La concentración de motos y bicicletas frente a negocios gastronómicos parece convirtirse en un nuevo conflicto en las veredas de la Ciudad de Buenos Aires. Una disposición del Gobierno de la Ciudad dice buscar el orden de la actividad, pero comerciantes y repartidores cuestionan que las obligaciones recaigan sobre ellos y no sobre las aplicaciones de delivery, que son las que organizan los pedidos y los tiempos de entrega.
La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) y la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (Asimm) coinciden en un punto: las empresas que administran el sistema deben asumir más responsabilidad sobre las condiciones en que se presta el servicio.
¿Qué establece la nueva disposición sobre el delivery en CABA?
El 28 de octubre, el Boletín Oficial porteño publicó los Lineamientos para el Ordenamiento Urbano de los Servicios de Mensajería Urbana y Reparto a Domicilio. La norma fija criterios para regular el uso del espacio público por parte de los servicios de mensajería y delivery. Su exigencia principal es que los locales gastronómicos tengan sectores interiores o áreas habilitadas donde los repartidores puedan esperar los pedidos sin bloquear veredas, rampas ni ciclovías.
El objetivo oficial dice querer evitar que los trabajadores se concentren en los accesos de los comercios y dificulten la circulación de peatones.
¿Qué van a controlar los inspectores?
Según la disposición, los agentes podrán verificar:
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Si hay repartidores esperando pedidos frente a un comercio.
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La frecuencia con la que entran y salen los trabajadores.
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Si los empleados del local entregan mercadería en la vereda.
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Si hay carteles o señalización que indiquen un espacio para el despacho de pedidos.
MÁS INFO
Ante posibles incumplimientos, podrán labrar actas o informar la situación a las autoridades competentes.
Por qué los comercios dicen que no pueden cumplir
Para APYCE, la medida les traslada a los locales una tarea que corresponde a las plataformas y al Estado. Los comerciantes no contratan a los repartidores, no los eligen y no deciden cuándo llegan, cuánto tiempo se quedan ni dónde esperan.
“Ningún comercio tiene facultades para disponer de la vereda, despejar una rampa o desplazar un vehículo”, sostuvo la entidad. Para la asociación, ordenar el espacio público es una función “propia e indelegable” del Estado.
APYCE advirtió además que la norma permite imputar a los comercios aunque no tengan ningún vínculo laboral, contractual ni comercial con los repartidores. “Se le exige un resultado a quien no tiene medio alguno para alcanzarlo”, planteó.
¿La disposición es legal? El cuestionamiento de APYCE
La discusión también es jurídica. APYCE sostiene que un anexo del Poder Ejecutivo porteño no puede crear responsabilidades que ninguna ley prevé. Definir cuándo una persona debe responder por lo que hace un tercero, argumenta, es una atribución del Congreso de la Nación y, en materia de faltas, de la Legislatura porteña.
La entidad señaló que, aunque el anexo dice limitarse al ordenamiento del espacio público, termina creando una relación entre locales y repartidores que la legislación no reconoce.
Sobre las posibles multas, desde el sector explicaron a El Destape que en la Argentina no se puede impugnar una norma de manera genérica: cada comercio sancionado tendría que cuestionarla por su cuenta, ya sea ante los tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad o con recursos administrativos ante el organismo que aplique la multa.
Las apps, fuera de la regulación
El reclamo de fondo apunta a las plataformas. Según APYCE, las aplicaciones asignan los pedidos, fijan los tiempos, deciden cuándo envían a los repartidores y establecen dónde deben esperar. Por eso, considera que las obligaciones deberían recaer sobre ellas: que instalen bicicleteros y paradores para los trabajadores.
Los comerciantes también señalan que son los primeros perjudicados cuando la vereda queda ocupada, porque la acumulación de motos aleja a los clientes que llegan caminando. “Pretender, además, que nos hagamos cargo de las consecuencias del modelo de plataformas que no diseñamos ni controlamos es inadmisible”, expresó la entidad.
Cuánto cobran las aplicaciones de delivery a los comercios
A la disputa por el espacio se suma el costo económico. Las comisiones, los descuentos y la publicidad que cobran las plataformas reducen los ingresos de los locales que venden por esos canales.
Fuentes del sector gastronómico detallaron que las apps se quedan con entre el 35% y el 45% de cada pedido, e incluso cobran comisión sobre el IVA. Las grandes cadenas consiguen comisiones menores, aunque igual pagan porcentajes altos. “Es lo que la gente no sabe”, remarcaron.
También describieron cómo funcionan las sanciones de las propias plataformas: por ejemplo, si un cliente pide 20 pizzas y denuncia que le faltó una, la app le devuelve el dinero y el comercio puede quedar suspendido 15 días. “Son un mal necesario, pero queremos que las regulen”, resumieron.
Frente a ese escenario, distintas empresas del sector empezaron a buscar alternativas propias para gestionar sus pedidos digitales y mejorar la rentabilidad.
Qué dicen los repartidores
Desde el lado de los trabajadores, el planteo es similar. Gonzalo Ottaviano, secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, aclaró que no se oponen a ordenar el espacio público, pero sí a que el peso caiga sobre los repartidores.
“Las empresas autodenominadas de aplicación son las que deben garantizar los lugares de espacio para los trabajadores. No lo debe garantizar el Estado y no lo deben garantizar los locales”, afirmó.
Ottaviano también rechazó que la norma, en su artículo 4, defina a las plataformas como “operadores intermediarios”. Y sostuvo: “Esa figura ya no va más. Son empresas de transporte y tienen que garantizar las condiciones de trabajo de sus trabajadores”, sostuvo. Además, remarcó que si los repartidores son independientes o no “es una discusión que se tiene que dar en el Congreso”.
El Destape le pidió una postura al Gobierno de la Ciudad sobre los reclamos, pero no obtuvo respuesta. Conflicto en puerta y algo difícil de hallar en el último tiempo: punto de encuentro entre empresas y trabajadores.