La Cámara de Diputados del Congreso aprobó, en la noche del 6 de octubre, el texto sustitutorio que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar por decreto durante 90 días calendario en 20 submaterias repartidas entre seguridad ciudadana y la atención del Fenómeno El Niño. La votación obtuvo 66 votos a favor, 33 en contra y 24 abstenciones, tras una jornada que incluyó el rechazo inicial del mismo dictamen y la caída de dos propuestas en minoría. El proyecto fue remitido al Senado, que deberá completar el trámite bicameral antes de que el Gobierno pueda ejercer las atribuciones.
Inicialmente, el Pleno había rechazado el dictamen en mayoría de la Comisión de Constitución con 73 votos en contra, 49 a favor y dos abstenciones, con el voto conjunto de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Tras ello, se debatieron dos textos en minoría: uno de los fujimoristas Arturo Alegría y Jaime Abensur, que planteaba otorgar 50 facultades adicionales, y otro de Juntos por el Perú, que proponía archivar todo el pedido.
Un incidente retrasó la votación cuando Alegría anunció que el texto a debatir contemplaba solo 30 facultades, lo que llevó al diputado Ernesto Zunini a exigir el cumplimiento del Reglamento. Tras cuartos intermedios, la Mesa Directiva sometió a votación una cuestión previa para debatir la versión original de 50 puntos, que fue aprobada, pero en la votación subsiguiente ambos dictámenes en minoría fueron rechazados.
Con los textos en minoría descartados, la diputada Roxana Rocha de Renovación Popular presentó una reconsideración para rescatar el dictamen original de la Comisión de Constitución. La moción obtuvo 75 votos a favor, 33 en contra y 16 abstenciones, lo que permitió someterlo nuevamente a votación. Esta vez fue aprobado con 66 votos a favor, 33 en contra y 24 abstenciones.
Facultades en seguridad ciudadana
- Migración y nacionalidad: modificación del Decreto Legislativo 1350, el Decreto Legislativo 1130 y las leyes de nacionalidad 26574 y 32421, para fortalecer el control migratorio, el registro de información y la lucha contra el fraude en procesos de nacionalización.
- Telecomunicaciones y seguridad: cambios a los decretos legislativos 1182, 1338 y 1688 para fortalecer la geolocalización de equipos móviles, el registro y bloqueo de líneas usadas ilícitamente, y las facultades de supervisión de OSIPTEL.
- Sistema penitenciario: reforma del Instituto Nacional Penitenciario y de la Ley de la Carrera Especial Penitenciaria, con la posibilidad de ceder cuarteles de las Fuerzas Armadas para su adecuación como establecimientos penitenciarios.
- Responsabilidad penal de adolescentes: modificación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que incluye el internamiento diferenciado para quienes alcancen la mayoría de edad tras cometer delitos graves.
- Delitos informáticos y personas jurídicas: actualización de la Ley de Delitos Informáticos y de la norma sobre responsabilidad administrativa de personas jurídicas vinculadas con crimen organizado.
- Criminalidad organizada: fortalecimiento de la respuesta penal frente a extorsión, sicariato, secuestro y bandas criminales, mediante cambios al Código Penal y al Código Procesal Penal, con límites a beneficios como la terminación anticipada.
Catorce submaterias orientadas al Fenómeno El Niño
- Ayuda humanitaria directa: facultad del Instituto Nacional de Defensa Civil para entregar bienes de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días calendario de una emergencia.
- Simplificación administrativa: eliminación de requisitos duplicados y estandarización de procedimientos equivalentes entre entidades del Estado.
- Digitalización estatal: requisitos técnicos de interoperabilidad y seguridad para plataformas públicas, gestión documental y credenciales digitales.
- Financiamiento agrario: creación del certificado de cosecha electrónico y optimización de las compras estatales de alimentos de la agricultura familiar.
- Transferencia tecnológica agraria: fortalecimiento del Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario (Secigra Agrario) y del Sistema Integrado de Estadística Agraria.
- Asociaciones público-privadas: medidas para que el inversionista asuma estudios técnicos y liberación de interferencias en proyectos de infraestructura.
- Saneamiento de predios: adquisición, expropiación y regularización de bienes inmuebles requeridos para proyectos de inversión pública.
- Bienes estatales: optimización y reversión al Estado de inmuebles de dominio público o privado no utilizados, mediante cambios a los decretos legislativos 1192 y 1439.
- Liberación de interferencias: agilización de trámites para la ejecución de obras de infraestructura, con exoneración de autorizaciones municipales en ciertos casos.
- Obras por impuestos: ampliación de la Ley 29230 a la gestión del riesgo de desastres y a la construcción de viviendas rurales para población damnificada.
- Servicios de agua y saneamiento: modificación del Decreto Legislativo 1280 para garantizar factibilidad de proyectos de vivienda de interés social en zonas afectadas.
- Régimen registral especial: procedimientos simplificados para la inscripción de actos y contratos vinculados a proyectos de vivienda de interés social.
- Bonos habitacionales: cambios a las leyes del Bono Familiar Habitacional, el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables y el Bono de Arrendamiento para Emergencias.
- Acceso al agua potable: ampliación de la Ley 32065 para habilitar soluciones tecnológicas no convencionales en proyectos de vivienda de interés social.
Fuente: Infobae — Ver noticia original