El fiscal Gerardo Pollicita consideró este viernes que no hay elementos suficientes para sostener que el exjefe de Gabinete del gobierno libertario, Manuel Adorni, se enriqueció de forma ilegal durante su paso por la gestión pública. De acuerdo al dictamen, al que accedió El Destape, el acusador público no pudo probar que el incremento patrimonial del exvocero haya sido producto de una actividad ilegal mientras fue parte del gabinete de Javier Milei. Convalidó el planteo de la defensa de que los más de 400 mil dólares que gastó Adorni justo mientras fue parte de la Casa Rosada –la inmensa mayoría en efectivo- fue producto de la venta de Bitcoin que adquirió entre 2014 y 2018. Lo hizo porque no pudo demostrar lo contrario. No porque eso se haya constatado. Para intentar edulcorar un dictamen escandaloso pidió que el ex jefe de Gabinete sea investigado por posible evasión impositiva en el fuero Penal Económico.
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La clave del dictamen fiscal fueron las 8 direcciones de Bitcoin que la defensa de Adorni aseguró que eran suyas y con las que dijo que se hizo de USD 591.544,61. Es la suma con la que pudo cubrir los escandalosos gastos que se le conocieron mientras fue funcionario, que ascendieron –como mínimo- a USD 402.578,12, de los que un 92% se cubrieron en efectivo. Es decir, las billeteras cripto fueron la explicación que se dio para justificar el origen del dinero investigado. Se trata de un elemento determinante que el exjefe de Gabinete recién incluyó en la causa el 20 de septiembre pasado cuando tuvo que responder un requerimiento de justificación patrimonial que le hizo el fiscal porque las explicaciones que había dado el exjefe de Gabienete hasta el momento eran endebles. ¿Qué sostuvo Pollicita? Que no se pudo descartar la hipótesis planteada por la defensa a partir de esas 8 billeteras cripto.
Para el fiscal “la tenencia de moneda extranjera que Manuel ADORNI exteriorizó mediante las declaraciones rectificativas bajo el concepto de ‘venta de activos’ —USD 565.000 al inicio de 2023—, cuyo origen la defensa sitúa en la operatoria con Bitcoin desarrollada entre 2014 y 2018, no pudo ser desvirtuada por esta Fiscalía y explica el núcleo del incremento patrimonial que motivó el requerimiento de justificación”.
Según se desprende de los informes técnicos de la Policía Federal citados por el fiscal en su dictamen de 38 páginas no hay prueba histórica de titularidad de las 8 direcciones que Adorni asegura eran suyas; no hay tampoco comprobante de compra venta de los Bitcoin que el exjefe de Gabinete dijo haber vendido; y no hay trazabilidad de que los criptoactivos que se dice haber vendido sean los que generaron los dólares usados por el exvocero. A pesar de estos vacíos, el fiscal adujo que tampoco los informes le permiten demostrar que Adorni no haya sido el titular de las 8 direcciones entre 2014 y 2018.
“En el caso, con la prueba aunada no se ha podido descartar que el capital principal se haya formado entre 2014 y 2018, como fuera alegado, varios años antes del 14 de diciembre de 2023, y como así tampoco pudo vincularse el monto por el que fue requerido con un acto funcional, una contraprestación o una fuente ilícita asociada a la función”, afirmó Pollicita en una actitud más cercana a la de un defensor que a la de un acusador público.
La explicación pública de Adorni fue que tenía unos 200.000 dólares de ahorro, en negro, y que invirtió todo en Bitcoin entre 2014 y 2018 (para los expertos, invertir para esa época todo en Bitcoin es algo muy difícil de encontrar). La mayor inversión fue en 2017. Es decir, invirtió USD 200.000 y generó casi USD 600.000.
De acuerdo a lo relatado por la defensa, Adorni se encontraba con gente anónima en lugares públicos y allí hacían las transacciones. “Adorni se encontraba personalmente con quienes le vendían las criptomonedas, oportunidad en la que estos le transferían los Bitcoin y mi asistido entregaba, a cambio, el dinero en efectivo correspondiente”, explicó el abogado del exjefe de Gabinete, Matías Ledesma, en la respuesta al requerimiento de justificación patrimonial. “Por razones de seguridad, esos encuentros se realizaban siempre en lugares públicos, y ninguna de las partes se identificaba, manteniéndose estricta reserva y anonimato”, agregó el letrado en el relato, para dejar en claro que no se iba a poder contactar a quienes se supuestamente hicieron transacciones con Adorni.
