La Legislatura de Salta acumula 35 leyes sancionadas en lo que va de 2026, pero detrás de ese número hay dos cámaras con ritmos de trabajo diferentes. Mientras que Diputados registra una mayor producción de proyectos propios por sesión y más horas de debate, el Senado concentra la mayor cantidad de iniciativas que esperan tratamiento en la cámara revisora. Los datos surgen de un relevamiento de Análisis Legislativo Salta (Anlesa), elaborado a partir de información oficial hasta el 30 de octubre y difundido por la agencia Ciudadana Comunicación.
El dato más destacado aparece al comparar los proyectos de ley impulsados por los propios legisladores. La Cámara de Diputados dio media sanción a 30 iniciativas de autoría de sus integrantes, frente a nueve del Senado. La diferencia se mantiene al considerar la cantidad de sesiones realizadas, ya que la Cámara Baja aprobó un promedio de 1,15 proyectos propios por sesión, frente a 0,32 por sesión en la Cámara Alta. En términos proporcionales, Diputados produjo 3,6 veces más proyectos propios por encuentro.
La comparación requiere considerar que Diputados tiene 60 bancas y el Senado, 23. La Cámara Baja es casi 2,6 veces más numerosa, por lo que el volumen total no alcanza por sí solo para medir el desempeño. Sin embargo, al calcular los proyectos propios por banca, la ventaja también se mantiene: 0,50 por diputado frente a 0,39 por senador, una diferencia del 28%.
El relevamiento fue elaborado con datos de boletines de asuntos entrados, órdenes del día, actas de labor parlamentaria, versiones taquigráficas y listados oficiales de proyectos aprobados y en trámite. También se consultaron los canales oficiales de ambas cámaras para comparar la duración de las sesiones.
Más horas de debate, aunque con menos sesiones
Desde el inicio del período ordinario, el 1 de marzo, Diputados realizó 26 sesiones y el Senado, 28. Pese a haberse reunido dos veces menos, la Cámara Baja acumuló 104 horas de actividad en el recinto, frente a las 71 horas del Senado.
La diferencia se explica, en parte, por la duración de los encuentros. Las sesiones de Diputados promediaron cuatro horas y un minuto, mientras que las del Senado duraron dos horas y 33 minutos. De esta manera, la Cámara Baja pasó un 46% más de tiempo en el recinto.
Si se contabilizan todas las votaciones sobre proyectos de ley, independientemente de cuál haya sido la cámara de origen, Diputados registró 60 aprobaciones y el Senado, 43. Esto equivale a 2,31 aprobaciones por sesión en la Cámara Baja y 1,54 en la Alta.
Sin embargo, el informe distingue entre una primera aprobación y una sanción definitiva. La media sanción no convierte por sí sola un proyecto en ley, pues todavía necesita el aval de la cámara revisora. De las 60 aprobaciones registradas en Diputados, 46 correspondieron a iniciativas que comenzaron allí su recorrido. En el Senado, 14 de las 43 aprobaciones fueron primeras votaciones y 24 correspondieron a sanciones definitivas como cámara revisora.
La distinción importa para entender el funcionamiento de la Legislatura, donde el recorrido de cada iniciativa depende también de lo que ocurra en la otra cámara. La cantidad de proyectos aprobados es un indicador de actividad, pero no necesariamente refleja cuántas propuestas consiguen transformarse en normas vigentes.
El Senado concentra los proyectos pendientes
Uno de los principales datos del relevamiento es la cantidad de iniciativas que ya fueron aprobadas por una cámara, pero todavía no lograron sanción definitiva. Al 30 de octubre, había 65 proyectos pendientes de tratamiento en la cámara revisora: 44 aprobados por Diputados que esperaban en el Senado y otros 21 que habían recibido media sanción de la Cámara Alta y aguardaban tratamiento en Diputados.
La acumulación de expedientes en el Senado es el principal dato político de este apartado. De los 44 proyectos que esperan allí, 20 fueron remitidos en 2025 y 24 en 2026. En Diputados, 13 de los 21 pendientes fueron enviados en 2025 y 8 en 2026.
