Legisladores de Unión por la Patria (UxP) y de la Bancada Ciudadana de la Asamblea Nacional de Ecuador participaron en Buenos Aires del Encuentro Legislativo por la Unión de los Pueblos Latinoamericanos, en el que también intervino por videoconferencia el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Durante la reunión, realizada en el Salón del Bloque de UxP en la Cámara de Diputados, los participantes firmaron un pronunciamiento conjunto para denunciar la persecución política y el lawfare en América Latina.
Tanto en el pronunciamiento como en el encuentro, del cual participó Página/12, los dirigentes de ambos países repudiaron la detención de Luisa González, excandidata presidencial ecuatoriana del correísmo, y calificaron de “condena judicial amañada con quita de derechos políticos” el fallo contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
González fue detenida el 22 de octubre en el marco de una investigación por supuesta financiación irregular de sus campañas electorales. Por una petición del Ministerio Público por estas investigaciones, también fue suspendido el partido de Correa, Revolución Ciudadana, que quedó inhabilitado para participar en las elecciones locales del próximo 29 de noviembre.
“La judicialización de la política”
En su intervención, Correa denunció la persecución política contra dirigentes progresistas de la región, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Evo Morales en Bolivia. “La judicialización de la política es una herramienta que se ha aplicado desde hace algunos años en la región contra líderes progresistas para neutralizarlos. No hay ninguna duda de que está racionalizado y apoyado desde Washington”, afirmó.
A su vez, el expresidente describió el mecanismo con el que, según él, se construyen las persecuciones políticas. “Lo deseable es que la víctima escogida participe del sector público, si los quieren perseguir lo van a poder hacer. Falta escribir mal una coma para llevarlo al plano penal. Luego viene la acción mediática para destrozar a la víctima elegida en la prensa. Este problema hoy se agrava con las redes sociales”, relató.
Correa sostuvo que el lawfare tuvo un alcance especialmente profundo en Ecuador y mencionó los casos de González y del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, con investigaciones penales por presunta comercialización ilegal de combustibles y delincuencia organizada. Además hizo hincapié en el caso del exvicepresidente Jorge Glas, que fue detenido por supuesta corrupción en 2017, salió temporalmente de prisión a finales de 2022 gracias a un fallo judicial, y en abril de 2024 fue recapturado cuando Noboa ordenó asaltar la Embajada de México en Quito.
El propio Correa se reconoció como víctima de la persecución. “Vinieron atrás de mí, se inventaron casos de sobornos que no existen, no han podido encontrar nunca sobornos. Ha habido muchísimos casos, yo tengo medio gabinete exiliado”, sostuvo.
Por su parte, la diputada de UxP Kelly Olmos manifestó que la persecución política contra los dirigentes de partidos populares que “mejor expresan las demandas de justicia social de nuestros pueblos” es un proceso que debilita las democracias y no puede interpretarse como una casualidad, sino como parte de una estrategia. “Es evidente que en esta etapa se está utilizando en gran medida el sistema de justicia como un mecanismo de disciplinamiento de los dirigentes populares en América Latina”, sostuvo.
En la misma línea, el diputado argentino Jorge Taiana advirtió sobre la subordinación del poder judicial a intereses políticos y económicos, así como a los de Estados Unidos. “Acá hay parte de una estrategia política. No hay más golpes militares en esta época, sino una combinación de estrategias contra los liderazgos populares, salvo el caso de Venezuela, que fue particular. Nosotros tenemos que tener una política amplia y tener en claro que estas persecuciones políticas deben cesar, porque lo que se está logrando es tener democracias cada vez más limitadas, parciales y segmentadas”, sostuvo.
El asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, denunció irregularidades en la proscripción temporal de su movimiento. “El pretexto es una denuncia absurda, tergiversa un artículo de la legislación ecuatoriana diciendo que si hay una investigación sobre un tema de lavado de activos se puede suspender un partido político. No hay ninguna investigación que se haya realizado, ha comenzado a tratarse el tema. Pedimos hospedaje en otros partidos y los suspendieron. Hemos tenido que pedir cobija a 29 partidos políticos para que nuestros candidatos puedan participar. Es grave que se le impida al partido político más importante del país, pero aún más grave es que se le impida a la ciudadanía elegir a quienes quisieran elegir”, aseveró.
“Cristina libre, Milagro Sala libre”
Mientras tanto, la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, destacó que Ecuador avanzó en “un proceso de desinstitucionalización acelerada” durante los últimos nueve años, y llamó a combatir contra la normalización de los presos políticos en toda la región. “Cristina libre, Luisa González libre, Jorge Glas libre, Milagro Sala libre”, pidió.
La anfitriona de la reunión en Argentina fue Olmos, y también participaron los legisladores Taiana, María Jimena López, Horacio Pietragalla Corti, Paula Penacca, Cecilia Moreau y el presidente del bloque UxP Germán Martínez, este último de manera remota. Por Ecuador estuvieron presentes a través de una videollamada Correa, Rivadeneira, el excandidato presidencial Andrés Aráuz, y los asambleístas Patiño, Patricia Núñez (jefa de la Bancada Ciudadana), Guido Mendoza, Eliana Correa, Jahiren Noriega y Xavier Lasso.
Los participantes del encuentro, además del Movimiento Revolución Ciudadana de Argentina, firmaron un documento en el que se comprometen a avanzar en la construcción de una “red interparlamentaria de cooperación” para fortalecer las democracias y denunciar las persecuciones políticas arbitrarias. “Estamos convencidas y convencidos de que una verdadera democracia es aquella en la que los gobiernos y poderes de turno no aplican el lawfare para perseguir a sus adversarios políticos. Pensar distinto no es delito, perseguir a los opositores sí”, sostiene el texto.
Informe: Lucía Jiménez Donati
Fuente: Página/12 — Ver noticia original