El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta USD 10 millones por información que permita localizar a Zhang Yu, un ciudadano chino de 45 años al que acusa de trabajar para los servicios de inteligencia de su país y de participar en el robo de investigaciones sobre el COVID-19. El Departamento de Estado lo anunció este miércoles a través de su programa Recompensas por la Justicia. Según el Departamento de Estado, Zhang pertenece a la Oficina de Seguridad del Estado de Shanghái, una delegación regional del Ministerio de Seguridad del Estado, organismo que supervisa la inteligencia exterior y la contrainteligencia de China. Washington le atribuye, junto a otros cómplices, varias campañas de intrusión informática contra víctimas estadounidenses con fines de ciberespionaje. El programa promete además reubicación a quien aporte datos sobre él, sus colaboradores o sus actividades. El nombre de Zhang figura desde julio de 2025 en una acusación de 9 cargos presentada ante un tribunal federal del Distrito Sur de Texas, que el Departamento de Justicia hizo pública el 8 de ese mes. El documento atribuye a Zhang y a Xu Zewei intrusiones informáticas cometidas entre febrero de 2020 y junio de 2021, bajo la dirección de oficiales de la inteligencia de Shanghái. Xu, de 34 años, fue detenido el 3 de julio de 2025 en el aeropuerto de Malpensa, en Milán, cuando llegaba de China para pasar unas vacaciones con su esposa. Desde el primer momento sostuvo que se trataba de una confusión de identidad. Tras casi diez meses de proceso en Italia, fue extraditado y compareció el 27 de abril de 2026 ante un tribunal federal de Houston. Según la acusación, el 22 de febrero de 2020 un oficial de la oficina de Shanghái ordenó a Xu acceder a cuentas de correo de virólogos e inmunólogos de una universidad texana que investigaban vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas contra el coronavirus. Xu trabajaba entonces para Shanghai Powerock Network Co. Ltd., una de las empresas privadas que, según la Fiscalía, sirven de intermediarias para que Beijing encargue ciberataques sin dejar a la vista su participación. La segunda parte de la causa se refiere a HAFNIUM, nombre con el que Microsoft identificó en marzo de 2021 a un grupo que explotaba vulnerabilidades de su servidor de correo Exchange. La Fiscalía sostiene que Xu y Zhang colaboraron en esas intrusiones, también bajo supervisión de oficiales de Shanghái. El FBI y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA) publicaron una alerta conjunta el 10 de marzo de 2021, y en abril de ese año el Departamento de Justicia obtuvo autorización judicial para limpiar cientos de computadoras vulnerables en territorio estadounidense. Las cifras que maneja la acusación dan la dimensión de la campaña. Según la Fiscalía federal, HAFNIUM tuvo como objetivo a más de 60.000 entidades de Estados Unidos y logró vulnerar a más de 12.700 para sustraer información sensible. La causa no atribuye a Zhang y a Xu toda esa actividad, sino su participación en ella junto a otros integrantes que no han sido identificados públicamente. Nicholas Ganjei, fiscal federal del Distrito Sur de Texas, resumió en julio de 2025 el núcleo político del caso: “La acusación formal alega que Xu pirateaba y robaba información crucial sobre la COVID-19 a instancias del Gobierno chino, mientras que ese mismo gobierno ocultaba simultáneamente información sobre el virus y sus orígenes”. Beijing ha negado en el pasado su implicación en estas operaciones. La causa expone el esquema de contratistas que, según el Departamento de Justicia, utiliza el Ministerio de Seguridad del Estado: empresas privadas ejecutan los ataques por encargo y oficiales de inteligencia fijan los objetivos. El modelo diluye el rastro directo hacia el Estado y dificulta llevar a los operadores ante un tribunal. La detención de Xu fue posible porque viajó a un tercer país. Las autoridades de Estados Unidos no han divulgado dónde podría encontrarse Zhang. Xu afronta en Houston un proceso para el que no consta fecha de juicio, mientras que Zhang continúa sin ser localizado 15 meses después de que se conociera la acusación en su contra.
Fuente: Infobae — Ver noticia original