Entre las iniciativas aprobadas por Diputados que aguardan tratamiento en el Senado aparecen proyectos sobre salud, inserción laboral y protección de niñas, niños y adolescentes. El listado incluye un programa de pubertad precoz, la creación de un sistema de turnos de salud, la inserción laboral de graduados y un biobanco provincial.
También esperan propuestas vinculadas con las apuestas en línea, como la prevención del acceso de menores de edad a esas plataformas y la prohibición de su publicidad. Se suman proyectos para prevenir estafas telefónicas y digitales, promover el bienestar animal y abordar situaciones de violencia en actividades deportivas y culturales infantiles.
En sentido inverso, entre los proyectos aprobados por el Senado que esperan tratamiento en Diputados figuran la Ley Olimpia, vinculada con la violencia digital; la suspensión de desalojos de familias rurales; la economía circular de los plásticos; la alfabetización en inteligencia artificial y la regulación de los denominados trapitos.
La cantidad de expedientes pendientes abre interrogantes sobre los tiempos de tratamiento y la capacidad de la Legislatura para convertir iniciativas en normas concretas. No obstante, el informe aclara que la acumulación no demuestra por sí sola una demora deliberada ni permite concluir automáticamente que una cámara funciona más lentamente que la otra.
Al comparar las iniciativas resueltas con el total de proyectos recibidos y pendientes, Diputados había resuelto el 38% y el Senado, el 36%. La diferencia proporcional es reducida, aunque en términos absolutos la Cámara Alta concentra más del doble de proyectos pendientes que la Baja.
Además, los expedientes no caducan automáticamente al finalizar el año. Según los plazos de la Ley 8490 considerados en el análisis, las iniciativas remitidas en 2025 tienen plazo hasta fines de 2027 y las enviadas en 2026 hasta fines de 2028. Parte de la agenda pendiente, por lo tanto, continuará en los próximos períodos legislativos.
La actividad parlamentaria también incluye instrumentos que no se convierten en leyes, pero permiten expresar posiciones institucionales y solicitar información al Poder Ejecutivo.
En 2026, Diputados aprobó 391 resoluciones, frente a 254 del Senado. En las declaraciones, en cambio, los números fueron similares: 239 en la Cámara Baja y 248 en la Alta. Los pedidos de informe presentados al Ejecutivo también mostraron paridad, con 122 en Diputados y 121 en el Senado. El relevamiento aclara que se trata de pedidos presentados, no necesariamente aprobados, y que los registros de resoluciones y declaraciones tienen fechas de corte diferentes.
Una Legislatura con ritmos diferentes
Entre las 35 leyes sancionadas durante el período relevado, figuran la reforma del régimen electoral que eliminó las PASO, la modificación de la ley de partidos políticos, la prórroga de la emergencia por violencia de género, medidas de prevención contra la violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres indígenas y distintas cartas municipales. También avanzaron iniciativas de endeudamiento impulsadas por el Ejecutivo provincial.
De las 35 leyes, 25 tuvieron origen en Diputados y 10 en el Senado. Esa distribución no equivale directamente a la producción propia de cada cámara, porque también incluye cartas municipales y proyectos del Poder Ejecutivo. De las 25 leyes iniciadas en Diputados, diez correspondieron a proyectos de sus integrantes, 13 fueron cartas municipales y dos fueron iniciativas del Ejecutivo. En el Senado, seis de las diez leyes tuvieron origen en proyectos de sus legisladores y las cuatro restantes fueron cartas municipales.
El balance de Anlesa muestra una ventaja de Diputados en la producción de proyectos propios por sesión, el volumen de aprobaciones y las horas de debate. Por su parte, el Senado sesionó más veces y registró una cantidad similar de pedidos de informe, pero concentra 44 de las 65 iniciativas que esperan tratamiento en la cámara revisora.
Los números permiten comparar el volumen de actividad y el recorrido de los expedientes, aunque no alcanzan para medir la calidad de las leyes, su impacto social, los recursos destinados a implementarlas o el grado de cumplimiento por parte del Estado.
Fuente: Página/12 — Ver noticia original