La conducta suicida entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes presenta una tendencia creciente en el litoral Pacífico colombiano, particularmente en Chocó y el Pacífico nariñense, de acuerdo con el estudio Buen futuro en el Pacífico colombiano. Estudio sobre trayectorias de salud mental y conducta suicida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, publicado por la Defensoría del Pueblo.
El informe reúne información de todos los municipios de Chocó, de Buenaventura, Guapi, Timbiquí y López de Micay, en el Pacífico medio, y de 15 municipios del litoral Pacífico nariñense. El análisis combina datos oficiales sobre conducta suicida, mortalidad, violencia, educación y condiciones socioeconómicas con grupos focales y entrevistas realizadas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, principalmente pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades negras y afrocolombianas.
Uno de los datos más relevantes fue que, entre 2021 y 2025, se registraron 122 suicidios de personas entre 5 y 28 años en los territorios priorizados por la investigación. En el periodo analizado, Chocó registró 39 suicidios de menores; el Pacífico nariñense, 51; y el Pacífico medio, 32.
Chocó y el aumento de la tasa de suicidio
La situación de Chocó ocupa un lugar central en el informe. Además de los 39 suicidios registrados entre 2021 y 2025, el departamento acumuló 453 intentos de suicidio en personas de 5 a 28 años. La tasa pasó de 1,79 a 4,16 por cada 100.000 habitantes durante el periodo estudiado, mientras que el comportamiento nacional fue descrito como relativamente estable.
Entre los municipios con mayor número de intentos aparecen Quibdó, con 107 casos; Bojayá, con 76; Istmina, con 38; Tadó y Riosucio, con 22 cada uno, y Alto Baudó, con 21. En cuanto a los suicidios consumados, Quibdó registró 16 casos, mientras Alto Baudó, Carmen del Darién e Istmina tuvieron cuatro cada uno. En Bojayá se concentró el 54% de los intentos registrados entre población indígena del departamento.
La Defensoría señala que los registros deben analizarse considerando la posibilidad de subregistro. La dispersión geográfica, la baja densidad poblacional, las dificultades de acceso a servicios y la débil presencia institucional pueden limitar la identificación y reporte de los casos.
En 2025, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró 1.080 muertes por suicidio en personas de 5 a 28 años en Colombia; 28 ocurrieron en los municipios priorizados por el estudio. La tasa nacional fue de 5,6 por cada 100.000 personas de ese rango de edad, frente a 4,2 en el litoral Pacífico.
El estudio también encontró que el 72% de los suicidios registrados en Chocó no tenía una razón establecida en el registro forense, equivalente a 28 de los 39 casos. Entre las razones identificadas aparecen conflictos con pareja o expareja, desamor y enfermedad mental. En los intentos, los problemas familiares fueron uno de los factores desencadenantes con mayor presencia, seguidos por conflictos de pareja o expareja, maltrato físico, psicológico o sexual y problemas económicos.
Pobreza, conflicto, racismo y barreras de atención
La Defensoría relaciona la conducta suicida con un conjunto de determinantes sociales que se acumulan a lo largo de las trayectorias de vida. Entre ellos identifica racismo estructural y exclusión étnico-racial, conflicto armado, pobreza multidimensional, inseguridad alimentaria, violencias basadas en género y precariedad material.
El informe también documenta riesgos asociados al reclutamiento forzado, el desplazamiento, el confinamiento, las amenazas y la ruptura de los vínculos comunitarios. A estos factores se agregan el choque cultural, el consumo de sustancias psicoactivas, la idealización de economías ilegales como modelo de vida y riesgos relacionados con los entornos digitales.
Las condiciones económicas muestran diferencias frente al promedio nacional. Para el conjunto del litoral Pacífico, el índice de pobreza multidimensional registrado en el informe alcanza 68,2%, frente a 19,6% en Colombia. Asimismo, el 57,96% de la población presenta al menos una necesidad básica insatisfecha, frente al 14,28% nacional. En educación, mientras cerca de 46 de cada 100 jóvenes del país acceden inmediatamente a la educación superior, en el litoral Pacífico lo hacen alrededor de 32.
El acceso a la salud mental constituye otro de los problemas identificados. La Defensoría señala una distancia estructural entre el sistema biomédico y los sistemas propios de conocimiento, cuidado y sanación de pueblos indígenas y comunidades negras y afrocolombianas. También registra insuficiencia de oferta institucional, concentración de servicios especializados, disponibilidad limitada de talento humano, dificultades de transporte y conectividad, dispersión geográfica y problemas para garantizar continuidad en la atención.
De acuerdo con las voces recogidas en los grupos focales, niñas, niños, adolescentes y jóvenes enfrentan dificultades para expresar su malestar y buscar apoyo debido al temor al juicio familiar o comunitario, la minimización de sus experiencias por parte de adultos y el desconocimiento de los servicios disponibles.
La respuesta que plantea la Defensoría
El estudio propone reconocer el denominado derecho al buen futuro, entendido como la posibilidad de que los menores en esa región del país construyan proyectos de vida basados en la confianza, la esperanza y condiciones materiales y sociales que permitan hacerlos posibles.
Para la entidad, la conducta suicida no debe ser abordada únicamente desde una perspectiva clínica, sino considerando las condiciones territoriales y sociales en las que se desarrollan las trayectorias de vida.
Entre las recomendaciones se plantea una estrategia intersectorial para el litoral Pacífico que articule salud, educación, protección, deporte, cultura, ambiente y justicia, con enfoques étnico-racial, de género y de curso de vida. También se propone fortalecer los sistemas propios de cuidado y sanación y articularlos con las redes de salud mental.
La Defensoría recomienda además activar una ruta territorial inmediata de respuesta frente al riesgo suicida en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con responsabilidades claras para identificar, orientar, remitir, confirmar la atención y hacer seguimiento. “Esta es la recomendación más urgente, porque protege la vida en el corto plazo.”
El informe plantea finalmente mejorar el registro y seguimiento de la conducta suicida, fortalecer la identificación temprana en escuelas, garantizar acompañamiento familiar y comunitario después de cada alerta o intento, y consolidar redes locales de cuidado y apoyo mutuo.
A continuación puede leer el informe completo de la Defensoría del Pueblo:
Fuente: Infobae — Ver noticia original