Cinco años después del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, Haití parecía encaminarse hacia unas elecciones para elegir sucesor. El Consejo Electoral Provisional de Haití (CEP) había fijado la primera ronda de elecciones presidenciales, legislativas y municipales para el 13 de diciembre próximo y la segunda vuelta para el 21 de febrero de 2027, en lo que hubieran sido las primeras elecciones generales del país en más de una década. Debido a la crisis de seguridad que no cesa se fijó el 18 de julio de 2027 como nueva fecha para la primera vuelta de las elecciones legislativas, los comicios presidenciales y el proceso de ratificación popular, con una eventual segunda vuelta el 4 de octubre de 2027.
Haití vive una crisis en todos los aspectos, marcada especialmente por la inseguridad a manos de bandas armadas financiadas por elites políticas y económicas y contrabandistas con base fuera de la isla. La alianza Viv Ansanm, designada organización terrorista por Washington, se ha expandido también hacia el interior del país con operaciones que incluyen secuestros masivos, violaciones en grupo, incendios provocados, tráfico de armas, de órganos y de drogas.
Con el paso de los años, los delincuentes han conseguido una importante potencia de fuego, lo que les ha permitido trascender el papel de mercenarios al servicio de un patrón para erigirse en verdaderos actores políticos, económicos y territoriales autónomos que deciden, incluso, quién gobernará. Con el 90% de la capital en manos de pandillas, los constantes ataques y secuestros han forzado el cierre de fábricas, comercios y puestos sanitarios. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia causó al menos 5700 muertos o heridos entre enero y septiembre, con un millón y medio de haitianos desplazados.
En el combate al accionar de las pandillas Haití cuenta actualmente con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y compuesta por militares y personal de distintos países que apenas rondan los 2500, aun cuando se autorizaron 5500. Recientemente, el Consejo aprobó la renovación por seis meses del mandato de las GSF, vigente hasta el 31 de marzo de 2027. De acuerdo con las autoridades, la fuerza recuperó algunas zonas de la capital haitiana.
Habiendo concitado para ello un mayoritario respaldo en su país, el presidente de El Salvador anunció el envío a Haití de carros blindados, helicópteros y el traslado ya para estos días de unos 2000 soldados con el fin de rescatar a 4 aerotécnicos propios emboscados por las pandillas y desaparecidos el 18 de octubre. Según la agencia EFE, Haití habría aprobado el despliegue ordenado por Nayib Bukele por fuera del mandato de la ONU. Bukele aclaró al pueblo haitiano que no se trataba de una invasión y que en cuanto recuperaran a sus 4 compatriotas se retirarían inmediatamente. Al momento, anunció la destrucción del cuartel general de una de las pandillas más poderosas.
Garantizar la seguridad es un requisito clave para el avance del proceso electoral junto con la recuperación de la autoridad estatal, la estabilidad institucional y la atención de las necesidades humanitarias. El futuro sigue siendo demasiado incierto para el castigado pueblo haitiano.
Las elecciones en Haití no son solo un acto cívico. Serán la prueba de que el Estado pueda recuperar el monopolio de la fuerza y que sus funcionarios elegidos tengan la legitimidad para guiar al país hacia la renovación democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho. Por ahora, el accionar de las pandillas lo están impidiendo.
Fuente: La Nación — Ver noticia original