La noche del viernes 9 de octubre, Stella Maris Chávez entró a un supermercado Carrefour de Nuñez y fue directo a la bóndola de las carnes. Esperó a estar sola, miró para los costados y escondió un par de bandejas debajo de la ropa. Hizo lo mismo con un paquete de salchichas y otros de fiambre. Después puso un paquete de galletitas en la bolsa de compras para disimular y caminó hasta la línea de cajas. Cuando estaba a punto de pagar, un guardia del personal de seguridad, advertido por las cámaras, le tocó el hombro. Ella —jubilada de la mínima por moratoria, de 67 años, morocha, de estatura baja— les dijo lo mismo que más tarde le diría a los medios: que no tenía para comer, que reconoce el error y que pide perdón. “Me daba mucha bronca tener que darle a mi nieta arroz blanco y fideos”, le dice a Página/12. Cuenta que ofreció pagar con los 15 mil pesos que le quedaban, pero no la dejaron. Llamaron a la policía. Le armaron una causa. La jueza Fabiana Palmaghini le dictó la prisión preventiva. Pasó 35 días alojada en la Alcaidía 15 de Chacarita, donde además le dio una infección urinaria. Recién salió en libertad este viernes, después de pagar una fianza de 150 mil pesos que juntó su hijo Mariano, desempleado, con ayuda del barrio.

El caso conmovió al sector de la sociedad que todavía es sensible al dolor ajeno. Estela agradece el apoyo que recibió de parte del resto de las mujeres con las que compartió los 35 días de encierro, que la ayudaron a visibilizar su situación; y de las organizaciones de jubilados, que se acercaron el viernes a la comisaría con carteles que pedían su libertad y que ya la invitaron a marchar este miércoles al Congreso. “Ellos hablaron conmigo, me están ayudando. Así que quiero ir a marchar, a pelear con ellos. Ya les di mi palabra”, le contó a este diario.

Distinta es la situación en la justicia. La causa contra Stella sigue abierta. La prisión preventiva había sido dictada por Plamaghini en función de los antecedentes de la jubilada por delitos similares. La Sala 4 de la Cámara Correccional ratificó el procesamiento por hurto y tentativa de hurto, luego de rechazar el argumento de la defensa de que actuó en “estado de necesidad”.

La decisión fue cuestionada por un sector de la propia justicia. “El juez que no siente vergüenza ante el hambre, no merece juzgar a nadie”, le dijo a Radio 750 el juez Alejandro Slokar.

El monto de la fianza, los 150 mil pesos, exhibe que los jueces lo consideraron un delito muy menor, casi inexistente desde el punto de vista económico, aunque a la familia le costó horrores reunir el efectivo para lograr su libertad. De hecho, los jubilados que fueron a verla el viernes pasado tuvieron que hacer una vaquita para juntar lo suficiente para el viaje de vuelta a San Fernando, el barrio de donde Stella crió sola a sus hijos y nietos durante los últimos 30 años.

En la causa se estableció que el monto total del hurto —del que además participó una segunda mujer— supera los 300 mil pesos, según los empleados del supermercado. El monto equivale casi a lo que Stella cobra de la jubilación mínima con el descuento de la moratoria.

Su testimonio ante el juzgado fue tan crudo como el que luego dijo en los medios: “Lamentablemente soy jubilada, cobro la mínima y saqué carne. No es que saqué jabón o cosas de limpieza, saqué comida. A veces pido ropa en la calle y después la vendo, pero la verdad es que no me alcanza (…) En mi vida nunca tomé, nunca me drogué pero teníamos hambre. No me alcanza ni para comer. Mi doctora me mandó vitaminas para comprar pero la realidad es que ni para eso me alcanza. La situación está muy complicada”.

Sin agua, sin gas, sin alimentos

Stella cuenta que aquel día del robo estaba embargada por la angustia de querer cocinarle algo a su nieta, abrir la heladera y ver que “no había nada”. Unos días antes, además, se le había agotado la garrafa de gas. Tampoco tenía agua, ni en la cocina ni en el baño. “Ni lo pensé, ni lo pensé. Salí y busqué comida. Quería hacer un buen guiso. No comía carne desde hacía 20 días”, relató a este diario.

La jubilada percibe la mínima, pero todavía está pagando la moratoria, por lo que “a los cuatro o cinco días de cobrar me quedo sin nada”. Tiene seis hijos adultos y tres nietas; no todos tienen trabajo. Mariano, el que la cuidó estos últimos días, quisiera poder ayudarla más. “Ahora me vine unos días a su casa a ayudarla a limpiar y arreglarse con las cosas diarias, pero se hace difícil, necesitamos laburo”, dice.

Ella pide lo mismo. Fue empleada de limpieza en un country de zona norte y se dedicó a la venta ambulante en San Fernando durante muchos años. Pero ahora la está pasando mal.

“Siempre vivimos con lo justo, pero alcanzaba. Esta es la primera vez que paso hambre y necesidad mala. Yo siempre le di para adelante, no me faltaba nada. Ahora estoy como con la soga al cuello y eso me está matando”.

El caso de Stella podría incluírse entre el tendal de los “muertos” que, según el presidente, no comen ni beben literalmente después del día 20. Los números de las jubilaciones mínimas, en esa línea, son de los peores. Según el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la mínima acumuló una caída interanual del 7,4% entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026. Si se toma el promedio mensual de los últimos 12 meses, el retroceso fue del 5,4%.

“Yo pido perdón a la sociedad por lo que hice, sé que está mal, pero partió de la necesidad. Me da bronca tener que estar 20 días dándole a mis nietas arroz blanco y fideos con un caldito. Y lo que me pasa a mí les pasa a todos los jubilados”.

Fuente: Página/12 — Ver noticia original