PUBLICIDAD
ARGENTINA Y EL MUNDO · INFORMACIÓN DESDE TODOS LOS ÁNGULOS
Dólar oficialCargando…Venta en pesos
Dólar tarjetaCargando…Venta en pesos
Dólar blueCargando…Venta en pesos
Dólar MEPCargando…Venta en pesos
Contado con liquiCargando…Venta en pesos
Cotizaciones de referencia · Fuente: DolarAPI
PUBLICIDAD
Tu marca
en este espacio
PUBLICIDAD
Tu marca
en este espacio

Ecos del estallido francés

Las movilizaciones que se repiten en Francia vuelven a plantear una pregunta que el discurso neoliberal se niega a asumir: ¿Quién debe pagar la crisis generada por la globalización financiera que sus propias políticas instauraron y cuya consecuencia supone el empobrecimiento generalizado y el enriquecimiento de muy pocos? Las manifestaciones de estudiantes secundarios (liceístas) surgidas…
Ecos del estallido francés

Las movilizaciones que se repiten en Francia vuelven a plantear una pregunta que el discurso neoliberal se niega a asumir: ¿Quién debe pagar la crisis generada por la globalización financiera que sus propias políticas instauraron y cuya consecuencia supone el empobrecimiento generalizado y el enriquecimiento de muy pocos? Las manifestaciones de estudiantes secundarios (liceístas) surgidas en octubre pasado estuvieron motivadas por el hacinamiento en las aulas, la falta de docentes y el desfinanciamiento de las universidades públicas. Dada la masividad de las movilizaciones, el gobierno accedió a aumentar mínimamente el financiamiento educativo, acompañando esa medida con el despliegue de 70 mil policías en las calles. Esa medida represiva motivó la movilización de los trabajadores agrupados en ocho centrales sindicales, que sumaron la exigencia de mejoras salariales y jubilatorias, rechazando al mismo tiempo los recortes previstos para la atención sanitaria.

Las propaladoras del sentido común mercantil insisten en reducir el conflicto a un problema de orden público, retratando el desorden y amplificando sus márgenes vandálicos. Se resisten a debatir sobre los resultados de una economía que concentra riqueza y exige sacrificios a quienes menos pueden soportarlos. El gobierno de Emmanuel Macron y Sébastien Lecornu busca reducir el déficit debilitando los servicios públicos al mismo tiempo que prevé aumentar el gasto militar y se niega a cuestionar la deuda usuraria que pesa sobre el presupuesto público. Desde 2017, Macron redujo la carga impositiva a las transacciones de capital, sustituyó el impuesto a las grandes fortunas por un gravamen inmobiliario y acotó el porcentual que debían oblar las sociedades.

El oficialismo pretende aprobar un presupuesto que sustente la austeridad de las grandes mayorías y la continuidad de la concentración de la riqueza. No cuenta con mayorías para su aprobación en la Asamblea, que está partida en tres tercios: el oficialismo macronista, la izquierda articulada en torno a Jean-Luc Mélenchon y la derecha neofascista de Marine Le Pen. Ante la imposibilidad de aprobar el presupuesto, Macron amenaza con recurrir a un decreto basado en el artículo 49 de la Constitución, que lo autoriza a eludir la votación ordinaria. Si lo impone, quedará estipulado que el actual gobierno privilegia a los acreedores por sobre la ciudadanía que se opone a los recortes.

Lo que silencian los analistas bienpensantes es que Europa está atravesada por una crisis estructural autogenerada, motivada en la concesión de primacías regulatorias a los capitales financieros. El Estado social que se está desestructurando se basó en un formato de empleo industrial estable, hoy devenido en una economía sustentada en tareas fragmentarias, con una pérdida de competitividad amplificada por un malestar creciente. Los discursos neoliberales buscan legitimar sus políticas de ajuste apelando a la lucha de pobres contra pobres: ante la caída de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población les exigen a ambos grupos etarios que paguen el costo, debatiendo qué colectivo generacional pierde más derechos, mientras el capital logra ausentarse del debate.

