La reducción de los recursos destinados a la infraestructura vial y la paralización de obras nacionales profundizan el deterioro de las rutas en Formosa. Entre 2023 y 2025, la ejecución presupuestaria destinada a mantener y concretar trabajos viales en la provincia cayó un 77%, según el informe “Análisis del Financiamiento Vial en Argentina”. Frente a este escenario, el Gobierno formoseño utiliza fondos propios y recursos de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para atender tareas que corresponden a la Nación.
De acuerdo con el relevamiento, el presupuesto de Vialidad Nacional destinado a las provincias para obras viales registró una caída del 79%, hasta alcanzar su nivel más bajo en tres décadas. A su vez, los fondos destinados al mantenimiento de rutas disminuyeron un 70% desde diciembre de 2023. La situación afecta tanto la conservación de los caminos como la continuidad de proyectos estratégicos para la conectividad provincial.
Uno de los puntos centrales del reclamo es la falta de ejecución de los recursos del Sistema de Infraestructura del Transporte (Sisvial), un fondo fiduciario que se conforma con parte de lo recaudado a través del impuesto a los combustibles y tiene como destino específico el mantenimiento y las obras viales. El administrador general de la DPV, Javier Caffa, sostuvo que existen recursos que no están siendo aplicados a ese fin.
“Hay 1,1 billones de pesos retenidos por el Ministerio de Economía de la Nación, que no ha invertido en este propósito específico. Se debe aclarar que no son fondos de libre disponibilidad”, señaló el funcionario. Según los datos citados, de los $1,5 billones recaudados por el Impuesto a los Combustibles, solamente $394.406 millones fueron destinados a obras, lo que representa una ejecución del 26,2%. El 73,8% restante no se aplicó a ese objetivo.
La Defensoría del Pueblo de Formosa llevó la cuestión ante la Justicia Federal y denunció la posible colocación de esos recursos en plazos fijos y otros instrumentos financieros, entre ellos LECAP, LECER y BONCAP. La presentación plantea interrogantes sobre el destino de los fondos recaudados para financiar infraestructura vial y su falta de utilización en las rutas.
Las consecuencias de la paralización se reflejan en distintos corredores nacionales. Uno de los casos señalados es la Ruta Nacional N.º 86, en el tramo entre Zalazar y Guadalcázar, donde el avance de la maleza llegó a dificultar la circulación hasta dejar prácticamente cerrado el camino. Ante esa situación, Vialidad Provincial debió intervenir con personal y maquinaria para recuperar las condiciones de transitabilidad.
MÁS INFO
Caffa también enumeró obras que quedaron interrumpidas, entre ellas distintos tramos de las rutas nacionales 11 y los trabajos previstos en las rutas provinciales 23, 6 y 8. Según explicó, algunos proyectos superaban el 80% de avance cuando fueron paralizados, mientras que varios contratos debieron rescindirse. “En estos casos se hace cargo la provincia, porque hay miles de comprovincianos que tienen que acceder a la salud, a la educación y salir de sus localidades. Entonces, la provincia con fondos propios, a través de Vialidad Provincial, hace el mantenimiento que tendría que hacer la Nación”, afirmó.
El funcionario advirtió que esa situación obliga a destinar recursos provinciales a caminos nacionales, en lugar de concentrarlos en la red vial bajo jurisdicción de Formosa. También recordó que la autovía entre el Puente Blanco y la intersección de las rutas nacionales 11 y 81 continúa sin avances significativos. El proyecto permanece prácticamente en las mismas condiciones que al inicio de la actual gestión nacional, pese a su importancia para la circulación local, nacional e internacional.
El deterioro de las calzadas también representa un problema de seguridad vial. Caffa sostuvo que el abandono de las tareas de conservación tiene consecuencias sobre la circulación y puede contribuir a la ocurrencia de siniestros. En ese sentido, cuestionó la interrupción del sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento (CREMA), que anteriormente se utilizaba para sostener trabajos de conservación en distintos corredores.
A la crisis de infraestructura se suma el impacto laboral dentro de Vialidad Nacional. Según los datos difundidos por los gremios, entre diciembre de 2023 y abril de 2026 se registraron 1.466 despidos, mientras que los salarios de 2.900 trabajadores permanecen congelados. Además, 785 puestos de agentes en las provincias estarían en riesgo. La paralización de las obras también afectó a los trabajadores de la construcción vinculados con los proyectos viales, que quedaron sin actividad tras la interrupción de los contratos.
Las perspectivas para 2027 tampoco muestran una recuperación de la inversión nacional en Formosa. El proyecto de Presupuesto Nacional contempla $12.197 millones para obras en la provincia, una cifra equivalente al 0,93% del total previsto en ese apartado. Ese monto, según el planteo difundido, resulta insuficiente frente a las necesidades de infraestructura y los proyectos pendientes.