María Dolores Puga, investigadora del CSIC, planteó en una entrevista con Diario de Navarra que el envejecimiento exige reformar la atención a los crónicos: la población vive más tiempo, pero atraviesa enfermedades durante una media de 15 años y afronta desigualdades que condicionan la autonomía, los cuidados y la vida cotidiana.
La influencia del nivel económico, educativo y residencial se concentra entre los 60 años y la edad modal de defunción, situada en 88 años para los hombres y 91 años para las mujeres, según los datos del Movimiento Natural de la Población de 2024 citados por la investigadora. A partir de esas edades, la genética adquiere más peso que el entorno.
Puga sostuvo que vivir más no equivale a ganar los mismos años de bienestar para toda la población consultada por La Vanguardia. Las probabilidades de morir son más bajas entre quienes tienen mayor nivel socioeconómico, formación o viven en barrios con mejores condiciones, mientras que las mujeres con menos recursos presentan mayores índices de discapacidad que aquellas con ingresos altos.
La científica del CSIC situó el debate fuera de la idea de la vejez como una etapa uniforme. La edad de inicio de la vejez se fijó en 65 años en 1919, aunque propuso diferenciar a las personas de 60 a 80 años, un grupo con autonomía y un papel central en el cuidado de familiares mayores y de niños.
La supervivencia aumentó, pero la enfermedad se prolonga
Puga diferenció la longevidad de la supervivencia al explicar los cambios demográficos del último siglo. Según su análisis, la reducción de las muertes tempranas elevó la igualdad ante la muerte, aunque el desplazamiento de las defunciones a edades más avanzadas se produjo primero entre las mujeres, durante las tres últimas décadas del siglo XX, y más tarde entre los hombres.
La investigadora propuso modificar la pregunta con la que se aborda el envejecimiento demográfico. Al referirse al aumento sostenido de la esperanza de vida desde mediados del siglo XIX, afirmó: “De cómo cambiamos a cómo nos adaptamos al envejecimiento demográfico”.
Ese proceso ha extendido una etapa vital que puede abarcar entre 30 y 35 años y que reúne situaciones muy distintas. Puga señaló que las generaciones actuales cuentan con más años de vida saludable que las anteriores y resumió esa transformación: “Somos más jóvenes que generaciones previas a nuestra edad”.
La mejora de la supervivencia no eliminó las enfermedades crónicas. La investigadora indicó que la incapacidad para realizar actividades básicas se ha retrasado y que el periodo medio de pérdida de autonomía se limita a cuatro años, aunque el comienzo de las enfermedades se adelanta y prolonga los periodos de atención.
Las generaciones nacidas desde 1945 llegan a edades avanzadas con una experiencia laboral, educativa y vital distinta de la de sus predecesoras. Puga consideró que ese cambio obligará a revisar las políticas de envejecimiento activo, porque “no les vale esa visión pasiva de la vejez”.
Barrios y redes de proximidad como factores de autonomía
El entorno físico puede reforzar o debilitar la vida social en la vejez, según explicó Puga. Los barrios con espacios para caminar, relacionarse y permanecer en la calle favorecen redes de proximidad, mientras que una iluminación insuficiente puede acrecentar el miedo a salir y reducir la actividad cotidiana.
El temor a las caídas tiene efectos que van más allá de una limitación física. La reducción de las salidas deriva en más sedentarismo y aislamiento social.
Las relaciones de cercanía adquieren una importancia particular después de los 75 años, cuando aumenta el riesgo de discapacidad. Puga señaló que muchos hombres de esas generaciones construyeron sus vínculos principalmente en el trabajo y concentran sus relaciones en la familia y la pareja cuando se jubilan o pierden movilidad.
Las mujeres de esas cohortes, en cambio, desarrollaron con mayor frecuencia redes de vecindad durante periodos fuera del mercado laboral. La investigadora sostuvo que esos vínculos cotidianos ganan peso tras la viudez y que, a esas edades, los vecinos pueden resultar más importantes que los amigos para el día a día.
Puga advirtió que las nuevas generaciones de mujeres, con trayectorias laborales más parecidas a las de los hombres, pueden llegar a la vejez sin esa red de proximidad que caracterizó a sus madres. El vecindario, el farmacéutico, los comercios y otros contactos cotidianos pasan a formar parte de una red que puede detectar fragilidad o soledad.
Atención sanitaria y cuidados sociales, una coordinación pendiente
La investigadora identificó la gestión de las enfermedades crónicas como el primer desafío para las políticas públicas. Al describir la atención actual, que depende del esfuerzo de los profesionales pese a estar pensada para episodios agudos, afirmó: “Está funcionando gracias al esfuerzo de los profesionales como un carro con ruedas cuadradas”.
Puga planteó la necesidad de evolucionar hacia un sistema orientado a trayectorias largas de enfermedad. La atención a personas con múltiples patologías requiere coordinación entre servicios sanitarios y sociales, especialmente después de una hospitalización.
La red de cuidados, añadió, ya no recae en una única cuidadora familiar. Las ayudas a domicilio, los servicios de compañía, la lavandería y otras prestaciones intervienen de forma simultánea, pero su gestión puede convertirse en una carga para las personas mayores y sus familias.
La figura del gestor de casos crece en Europa como respuesta a esa fragmentación. Su función consiste en centralizar las distintas ayudas y facilitar la coordinación, lo que permite a los familiares preservar el apoyo emocional sin asumir cada tarea cotidiana.
Puga citó el modelo de los países nórdicos, donde una red amplia de servicios evita que las familias se ocupen de forma directa de las labores básicas. Según explicó, el efecto no es la desaparición de los vínculos familiares: “El apoyo familiar, lejos de disminuir, ha aumentado y mejorado”.
La investigadora situó el problema en la transición entre el hospital y el domicilio. Al referirse a una persona mayor que recibe el alta tres días después de una fractura de cadera sin haber recuperado su autonomía, señaló: “Lo que hay que mejorar son todos los servicios de puente que hay entre el sistema sanitario y el social”.
Fuente: Infobae — Ver noticia original