Dos años más de freno a la compra especulativa, nuevas prórrogas de alquiler para inquilinos vulnerables y una dotación de 10.000 millones de euros para préstamos a la primera vivienda. Estas son algunas de las novedades que ha introducido el Gobierno en la segunda redacción de los dos decretos de vivienda tumbados el pasado viernes en Consejo de Ministros. A esas medidas se suman 400 millones de euros para vivienda social, 280 millones en avales para construcción industrializada y la incorporación de inmuebles de la Seguridad Social al parque público de alquiler asequible.
Los dos textos se enfrentan ahora a un nuevo trámite para su convalidación. Con las Cortes disueltas tras la convocatoria electoral, los decretos ya no se someterán al Pleno del Congreso, sino a la Diputación Permanente, el órgano que asume las funciones de la Cámara mientras dura la disolución. En ese organismo, Junts pierde su capacidad de veto, lo que mejora las opciones del primer decreto, el que concentra el grueso de las medidas. El segundo texto, que recoge la prórroga automática de los alquileres, solo podrá convalidarse si el Ejecutivo logra el apoyo del PNV, un escenario que el propio Gobierno da por descartado.
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