretas.
“Dentro de la sensatez, la restricción que marca el presupuesto nacional como parámetro del cual dependemos”, reconoció Camacho. La definición expone los límites de la planificación provincial. Es decir, Salta puede establecer sus prioridades, pero depende también de los recursos nacionales y de las decisiones de la Casa Rosada sobre obras y programas, en un año atravesado por la disputa electoral.
Cuentas ordenadas, recursos en caída
El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, sostuvo que la provincia cerrará siete años consecutivos con equilibrio fiscal y una reducción de la deuda pública. Sin embargo, el equilibrio de las cuentas no resuelve por sí solo la brecha entre las necesidades del interior y los recursos disponibles.
Un informe de Politikon Chaco muestra el deterioro de la asistencia nacional. En octubre de 2026, Salta recibió $663 millones en transferencias no automáticas, apenas el 0,7% del total distribuido entre las provincias y CABA. El monto representó una caída real interanual del 80,8% y equivalió a $446 por habitante.
Entre enero y octubre, las transferencias no automáticas a las jurisdicciones del país sumaron $1,05 billones, con una caída real del 61,1% frente al mismo período de 2025. En la comparación con los primeros diez meses de 2023, Salta registró una retracción real del 83% por esta vía.
Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) constituyen otro componente de la asistencia. Salta acumuló $18.000 millones por ese concepto entre enero y octubre, pero durante octubre no se pagaron ATN a ninguna provincia. A nivel nacional, el fondo recaudó $1,2 billones en los primeros diez meses del año y solo distribuyó el 18%: $840.482 millones permanecían sin repartir.
Las transferencias no automáticas incluyen fondos para obras, programas y otras finalidades específicas, por lo que su caída no representa por sí sola la evolución de todos los ingresos provinciales. Pero sí refleja la contracción de una vía de financiamiento que puede resultar decisiva para sostener proyectos de infraestructura y atender demandas locales.
La paralización de obras nacionales y el traspaso de responsabilidades a las provincias agregan presión sobre las cuentas salteñas. Rutas, infraestructura y proyectos que antes dependían del financiamiento federal deben renegociarse, esperar recursos o quedar sujetos a la capacidad de inversión provincial.
El reclamo del interior
En las reuniones, los representantes territoriales valoraron el contacto directo con los ministerios. Marcelo Moisés, intendente de Apolinario Saravia, destacó la posibilidad de discutir prioridades y anticipar las dificultades financieras de los municipios.
Desde Nazareno, José Yugra sostuvo que la articulación con el Ejecutivo permite presentar las necesidades de la comunidad y buscar respuestas pese a los recursos limitados. Arnaldo Altamirano, diputado provincial por Santa Victoria, destacó la importancia de las obras en zonas alejadas, especialmente ante las dificultades climáticas.
Por su parte, Betina Navarro, senadora provincial por Anta, remarcó que la provincia fue asumiendo compromisos que correspondían a la Nación. “Nos interesa si es una obra de Nación o es una obra de la provincia”, afirmó.
El planteo expone una de las principales tensiones del presupuesto que viene: sostener obras con recursos provinciales puede dar respuestas concretas, pero también obliga a elegir entre nuevas inversiones, mantenimiento de infraestructura y otras obligaciones del Estado.
Un presupuesto atravesado por la política
El gobierno buscará combinar disciplina fiscal con una distribución territorial de los recursos que permita mostrar resultados de gestión. Pero el año electoral puede elevar las expectativas de municipios y sectores productivos mientras las restricciones económicas limitan la capacidad de ampliar el gasto.
Con el relevamiento territorial concluido, los equipos técnicos deberán definir qué demandas podrán financiarse. Para Sáenz, el desafío será sostener el equilibrio fiscal sin que la escasez de recursos se traduzca en nuevas postergaciones para el interior.
Por lo tanto, el Presupuesto 2027 pondrá a prueba la promesa de federalismo de la administración provincial. Allí deberá mostrarse si las prioridades recogidas en los departamentos pueden convertirse en obras y servicios concretos mientras la Nación reduce su asistencia y la Provincia afronta una parte creciente de las demandas.
Fuente: Página/12 — Ver noticia original