El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cerró el viernes su período de sesiones sin dar a conocer una decisión sobre la cautelar que pidió la defensa de Cristina Kirchner para que pueda competir en 2027, tal como esperaban. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, había dicho la ex presidenta en la entrevista que publicó el lunes The Washington Post. El Comité volverá a reunirse en marzo, aunque en el entorno de Cristina sostenían con que, por tratarse de una cautelar, la respuesta podría llegar antes. El organismo había advertido a la agencia EFE que una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del caso podía demorar años.
Aun si el Comité se pronunciaba a favor de la cautelar, Cristina todavía necesitaba que la Justicia argentina tomara en cuenta esa decisión. En la causa Vialidad fue condenada por administración fraudulenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La ex presidenta apostó fuerte a la vía internacional para mantener el centro de la escena en medio de la discusión electoral. Una respuesta favorable de la ONU reforzaría su denuncia de proscripción y su reclamo para competir en 2027, cuando las últimas encuestas la muestran bien posicionada. Incluso si la Justicia mantenía la sanción, sostener el planteo sobre su candidatura le permitía afirmarse como la principal electora del peronismo. La nota en el diario norteamericano se inscribió en esa estrategia.
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A fines de julio, Cristina anunció en una carta abierta que acudiría al Comité de Derechos Humanos de la ONU y que sumaba a su defensa que ejerce Carlos Beraldi a “dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim”. Borrego redactó un escrito contra la inhabilitación electoral de la dirigente ultraderechista Marine Le Pen, condenada en Francia por malversación de fondos europeos. Su amigo Valim integró el equipo jurídico de Lula da Silva en la causa Lava Jato. Su caso es el antecedente que cita la defensa de CFK: en 2018, el Comité le pidió a Brasil que permitiera a Lula competir mientras se revisaba su condena, pero el Tribunal Superior Electoral rechazó su candidatura.
El 29 de septiembre, la defensa de la ex presidenta amplió la presentación con una adenda que incorporó documentación surgida del juicio de la causa Cuadernos. Esas planillas mostraban que el grupo empresario de Lázaro Báez había recibido una proporción mínima de los fondos de obra pública, un dato con el que cuestionaron los fundamentos de la condena en Vialidad. Ante el Comité, con sede en Ginebra, la defensa pidió la revisión de la sentencia y planteó tres medidas cautelares. Una apuntaba a modificar las condiciones de la prisión domiciliaria, otra a recomponer la integración de la Corte Suprema y la que generaba mayor expectativa política buscaba suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “Esto debe ser respetado por la justicia argentina”, sostuvo entonces Valim anticipando un pronunciamiento favorable.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que preside el surcoreano Changrok Soh, está integrado por 18 expertos y supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cada país. Su segundo período de sesiones del año se extendió del 19 de octubre al viernes 6 de noviembre. En el entorno de la ex presidenta confiaban en una decisión favorable y, semanas atrás, circuló incluso la versión de que se conocería antes de la clausura. Pero, ante una consulta de la agencia española EFE, el organismo respondió que, “habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años. Una decisión sobre el caso no es inminente”.
En el entorno de CFK interpretaban que la advertencia se refería a los plazos para resolver la admisibilidad y el fondo del caso. Las cautelares, sostenían, podían tener una respuesta antes por su carácter urgente. En el balance de clausura, el Comité informó que tomó decisiones sobre 73 comunicaciones individuales y que aplazó el examen de otras 20 por falta de tiempo. El documento no identifica los casos aplazados ni menciona el pedido para que la ex presidenta pueda competir en 2027. En la nota de The Washington Post, Valim había imaginado “una movilización social irresistible de parte del pueblo argentino” en apoyo a una eventual candidatura si el Comité se pronunciaba a favor de la cautelar. “¿Vamos a liberar a Cristina? ¿La vamos a hacer presidenta?”, preguntó Máximo Kirchner la semana pasada al cerrar un acto en Lanús.
“Tendremos que esperar a marzo”, se resignaba un dirigente de trato frecuente con la ex presidenta. El Comité volverá a sesionar del 1 al 19 de marzo, poco más de dos meses antes del cierre de listas para las PASO, que caería el 23 de mayo. En el entorno de Cristina señalaban que, por tratarse de una cautelar, la respuesta podía llegar antes. Pero el Comité arrastra restricciones presupuestarias y en agosto tenía más de mil comunicaciones pendientes. En público, los referentes alineados con la ex presidenta guardaron silencio. Mantener abierta la posibilidad de una candidatura propia era parte de su estrategia para poner en discusión la proyección nacional de Axel Kicillof y su apuesta por la renovación del peronismo. Ahora, el cristinismo tendrá que decidir cuánto de esa estrategia sigue atada a una respuesta de Ginebra. Este sábado, durante la Marcha del Orgullo, un sector de la militancia peronista se desvió hacia San José 1111 y Cristina salió al balcón a saludar. “La historia no se escribe en línea recta. Hay avances y retrocesos. Pero la gente siempre regresa”, avisó CFK en su última entrevista.