Junto con otras 17 personas, entre las que se encontraba el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas Leonardo Bertulazzi, integraba un grupo de chat que llevaba el nombre de “Bla”, donde se hacía referencia a la próxima extradición a Italia de Bertulazzi. Ayer, la ciudadana salvadoreña Ethel Villalta de Rodríguez, junto con el uruguayo Marcos González Rodríguez, fue detenida en Entre Ríos cuando estaba por cruzar la frontera hacia Uruguay. Ambos están sospechados de haber colaborado en la cinematográfica fuga del exterrorista italiano.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación. Los sospechosos fueron detenidos por personal de la Delegación Gualeguaychú de la División Unidad Operativa Federal (DUOF), dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación de la Policía Federal Argentina (PFA).
“Respecto de los dos sospechosos detenidos, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA, que participa de la investigación por la fuga de Bertulazzi, había solicitado a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) que se extremaran las medidas de control en los pasos fronterizos terrestres hacia Uruguay ante la sospecha de que pudieran colaborar con la fuga del exintegrante de las Brigadas Rojas italianas”, explicaron las fuentes consultadas.
En poder de los dos sospechosos los detectives policiales secuestraron seis teléfonos celulares, ocho pendrives, dos notebooks, cinco discos extraíbles, ocho documentos a nombre González Rodríguez y diez a nombre de Villalta de Rodríguez, 3440 dólares, 279.300 pesos argentinos, 100 coronas suecas, 120 pesos mexicanos, 5500 pesos uruguayos, 90 euros y 160 pesos guatemaltecos.
“Tras las detenciones, se pidió colaboración a especialistas del Departamento Técnico del Cibercrimen, quienes en forma remota hicieron triage de los dispositivos tecnológicos encontrados durante el procedimiento. Se descubrió, a partir del análisis del teléfono de Villalta de Rodríguez, un grupo de chat en la red de mensajería Signal llamado ‘BLA’, integrado por otras 17 personas, entre ellos uno de nombre Leonardo [Bertulazzi], en los que se hacía referencia a la extradición del ciudadano italiano”, explicaron fuentes policiales.
El trámite de extradición de Bertulazzi está a cargo de la jueza federal María Romilda Servini. El exterrorista italiano se escapó el martes pasado de un departamento del quinto piso de un edificio situado en el barrio de Monserrat, en el centro porteño, donde cumplía arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica.
Bertulazzi estaba monitoreado con una tobillera electrónica y en la puerta de su departamento había una vigilancia del personal del DUIA.
Entonces, el exterrorista ideó un plan para que los uniformados que lo vigilaban no pudieran hacer nada para impedir su fuga.
“Bertulazzi se descolgó de un quinto piso con un arnés. Primero se sacó la tobillera electrónica y la colocó en un tubo con carne de cerdo, con una almohadilla térmica para mantener la temperatura. Después se subió a un techo y, con una soga, bajó cinco metros hasta que saltó a un terreno baldío que da a la parte trasera del edificio donde vivía y luego trepó un portón metálico para ganar la calle”, afirmó a LA NACION un detective que está tras los pasos del exintegrante de las Brigadas Rojas.
El momento en que Bertulazzi salió del terreno baldío y se descolgó hacia la vereda fue captado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo salta desde una altura de dos metros, explicó el citado detective. Según la filmación, la fuga fue a las 6.01 del martes pasado.
El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de 20.000.000 de pesos para las personas que aporten información que permita ubicar y detener a Bertulazzi, según se publicó en el Boletín Oficial.
“El Programa Nacional de Recompensas, establecido por la Ley N° 26.538, permite ofrecer una compensación dineraria a aquellas personas que, sin haber intervenido en la comisión del delito, brinden datos útiles para lograr la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte en los ilícitos previstos por dicha norma, así como en aquellos delitos que, por su gravedad o complejidad, justifiquen el ofrecimiento”, se explicó en la citada publicación.
Bertulazzi había sido detenido en agosto de 2024 por detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y del DUIA, ambas dependencias de la PFA, en el mismo departamento del que se fugó ayer.
Era buscado por la Justicia de Italia por delitos tales como secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra. Estaba en la Argentina en condición de refugiado desde 2004. Dos años antes de eso había sido capturado en la Patagonia, adonde había llegado desde Chile.
Entre los crímenes más resonantes de las Brigadas Rojas se encuentra el secuestro y posterior asesinato del ex primer ministro de Italia Aldo Moro, en 1978, magnicidio en el que Bertulazzi intervino en la logística.
Según informó la agencia de noticias italiana ANSA, Bertulazzi había sido “condenado de forma definitiva” a 27 años de prisión por el secuestro del industrial Pietro Costa y por su pertenencia a un grupo armado.
“Bertulazzi es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas”, habían dicho desde el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa tras su detención.
“El proceso de extradición concluyó el 1 de julio del año pasado y se estuvo a la espera del final del debate judicial sobre la vigencia del estatus de refugiado. El asunto es que la jueza Servini, aplicando un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que suprimió derechos de los refugiados, entendió que el debate sobre el estatus había finalizado”, dijo a LA NACION el abogado Roldolfo Yanzón, defensor del exterrorista.
Y agregó: “En estos dos años, Bertulazzi sufrió tres ACV y estaba siendo examinado por médicos. El último examen fue el viernes pasado en el centro de epilepsia del Hospital Ramos Mejía, que indicó la realización de una serie de análisis. Por mi parte, le pedí a la jueza Servini que autorizara esos análisis y que pidiera un dictamen al Cuerpo Médico Forense (CMF) para que estableciese si Bertulazzi estaba en condiciones de viajar [a Italia]. Ella lo rechazó con el argumento de que el proceso de extradición había concluido, pero todo este tiempo, hasta la fuga, Bertulazzi estuvo detenido a su disposición. Entonces, no se hizo cargo de velar por el derecho a la salud de una persona detenida por su orden. La noche anterior a la fuga se lo comuniqué a Bertulazzi, que fue condenado en ausencia sin poder defenderse y a quien, si lo llevan a Italia, tendrá que cumplir esa pena claramente ilegal”.
Fuente: La Nación — Ver noticia original