Una mujer que vivía en un edificio del barrio porteño de Colegiales comenzó a detectar graves problemas de humedad en su departamento. Debajo de su vivienda encontraron caños cloacales y pluviales deteriorados, cuya reparación obligó a levantar los pisos y dejó el inmueble inhabitable durante varios meses.
Después de un largo proceso judicial, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó una indemnización de $10.855.856,33 a cargo del consorcio de propietarios. Los magistrados consideraron que las reparaciones se habían extendido durante un tiempo excesivo y que los daños provenían de instalaciones comunes del edificio.
Según la demanda presentada por Gladys Leticia Penedo, los primeros problemas de humedad aparecieron en 2018.
Sin embargo, la situación empeoró considerablemente en enero de 2022, cuando comenzaron a observarse manchas de gran tamaño y los pisos de parquet empezaron a levantarse en distintos ambientes.
Ante la falta de soluciones efectivas, la propietaria decidió contratar por su cuenta a un plomero para identificar el origen de las filtraciones. Durante la inspección, el trabajador descubrió un agujero de gran tamaño en un caño cloacal, del que salían líquidos y materia fecal.
Posteriormente, se comprobó que tanto las cañerías cloacales como las pluviales del consorcio estaban deterioradas y necesitaban ser reemplazadas.
Las reparaciones duraron seis meses y la mujer tuvo que abandonar su casa
En febrero de 2022, los propietarios aprobaron la realización de los trabajos necesarios para solucionar el problema.
Las obras comenzaron en marzo y, según lo previsto inicialmente, debían completarse en un plazo de entre 45 y 60 días. Sin embargo, las reparaciones se extendieron durante más de seis meses.
Durante ese período fue necesario levantar los pisos del departamento, lo que impidió que la propietaria continuara viviendo allí. Por ese motivo, debió trasladarse junto con su hijo de 10 años y su mascota a la casa de su madre, ubicada en Olivos.
La mujer explicó que esta situación también afectó su actividad laboral, ya que trabajaba como peluquera y atendía a parte de su clientela en su domicilio.
Además, sostuvo que tuvo que afrontar gastos adicionales para acelerar las reparaciones, comprar nuevos materiales y reemplazar los pisos dañados.
Cuánto deberá pagar el consorcio por los daños ocasionados
La sentencia de primera instancia, dictada el 9 de diciembre de 2025, estableció una indemnización total de $10.855.856,33, distribuida de la siguiente manera:
- $3.162.567,33: daño emergente.
- $253.289: privación de uso de la vivienda.
- $4.400.000: incapacidad psicológica.
- $1.040.000: tratamiento psicológico.
- $2.000.000: daño moral.
La mujer también había demandado personalmente a la administradora, Patricia Iturbide, pero la Justicia rechazó esa pretensión.
Según explicó la Cámara, la responsabilidad por los daños provenientes de sectores comunes corresponde directamente al consorcio, mientras que los eventuales incumplimientos de la administradora deben ser reclamados por la propia entidad.
En una resolución firmada el 6 de noviembre de 2026, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión de primera instancia en los aspectos cuestionados por la demandante.
Finalmente, el tribunal también rechazó su pedido de quedar eximida de contribuir, mediante las expensas correspondientes a su unidad, al pago de la indemnización que debía afrontar el consorcio.
Fuente: TN — Ver noticia original