La ley sigue vigente, los abortos se siguen realizando y los equipos de salud siguen atendiendo. Pero garantizar un derecho sin insumos, sin políticas nacionales y con presupuesto en retroceso se convirtió en una tarea cada vez más desigual, sostenida a fuerza de resistencia territorial.
Fuente: Página/12 — Ver noticia original