Tras alquilar un departamento en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, una mujer debió mudarse debido a un maxikiosco ubicado en la planta baja del edificio que producía ruidos molestos a todas horas.
Ante esta situación, la mujer presentó una denuncia y obtuvo un fallo favorable. El Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 de La Matanza falló a su favor y ordenó una indemnización de $29.712.000, ya que consideró que las molestias le habían causado daños psicológicos importantes.
Cómo comenzaron los problemas con el maxikiosco de La Matanza
Ubicado en el primer piso de un edificio, el departamento de la mujer contaba con tres dormitorios. Sin embargo, un maxikiosco comenzó a funcionar todo el día sin la habilitación correspondiente en la planta baja del edificio, al perjudicar a la inquilina.
En la demanda, contó que el comercio generaba ruidos constantes, gritos y distintas situaciones conflictivas durante todo el día. Como si fuera poco, aseguró que se vendía alcohol sin autorización y que los clientes bloqueaban el acceso al edificio.
Las molestias, con el paso del tiempo, afectaron su descanso y su salud, hasta un punto en que la situación se volvió insostenible. Por esta razón, decidió abandonar el departamento a finales de 2016.
Dos años más tarde, en abril de 2018, la mujer demandó a los responsables del comercio y al propietario del inmueble, que también era uno de los dueños del kiosco.
Una pericia acústica realizada durante el proceso judicial confirmó que los niveles de ruido superaban los límites que establece la normativa IRAM 4062. Además, varios testigos respaldaron los reclamos que había realizado la denunciante.
Por qué la Justicia ordenó indemnizarla con $29.712.000
Tras analizar las pruebas, la jueza consideró que la actividad del maxikiosco superaba los niveles normales de tolerancia entre los vecinos, por lo que afectaba el derecho al descanso de quienes vivían en el edificio.
Al realizarle una pericia psicológica a la mujer, se determinó que había desarrollado un trastorno de estrés postraumático, con un 30% de incapacidad psíquica parcial y permanente.
Aunque el propietario trató de desligarse de la responsabilidad argumentando que el contrato de alquiler contenía una cláusula que lo eximía de responder por daños, la Justicia rechazó el planteo.
Finalmente, el juzgado estableció una indemnización de $29.712.000, que incluye los siguientes conceptos:
- Daño psicológico: por las consecuencias que provocaron las molestias en la salud mental de la mujer.
- Daño moral: por los padecimientos sufridos durante el conflicto.
- Tratamiento psicológico: para afrontar las secuelas acreditadas por la pericia.
De todas maneras, se rechazaron los reclamos por incapacidad física, gastos de mudanza y arreglos en el departamento, ya que no se acreditó su relación directa con los hechos.
La sentencia, además, estableció que a la indemnización deben sumarse intereses calculados desde agosto de 2016, cuando se realizó la primera denuncia.
Fuente: TN — Ver noticia original