“Fracasó la sesión”, dijo Martín Menem después de esperar los 30 minutos reglamentarios pasado el horario para juntar el quórum necesario. El presidente de la Cámara no pudo avanzar con el proyecto que impulsaba Santiago Caputo de Defensa de la Soberanía Nacional, ni con la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Varios de los aliados de siempre no bajaron al recinto y el debate no pudo comenzar. Les faltaron tres diputados para llegar a los 129. Hubo ausencias desde el MID, y Provincias Unidas, entre otros bloques provinciales. Desde el interbloque que conduce la santafesina, Gisela Scaglia, esgrimen dificultades en las negociaciones por los lugares en el Consejo de la Magistratura y la trabada negociación por la Ley de Biocombustibles. Los argumentos del MID son más confusos; parece que quedaron fuera de las tratativas del proyecto de reforma política, aunque todavía no se está trabajando en Diputados.
La rosca en el Consejo de la Magistratura tiene como protagonista al bloque de Provincias Unidas y al PRO. Ambos espacios pujan por un lugar. Desde el bloque UP impulsan al diputado cordobés Brügge. Desde el PRO, quieren imponer a Florencia De Sensi, diputada cercanísima a Cristian Ritondo. Una posibilidad intermedia era la de impulsar nuevamente a Álvaro González -hombre de Rodiguez Larreta- que estaba en plena negociación de su continuidad en el organismo, que elige y saca jueces, con ambos bloques. Parece que el presidente de la Cámara se inclinaría por favorecer al PRO de alguna manera, pese a que PU tiene más integrantes que la bancada amarilla. La definición debería llegar mañana, por eso el espacio que conduce Scaglia se habría adelantado en manifestar su descontento con ausencias en la sesión.
Desde el PRO explican que Provincias Unidas es un interbloque que se consolidó en el Congreso, y que sus integrantes no pertenecen a un mismo partido, ni votan de forma homogénea. Se amparan en lo que ya opinó la Corte en la disputa Luis Juez vs. Martin Doñate para integrar el Consejo. En aquel momento el conflicto giró en torno a la banca de representación de la segunda minoría del Senado para el período 2022–2026, luego de que el bloque del Frente de Todos se dividiera en la Cámara Alta para reclamar un lugar más.
El Congreso aporta 8 legisladores nacionales en total para la integración del Consejo de la Magistratura. Se distribuyen en 4 representantes por la Cámara de Senadores y 4 por la Cámara de Diputados. Según lo estipulado en el artículo 2.º (inciso 3) de la Ley N.º 24.937, los presidentes de cada Cámara designan a los consejeros a propuesta de los bloques parlamentarios siguiendo una distribución estricta: Al bloque con mayor representación se le asignan 2 representantes. A la Primera minoría, se le asigna 1 representante, y a la segunda minoría se le asigna otro. El mandato de los consejeros terminó ayer miércoles a las cero horas. Martin Menem debe informar en los próximos días quienes serán los remplazos. Su decisión dejará heridos, y ya comenzó a notarse.
Las disconformidades con el oficialismo no solo giran en torno a la rosca por los lugares claves en el Consejo de la Magistratura. Hay criticas de todos los bandos por cómo se viene trabajando el presupuesto 2027. La ley de biocombustibles es otro factor que podría haber alterado la paciencia de algunos aliados.
El proyecto que propone nuevos cortes para el bioetanol en naftas, y para el biodiesel en gasoil, tiene media sanción de la Cámara Alta, pero está trabado por el choque de intereses entre las Pymes productoras de biodiesel y las grandes aceiteras. El texto que salió del Senado perjudica a las empresas productoras más pequeñas, especialmente de las de Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Las más entusiastas en que salga la ley son Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta y Jujuy. Ritondo es uno de los que encabeza el reclamo por cambios al proyecto para beneficiar de las Pymes, pero a la vez, es quien lleva el mensaje de algunas de las empresas aceiteras más importantes del sector, que también pretende modificaciones en la norma en busca de un mayor corte.
La reforma política, que se está discutiendo en el Senado, parece haber sido otro argumento de algunos legisladores para no dar quorum. Desde el MID explicaron a este diario que quieren “poner todo en la mesa de discusión”, y que “hay que parar la pelota”. Ocurre que el debate que se está llevando adelante en la Cámara alta, del que participa el diputado libertario Nicolás Mayoraz, dejó a varios aliados fuera de las discusiones. “Queremos saber antes de que venga cocinado del Senado, queremos discutir ahora”, explicaron desde ese bloque a Página 12.
Otro que salió a explicar su ausencia fue el diputado catamarqueño Sebatian Noblega. “La soberanía sobre Malvinas no está en discusión. Creemos que merece una ley propia, y no un proyecto que además reforma defensa, seguridad e inteligencia, temas que conviene discutir por separado. Por eso decidimos no dar quórum a este texto tal como está”, explicó en su cuenta de X.
No se puede obviar que esta sesión frustrada tenia entre sus principales temas el proyecto ideado por el asesor predilecto de Javier Milei, Santiago Caputo. El referente de las Fuerzas del Cielo sigue en una tensa relación con la hermana del presidente, “Lule” Menem y el propio Martín Menem.
Desde el peronismo analizan por lo bajo que la verdadera causa del fracaso de la sesión es la propia interna libertaria. Aseguran que no había verdaderas intenciones por parte del riojano de darle media sanción al proyecto del monotributista Caputo. Dicen que desde el Karinismo no tienen intenciones de darle más poder a la SIDE. Sebastián Pareja, el diputado y armador bonaerense, es de los que mantendría esta postura. Pareja, quien preside la bicameral de Inteligencia, hace unas semanas habilitó un pedido de informes contra el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, sobre las gestiones del gobierno argentino para facilitar la fuga de Flavio Bolsonaro de Brasil tras la victoria de Lula Da Silva.
En la sesión además de tratarse los proyectos de Defensa de la Soberanía Nacional, y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, estaba en el temario la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), y el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Página/12 — Ver noticia original