El gobierno de Javier Milei buscará avanzar este miércoles en la Cámara de Diputados con un paquete de leyes que incluye una ampliación de las facultades del Poder Ejecutivo en materia de seguridad y defensa, nuevas atribuciones para las Fuerzas Armadas y modificaciones sustanciales en el funcionamiento del Banco Central. La iniciativa más controvertida es la denominada Ley de Defensa de la Soberanía, que, bajo el argumento de responder a amenazas externas, contempla desde restricciones a las operaciones financieras hasta la posibilidad de derribar aeronaves y hundir embarcaciones. El proyecto llega al recinto con algunos cambios negociados con los aliados, pero conserva varios de los artículos más cuestionados por la oposición.

La sesión especial fue solicitada por el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y quedó convocada para las 12, según comunicó el secretario parlamentario Adrián Pagan. Será una de las últimas oportunidades del oficialismo para aprobar leyes durante el período ordinario, aunque la Casa Rosada ya tiene previsto extender la actividad legislativa mediante una convocatoria a extraordinarias.

El corazón de la reforma es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encargado de coordinar las políticas de seguridad, defensa e inteligencia estratégica. El organismo estará bajo la conducción del Presidente y tendrá entre sus integrantes a los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, además del titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.

La novedad no se limita a la conformación de una nueva estructura dentro del Estado. El proyecto habilita al Consejo a adoptar medidas excepcionales frente a una amenaza externa grave, una categoría cuya definición es uno de los principales puntos de controversia. Entre las herramientas previstas figuran el bloqueo temporal de fondos y activos, las restricciones a operaciones cambiarias y financieras, la suspensión de autorizaciones y contrataciones, las limitaciones al comercio exterior y el incremento transitorio de derechos aduaneros.

La amplitud de esas atribuciones es uno de los aspectos que genera resistencia. La reforma permitiría concentrar decisiones de fuerte impacto económico y financiero en un organismo presidido por el propio jefe de Estado, a partir de la identificación de una amenaza cuya delimitación es objeto de cuestionamientos.

Durante las negociaciones, el oficialismo aceptó modificar la composición del Consejo para incorporar a representantes de otros poderes y de las provincias. A pedido de bloques aliados, el presidente de Diputados, el presidente provisional del Senado y los gobernadores podrán participar como miembros no permanentes.

Sin embargo, permanecieron otros artículos controvertidos. Uno de ellos establece un protocolo para el derribo de aviones y el hundimiento de buques. Otro autoriza la participación de militares en “operaciones no convencionales”, una disposición cuestionada porque podría desdibujar la división de funciones entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad, particularmente en cuestiones vinculadas con la seguridad interior.

También se incorpora al marco legal el Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET). La iniciativa permite incluir organizaciones cuando existan “motivos razonables para sospechar” su vinculación con actividades terroristas, otro de los criterios que despiertan objeciones.

Malvinas y las concesiones a los aliados

La iniciativa contiene además un capítulo referido a la explotación de recursos en las Islas Malvinas. El texto prevé endurecer las consecuencias penales para quienes desarrollen actividades económicas en esa zona sin autorización argentina, con condenas que pueden alcanzar los 20 años de prisión.

Las sanciones comprenden a directivos, socios, proveedores y accionistas de las compañías involucradas. Sin embargo, las modificaciones introducidas durante el tratamiento parlamentario excluyeron a quienes posean participaciones accionarias de hasta el 2 por ciento y a los fondos de inversión cuya intervención en esas operaciones sea indirecta.

Las multas económicas también fueron reducidas respecto de la propuesta inicial. El proyecto original contemplaba penalidades equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo, mientras que la nueva redacción establece un rango de entre 2.000 y 40.000.

Se trata de dos concesiones que modificaron el alcance de las sanciones previstas inicialmente, aunque el oficialismo mantuvo el esquema general de penalización de la explotación de recursos sin autorización del Estado argentino.

Los cambios en el Banco Central

El otro proyecto de peso que llegará al recinto es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La propuesta redefine las funciones de la autoridad monetaria, modifica el procedimiento de designación y remoción de sus autoridades y amplía las posibilidades de utilización de sus activos como garantía para obtener financiamiento.

La Cámara de Diputados tratará el texto con las modificaciones realizadas por el Senado, que se reservó la intervención exclusiva en la aprobación de los nombramientos y las remociones de los directores.

Según el esquema previsto, el Gobierno designará a las autoridades del BCRA, pero necesitará el aval de la mayoría absoluta de la Cámara alta. Los directores tendrán mandatos de seis años y podrán acceder a una reelección. Para removerlos, el Ejecutivo deberá invocar alguna de las causales establecidas y conseguir el respaldo de al menos 37 senadores.

En cuanto a sus objetivos, la reforma concentra la actividad del organismo en la preservación del valor de la moneda y establece una separación respecto de las necesidades de financiamiento del Tesoro. En esa línea, elimina funciones vinculadas con la orientación del crédito y los mecanismos de financiamiento diferenciado.

Otro aspecto relevante es la autorización para utilizar activos y reservas del Banco Central como garantías en operaciones financieras propias. La disposición incluye el oro, las disponibilidades líquidas y los títulos, que podrán emplearse como respaldo en acuerdos de financiamiento internacional y operaciones REPO.

Agenda cargada antes de las extraordinarias

La convocatoria del miércoles también incluye acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, tanto en materia de delitos cometidos por menores como de delitos contra la integridad sexual.

La agenda se completa con el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), además de una enmienda al Protocolo de Montevideo.

El oficialismo pretende aprovechar el cierre del período ordinario para avanzar en distintos frentes legislativos. Después de la sesión del miércoles, Diputados tiene prevista otra convocatoria para el 25 de noviembre, destinada al Presupuesto 2027, siempre que el proyecto consiga previamente el dictamen de mayoría en la comisión correspondiente.

De todos modos, el calendario parlamentario del Gobierno no se agotará con las sesiones ordinarias. La Casa Rosada convocará a extraordinarias para continuar el debate presupuestario en el Senado e impulsar la reforma electoral.

El miércoles será, por lo tanto, una nueva instancia para medir la capacidad del oficialismo de reunir respaldos en el Congreso. La discusión sobre la soberanía y la organización de la defensa aparece acompañada por una disputa de mayor alcance: hasta dónde pueden extenderse las atribuciones del Ejecutivo y qué controles conservarán los demás poderes del Estado.

Fuente: Página/12 — Ver noticia original