Esa vulnerabilidad también plantea cómo se legitiman las políticas que la agravan. Nancy Fraser llamó «neoliberalismo progresista» a la alianza entre finanzas y un discurso de diversidad y modernización que Macron encarnó en 2017. La crítica no apunta a la modernización en sí, sino al reparto regresivo que desfinancia lo común mientras promete apertura. Sin un horizonte redistributivo –señala Fraser–, el populismo reaccionario puede disputarle a la izquierda la representación del malestar. El ajuste propuesto por Macron –y otros mileístas globales– supera el espacio de las distribuciones económicas. Se expresa también en la reconfiguración cultural de la sociedad. Wendy Brown,Pierre Dardot y Christian Laval agregan que el modus operandi neoliberal consiste en imponer ajustes a los trabajadores mientras se los convence del beneficio del emprendedorismo, el teletrabajo o los servicios asociados a las plataformas. De esa manera, logran extender la lógica empresarial a toda la vida social y vaciar de contenido lo colectivo y democrático. Robert Castel sugiere que la nueva cuestión social debe abordar esta erosión de la sociedad salarial porque la precarización produce vulnerabilidad, desafiliación, atomización y anomia.

El discurso adorador de la competencia, mientras tanto, atomiza, aísla, fomenta el egoísmo, debilita toda construcción colectiva y, sobre todo, genera depresión y angustia. En ese nuevo diagrama social, impulsado por el esquema rentista y usurario global, los derechos ya no son redes de responsabilidad colectiva —decididas en forma soberana por cada país para beneficiar a sus ciudadanos—, sino costos presupuestarios. Los tecnócratas desconocen, olvidan u ocultan lo que Karl Polanyi señaló en 1944: la progresiva mercantilización del trabajo, la tierra y el dinero viene acompañada, de forma frecuente, por contramovimientos defensivos de los trabajadores.

Wolfgang Streeck se encarga de desentrañar la contradicción de fondo: el enfrentamiento entre ciudadanía y acreedores (demandas sociales frente a presiones de bancos, corporaciones y fondos de inversión). La movilidad del capital agrava la asimetría: las empresas reorganizan actividades y extorsionan con la desinversión y la venta de bonos soberanos. Aceptar esa amenaza subordina la democracia a los mercados. Europa necesita más protección mientras pierde los soportes que la hicieron posible. Este modelo nació en un capitalismo nacional, industrial, demográficamente expansivo y organizado alrededor del trabajo; hoy enfrenta otro globalizado, financiarizado, envejecido, tecnificado y laboralmente fragmentado. Debe cambiar la ecuación defendiendo un nuevo pacto distributivo que incluya la regulación de los capitales, una jornada laboral más corta y una mayor contribución de los más pudientes.

Las manifestaciones europeas deben leerse, quizás, en clave de la «economía moral» de E. P. Thompson. Las protestas colectivas irrumpen, habitualmente, por la indignación popular que generan determinadas medidas. Los trabajadores suelen percibir como agravios políticos algunas formas de manipulación o engaño. En este caso, se trata de la reducción paulatina de aulas de liceo que no fue anunciada en términos formales o el aumento recurrente de la energía cuando las empresas energéticas exhiben ganancias récord. El desenlace de estas movilizaciones dependerá de que el reclamo encuentre una expresión política que impida su captura por parte de la derecha neofascista. La austeridad no es un destino, sino una opción distributiva que beneficia al vértice superior de la pirámide. “La verdadera crítica de la sociedad de mercado no es que ésta se haya basado en la economía –advirtió Polanyi–, sino que su economía está asentada en el interés propio”. Si dejamos que el mercado tome las decisiones, lo hará, pero al precio de destruir la sociedad.

Fuente: Página/12 — Ver noticia original