El doctor en biología, investigador y docente de la Cátedra de Biología de la Conservación, de la Facultad de Ciencias Naturales y del Consejo de investigación de la Universidad Nacional de Salta, Enrique Derlindatti, analizó, en términos técnicos, la polémica que planteada por comunidades indígenas en torno a la caza y venta del cuero de iguanas coloradas.
Las observaciones se originaron en la publicación de la resolución por la que la Secretaría de Ambiente de la provincia autorizó un período de caza de la iguana colorada.
En un escrito bajo el título “Controlar no es conservar: las falencias del manejo de iguanas en Salta”, Derlindatti sostuvo que “el aprovechamiento comercial de fauna silvestre no puede considerarse sostenible simplemente porque exista un sistema de control de los cueros”.
El documento añade que tal sistema tiene que estar “respaldado por información biológica, evaluación de las poblaciones y decisiones de manejo adaptativo”.
“Desde el año 2000, en la provincia de Salta se aprovechan comercialmente las poblaciones de iguana colorada (Salvator rufescens). Esta actividad ha sido vinculada, entre otros argumentos, con la generación de ingresos para comunidades de la región chaqueña”, indicó.
“El aprovechamiento de especies silvestres por parte de comunidades originarias y criollas forma parte de distintas prácticas económicas, alimentarias y culturales. Sin embargo, su continuidad debe estar condicionada por criterios ambientales sólidos: ningún objetivo social o comercial puede justificar una extracción que comprometa la supervivencia de las poblaciones o el funcionamiento de los ecosistemas”, afirmó.
El investigador explicó que en Salta habitan dos especies conocidas popularmente como iguanas: “la iguana overa (Salvator merianae) y la iguana colorada o caraguay. Esta última es característica de los ambientes chaqueños. El patrón de escamas ventrales rectangulares y yuxtapuestas de estos lagartos, propio de la familia Teiidae, hace que sus pieles sean apreciadas por la industria del cuero en otros países”.
De la caza a la exportación
“La captura se realiza principalmente con perros entrenados que rastrean a los animales hasta sus madrigueras. Allí son desenterrados, capturados y sacrificados. Los cazadores venden las pieles a intermediarios, que luego las comercializan con curtiembres. Allí se procesan para obtener cuero, destinado en buena medida a mercados internacionales”, describió Derlindatti.
Añadió que en esa cadena comercial, “según los valores mencionados para el circuito, una piel por la que el cazador recibe alrededor de 10 dólares puede alcanzar un valor de exportación superior a los 700 dólares. La magnitud de esa diferencia merece ser documentada con precisión: permite dimensionar cómo se distribuyen los beneficios económicos a lo largo de la cadena”, afirmó.
El biólogo indicó que cuando se aprovechan especies silvestres, es indispensable conocer el estado de sus poblaciones. “La gestión debe apoyarse en sistemas de información diseñados para registrar la extracción, evaluar tendencias poblacionales y generar evidencia que permita ajustar las decisiones de manejo”, dijo.
Sostuvo que si bien “en especies difíciles y costosas de estudiar directamente en grandes extensiones geográficas, el seguimiento de los cueros acopiados puede constituir una herramienta viable y relativamente económica para obtener información sobre la extracción”, ese registro “por sí solo, no alcanza”.
Es así que indicó que “los sistemas de monitoreo deben permitir evaluar la efectividad de las medidas de manejo —por ejemplo, las cuotas de extracción y los límites de tamaño— y modificarlas cuando la evidencia indique que es necesario”.
En esta línea sostuvo que, en los controles administrativos de las ventas de cueros, “no se conocen públicamente informes integrados y periódicos que analicen los datos relevados”. Señaló que tampoco hay datos que “evalúen tendencias, estimen la sustentabilidad de la extracción y fundamenten eventuales modificaciones de las cuotas. Esa información debería formar parte de un programa específico de gestión de fauna silvestre, con objetivos, indicadores, evaluaciones periódicas y resultados accesibles. El área provincial responsable de biodiversidad, que interviene en la gestión de la pesca, la caza y el aprovechamiento de especies silvestres, debería tener un papel central en ese proceso”.
“Es cierto que las poblaciones de reptiles de gran tamaño, como la iguana colorada, pueden ser difíciles de cuantificar”, indicó Derlindatti. Esto, sostuvo, ocurre porque “su actividad y detectabilidad varían, lo que vuelve poco eficientes algunos métodos tradicionales de relevamiento”.
Sin embargo, entendió que esto no es excusa “para no producir información. Por el contrario, exige diseñar estrategias de monitoreo adecuadas, combinar fuentes de datos y reconocer explícitamente los márgenes de incertidumbre”.
La importancia de evaluar correctamente a las poblaciones y el aprovechamiento de esta especie tiene sus razones: las iguanas “cumplen funciones ecológicas relevantes. Consumen una variedad de invertebrados —entre ellos, algunos que pueden tener importancia sanitaria o agrícola—, participan en la dispersión de semillas y forman parte de las redes tróficas de los bosques chaqueños, tanto como depredadores como por ser presas de otros animales. Su abundancia local no debe confundirse con una garantía de seguridad: las poblaciones pueden disminuir rápidamente, incluso colapsar, cuando se combinan la presión de extracción, la pérdida y fragmentación del hábitat y otras transformaciones ambientales”, advirtió.
Efectos en cascada
“El deterioro o colapso de las poblaciones de iguanas podría producir efectos en cascada sobre las interacciones ecológicas y los procesos que contribuyen al funcionamiento de los ecosistemas chaqueños. También podría afectar los beneficios que esos ecosistemas brindan a las personas y la continuidad de una actividad comercial que conecta territorios locales con mercados internacionales”, señaló el investigador.
“Una vez más, queda expuesta una debilidad en la gestión de un recurso natural valioso de nuestra provincia: se controla una parte de la cadena comercial, pero no se comunica con claridad si la extracción es ecológicamente sostenible”, reprochó Derlindatti.
En su opinón, “Salta necesita pasar de una lógica centrada en autorizar y fiscalizar el movimiento de cueros a una política de manejo adaptativo, basada en datos, evaluaciones periódicas y participación de las comunidades involucradas”.
Concluyó que “la consigna de que es posible producir conservando no puede quedar reducida a un eslogan. Para que tenga sentido, debe traducirse en políticas públicas, información disponible y decisiones que puedan revisarse a la luz de la evidencia. El caraguay es una oportunidad concreta para demostrarlo. La pregunta es si el Estado provincial está dispuesto a asumir esa responsabilidad”.
Fuente: Página/12 — Ver noticia original