Una madre y sus dos hijos contrataron a dos arquitectos para construir una vivienda familiar en un terreno de su propiedad, en la ciudad bonaerense de La Plata. Sin embargo, el proyecto quedó inconcluso y las pericias posteriores detectaron graves defectos en columnas, vigas y paredes que comprometían la estabilidad del inmueble.
El conflicto terminó en la Justicia, donde la familia reclamó una reparación económica por los perjuicios ocasionados. Tras analizar las pruebas, la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata responsabilizó a los profesionales y elevó la indemnización a más de $78 millones, al considerar que la construcción era peligrosa y debía demolerse por completo.
Cómo fue la construcción de la casa que terminó en una demanda millonaria
El proyecto contemplaba la edificación de una vivienda e incluía la elaboración de los planos, los trámites de empadronamiento y la dirección ejecutiva de los trabajos.
Aunque la familia había contratado a los arquitectos para supervisar el desarrollo del proyecto, la construcción quedó interrumpida cuando apenas se había completado una cuarta parte de lo previsto.
Los problemas comenzaron a quedar en evidencia durante las evaluaciones técnicas, que detectaron irregularidades estructurales de considerable gravedad.
Los peritos determinaron que la edificación presentaba un riesgo concreto de derrumbe y que los defectos no podían solucionarse mediante reparaciones parciales.
Entre las principales deficiencias identificadas se encontraban:
- Columnas: problemas estructurales que comprometían la estabilidad de la construcción.
- Vigas: defectos en elementos fundamentales para la resistencia del inmueble.
- Mampostería: irregularidades que afectaban la seguridad general de la obra.
- Estructura completa: condiciones que impedían aprovechar de manera segura lo construido.
Los especialistas concluyeron que la única solución técnicamente viable era demoler la totalidad de la estructura y comenzar nuevamente.
Por qué la Justicia responsabilizó a los arquitectos
En primera instancia, el juzgado había hecho lugar a la demanda y establecido una indemnización superior a $70 millones, más intereses y costas judiciales.
Sin embargo, tanto los profesionales como la aseguradora y los integrantes de la familia apelaron distintos aspectos de la resolución. Los arquitectos intentaron desligar su responsabilidad al señalar que la ejecución material había sido realizada por un constructor independiente.
La Cámara rechazó ese argumento y consideró que los profesionales tenían la obligación de controlar y supervisar correctamente los trabajos, independientemente de quién realizara las tareas de construcción.
Según los magistrados, las deficiencias detectadas demostraban que no se habían cumplido adecuadamente las obligaciones vinculadas con la dirección ejecutiva del proyecto.
El tribunal también descartó el planteo de la aseguradora, que sostenía que algunos sectores podían aprovecharse para reducir los costos de reparación. Las conclusiones periciales indicaban lo contrario: la estructura debía demolerse completamente.
Cómo se calculó la indemnización de más de $78 millones
Al revisar la sentencia, la Cámara aumentó los montos reconocidos para compensar los daños sufridos por la familia.
La reparación económica contempló dos conceptos principales:
- Más de $60 millones por daño emergente: destinados a compensar los perjuicios materiales relacionados con la construcción defectuosa.
- $18 millones por daño moral: por la frustración, la angustia y las consecuencias personales que provocó la imposibilidad de concretar la vivienda.
Los jueces también consideraron el endeudamiento asumido para financiar el proyecto y las dificultades que atravesaron los demandantes al no poder habitar la propiedad.
Para actualizar los valores, el tribunal aplicó el Índice del Costo de la Construcción publicado por el INDEC y estableció los intereses correspondientes.
Finalmente, la Cámara impuso las costas de la apelación a los condenados y a la compañía de seguros, al considerar acreditada la responsabilidad profesional por los defectos que volvieron inutilizable la construcción.
Fuente: TN — Ver noticia original