Ante el avance de un nuevo desmonte de unas 1.800 hectáreas de bosque nativo en Chaco, organizaciones ambientales denunciaron la responsabilidad directa del gobierno de Leandro Zdero tras la vulneración de una cautelar vigente que limita y frena la actividad. Según señalaron, la Provincia comete una falta grave al “otorgar permisos que no deberían otorgarse en zonas que, por ley, deben preservarse a perpetuidad“, indicaron a El Destape.
El reclamo apunta tanto a la inacción estatal como a la complicidad institucional en la destrucción del monte chaqueño. En ese sentido, remarcaron que la gestión provincial falla “al no controlar ni proteger el territorio”, sostuvo Fabián Maggi, abogado integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), a este mismo medio quien también confirmó que la última denuncia realizada llegará a una audiencia que se hará el 3 de noviembre.
Según mencionó Maggi, la destrucción del bosque nativo responde a una matriz productiva orientada a la exportación que enriquece a contados sectores. Las medidas judiciales responden a “este mecanismo depredador” impulsado por sectores empresarios concentrados, con foco en dos actividades centrales: la industria taninera y la carbonera. “Gran parte del carbón vegetal y el tanino, extraído de los árboles de mayor valor, es utilizado y comercializado prácticamente en su totalidad por corporaciones extranjeras”, detalló abogado.
El abogado de la AAdeAA, además, denunció la existencia de una “puerta giratoria” donde alternan roles empresarios, profesionales y dirigentes provinciales. “Hay funcionarios vinculados a los desmontes que fueron denunciados por la asociación e imputados por la Justicia Federal como integrantes de una asociación ilícita dedicada a cometer estos delitos”, remarcó Maggi.
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La gravedad del caso de este nuevo desmonte reside en que las tierras afectadas están catalogadas bajo la Categoría II según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. En esa franja, la legislación vigente prohíbe de manera explícita cualquier tipo de topado o cambio de uso del suelo por tratarse de un área estratégica para el equilibrio del Chaco Seco.
Se trata de un ecosistema de extrema fragilidad cuya degradación genera daños irreversibles. Al respecto, los especialistas remarcan que este tipo de monte autóctono requiere décadas para regenerarse y alberga especies amenazadas y monumentos naturales en serio peligro de extinción, por lo que la deforestación pone en jaque la supervivencia de la fauna local.
El desmonte en la Justicia Federal
La última novedad judicial en torno a los desmontes es que el Juzgado Federal de Resistencia 1 dictó una resolución de carácter urgente para frenar la destrucción de los bosques nativos y ordenó intensificar de inmediato las tareas de vigilancia y patrullaje preventivo, con especial atención en el predio denunciado cerca del Parque Loro Hablador y el corredor con el Parque Nacional Copo.
En el fallo, al que tuvo acceso El Destape, se ordenó además convocar a una audiencia el próximo 3 de noviembre. De la misma deberían participar la Dirección de Bosques provincial, la Policía de Chaco, Parques Nacionales y la querella, representada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, con el objetivo de coordinar un esquema estricto de control satelital, alertas tempranas y protocolos de comunicación inmediata que frenen el vaciamiento y la complicidad estatal en el monte chaqueño.
El impacto directo sobre el Parque Loro Hablador
El predio deforestado linda con el Parque Provincial Loro Hablador, una reserva de más de 30.000 hectáreas, que funciona como una zona de amortiguamiento fundamental para el Parque Nacional Copo, ubicado en la provincia de Santiago del Estero.
La destrucción de estas hectáreas quiebra un corredor clave para la conectividad de la biodiversidad regional. La pérdida de estos ecosistemas no solo destruye el hábitat de especies protegidas, sino que rompe el puente natural que permite la circulación y supervivencia de la fauna entre las áreas protegidas de ambas provincias.