Un vecino advirtió en reiteradas oportunidades que un pino de gran porte podía caer sobre su propiedad, pero no obtuvo la respuesta que esperaba de las autoridades municipales. El 25 de octubre de 2021, el árbol se desplomó dentro de su terreno y provocó daños en el alambrado, la piscina, la caldera y otras estructuras.
El caso llegó a la Justicia y terminó con una condena contra el municipio, al que se le atribuyó responsabilidad por no haber actuado frente a los avisos del propietario. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, confirmó la sentencia y ratificó una indemnización de $7.200.000, más los intereses y la actualización correspondientes.
El episodio ocurrió en una zona declarada área ecológicamente protegida, donde los particulares no podían intervenir sobre el arbolado sin autorización de la autoridad competente. Esa restricción fue uno de los puntos centrales del expediente: el vecino había advertido sobre el riesgo, pero no podía retirar el ejemplar por su cuenta sin exponerse a posibles sanciones.
Por qué el municipio fue considerado responsable
Durante el proceso judicial quedó acreditado que el propietario había presentado varios reclamos ante las autoridades municipales para solicitar una intervención urgente. Sin embargo, el árbol finalmente cayó y causó daños materiales en su propiedad.
El juez de primera instancia consideró que la falta de respuesta de la comuna configuró una falta de servicio, ya que no había actuado frente a las advertencias recibidas. También tuvo en cuenta que la normativa impedía que el vecino resolviera el problema por sus propios medios sin contar con el permiso correspondiente.
En diciembre de 2024, la Justicia condenó al municipio a pagar $5.200.000 por daños materiales y otros $2.000.000 por daño moral. A esa suma debían agregarse los intereses y la actualización hasta el momento en que se concretara el pago.
El municipio apeló y culpó al vecino
La administración municipal cuestionó la sentencia y sostuvo que el propietario había mantenido una actitud pasiva pese a conocer el peligro que representaba el pino. Según su argumento, el hombre habría priorizado evitar una eventual multa antes que tomar medidas para impedir los daños.
La comuna también objetó algunos gastos incluidos en la indemnización, entre ellos los relacionados con la extracción del árbol y la contratación de un ingeniero agrónomo. Además, consideró excesivo el monto fijado por daño moral.
Sin embargo, la Cámara rechazó los planteos al entender que no alcanzaban para desvirtuar los fundamentos de la condena. Los magistrados remarcaron que el municipio no podía trasladarle al ciudadano las consecuencias de su propia falta de actuación.
Cómo se actualizará la indemnización
Además de ratificar la condena, la Cámara dispuso que las costas judiciales quedaran a cargo del municipio. También estableció que la indemnización se actualice de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), al que se sumará una tasa anual del 6%, calculada desde la fecha de la caída del árbol hasta el efectivo pago.
Por eso, los $7,2 millones fijados originalmente no representan necesariamente el monto final que deberá abonar la comuna: la suma deberá ajustarse según los criterios establecidos en la sentencia.
El fallo reafirmó que el Estado puede ser considerado responsable cuando no actúa frente a advertencias concretas sobre un peligro, especialmente si las normas vigentes impiden que los particulares intervengan por su cuenta para evitar posibles daños.
Fuente: TN — Ver noticia original