El exlegislador cordobés Oscar González fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el choque que le costó la vida a la docente Alejandra Bengoa en el Camino de las Altas Cumbres en octubre de 2022. La sentencia, dictada por el juez Santiago Camogli de la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores, implica que el exfuncionario no cumplirá pena efectiva en la cárcel, aunque recibió una inhabilitación para conducir durante ocho años y una serie de reglas de conducta que deberá respetar por el mismo período que dure la condena.
El magistrado declaró a González responsable de los delitos de homicidio culposo agravado por conducción imprudente y lesiones culposas agravadas, y le impuso además las costas del proceso. La fiscal Analía Gallaratto había pedido durante el juicio una pena de tres años y diez meses de prisión, junto con diez años de inhabilitación para manejar, por lo que la condena quedó por debajo de lo solicitado por el Ministerio Público.
El siniestro ocurrió el 29 de octubre de 2022, cuando el BMW X1 que conducía el entonces legislador colisionó de frente contra un Renault Sandero en el que viajaban Bengoa, su hija Marina Szulewicz y una amiga de la adolescente, Alexa Miranda, ambas de 14 años al momento del hecho. La docente falleció a raíz del impacto, mientras que las dos jóvenes sufrieron heridas de consideración. Alexa quedó parapléjica con lesiones irreversibles, en tanto que Marina logró recuperarse.
La acusación sostuvo que el exlegislador invadió el carril contrario y provocó la colisión frontal. Esa hipótesis fue respaldada por la reconstrucción accidentológica oficial presentada durante el debate. Según los peritos Ramiro Ojeda y Álvaro Zaragoza, el impacto entre ambos vehículos se produjo íntegramente sobre el carril por el que circulaba el Sandero, en dirección Mina Clavero–Córdoba. “La colisión se produjo totalmente en el carril por el que circulaba el Sandero”, ratificó Ojeda ante el tribunal.
El informe técnico estableció que el Renault Sandero transitaba a aproximadamente 90 km/h y el BMW a 89,42 km/h al momento del choque, ambas velocidades dentro del límite permitido de 100 km/h. Los especialistas también determinaron que González habría realizado una maniobra de esquive hacia la izquierda, lo que llevó al vehículo a ubicarse en la banquina del carril contrario. El choque fue calificado como excéntrico, lo que provocó el giro del Sandero y su posición final sobre la doble línea amarilla.
La defensa del exlegislador, a cargo de Miguel Ortiz Pellegrini, planteó una versión opuesta: atribuyó la responsabilidad del accidente a Bengoa y argumentó que la conductora había intentado sobrepasar a un camión antes del impacto. El peritaje confirmó que la docente efectuó un adelantamiento en un sector con señalización de doble línea amarilla y que la maniobra requirió unos 260 metros, pero que al regresar a su carril se encontró con el BMW, que transitaba por la vía contraria tras haber salido de una curva.
La defensa pidió la absolución, mientras que los representantes de las víctimas reclamaron una condena más dura y plantearon que el hecho debía encuadrarse como homicidio simple con dolo eventual.
En su primera declaración ante la fiscal Gallaratto, González aseguró que no recordaba los momentos previos al accidente y negó haber cruzado la línea amarilla. Sin embargo, manifestó sentirse responsable por lo ocurrido. “Se cruzó por mi mente que habría dado mi vida por haber sido yo el que hubiera sufrido la tragedia final”, declaró el exfuncionario.
En paralelo a la condena penal, el tribunal admitió parcialmente las demandas civiles y condenó a González y a la Provincia de Córdoba a pagar indemnizaciones a los familiares de Bengoa y a las dos sobrevivientes. Los montos fijados fueron de $ 31,6 millones para Vera Szulewicz, $ 353,5 millones para Marina Szulewicz y más de $ 1.625 millones para Alexa Miranda, cuyo caso presenta las consecuencias físicas más graves.
El proceso también arrojó luz sobre el vehículo que manejaba el exfuncionario al momento del siniestro. El BMW había sido secuestrado por la Justicia y luego asignado para uso oficial dentro de la administración pública. La investigación determinó que González no contaba con los permisos requeridos para utilizar el auto, luego de que este fuera devuelto a la Legislatura de Córdoba.
La elevación de la causa a juicio se había producido tras el fracaso de una propuesta de la defensa, que buscó una salida alternativa mediante una reparación económica. Esa solicitud fue rechazada durante el proceso. González también permanece imputado en otra causa derivada del mismo episodio, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado, de la que fue excarcelado a fines de febrero. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 12 de noviembre.
Fuente: Infobae — Ver noticia original