Interrogantes, un olvido y el peligroso antecedente
Una serie de sucesos invitan a sospechar sobre la explicación que dio Adorni de cómo se originó el dinero que es materia de investigación en esta causa. Se trata de hechos que no fueron valorados por el fiscal Pollicita, quien no profundizó en la hipótesis del enriquecimiento ilícito. Ante este escenario, los interrogantes se multiplican:
- ¿Adorni invirtió en Bitcoin y ganó una suma millonaria antes de ser funcionario pero vivió como si no tuviera ese dinero? (el vivir como si no los tuviera es una frase que usó la defensa en la contestación al requerimiento de justificación patrimonial).
- ¿Por qué Adorni en redes sociales decía que no sabía nada de Bitcoin?
- ¿Por qué el exvocero se endeudó para adquirir determinados bienes y hasta reclamaba por unas salchichas en mal estado si tenía casi USD 600.000?
- Cuando se comenzaron a conocer sus gastos obscenos siendo funcionario (adquisición de propiedades y viajes de lujo), el exjefe de Gabinete aseguró que tenía todo declarado y no dijo públicamente que en realidad el dinero era producto de una inversión en Bitcoin hasta casi el final de la investigación. ¿Por qué esperó meses para contar la supuesta verdad?
- ¿Justo Adorni decidió comenzar a gastar ese dinero que ganó antes de ser funcionario cuando llegó a la Casa Rosada? ¿No será acaso que antes no lo tenía?
- ¿Por qué siempre usó efectivo?
A esto se suma un “olvido” que destacó Maximiliano Firtman, periodista de tecnología y director de codemia, que da cuenta de lo endeble que fue el estudio que se hizo en la causa de los movimientos cripto que Adorni usó para su defensa. “El fiscal, y por lo que veo los informes de los técnicos de las fuerzas federales que hicieron el análisis, omitieron que esas billeteras tenían otras criptomonedas (BCH, BTG) y que fueron vendidas (podrían ser 60 mil dólares) que no figuran en el argumento de Adorni. Un poco más, un poco menos, es todo lo mismo… ¿quién no se olvida 60k verdes?”, resaltó Firtman en un posteo en la red social X. Y añadió sobre las conclusiones a las que llegó Pollicita: “Si este criterio queda firme y genera jurisprudencia, cualquier denuncia por enriquecimiento ilícito podría intentar resolverse consiguiendo alguien que te venda las claves privadas de una billetera sin fondos pero con movimientos en el pasado. Te juntás un par que sumen más o menos lo que tenés que justificar según las fechas de venta que tiene registradas y, joya, nunca taxi”.
En esta línea, en tribunales no faltan quienes creen que “el dictamen sobre Adorni merece la inmediata atención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas”, es decir, de la Fiscalía Anticorrupción que ya intervino en el caso $LIBRA cuando el fiscal Eduardo Taiano impulsó el sobreseimiento de todos los acusados. “El estándar relativo al enriquecimiento ilícito en Comodoro Py, cuanto menos por el delito de omisión maliciosa (art. 268 inc. 3 del Código Penal), es decidida y dominantemente contrario a la renuncia del fiscal a acusar”, explicaron.
Paso a paso, cómo fue la maniobra para favorecer a Adorni
La maniobra para favorecer a Adorni se centró en el uso de las 8 direcciones cripto que el exjefe de ministros esgrimió como origen de los fondos investigados.
Pollicita, adoptando una actitud más de defensor que de acusador, afirmó: “Las erogaciones en dólares estadounidenses identificadas durante todo el período investigado ascienden a USD 402.578,12 —el 92,9% de ellas canceladas en efectivo— y quedan comprendidas en esa tenencia (los dólares que surgirían de la venta de Bitcoin)”. Para el fiscal con los más de USD 500.000 de la supuesta venta de activos cripto Adorni cubrió: “Los USD 20.000 que, junto con un mutuo hipotecario por USD 100.000 instrumentado en la Escritura N° 119, integraron el precio del lote 380 del Country Indio Cuá, y los USD 5.000 de la tasa de ingreso; los pagos efectuados a Matías TABAR por la remodelación de esa vivienda(NdR: habrían ascendido a USD 245.000 cash) y por el mobiliario del inmueble de Miró 550; los USD 30.000 abonados al contado al escriturar ese inmueble en noviembre de 2025; y los gastos por viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y aranceles escolares que el grupo familiar afrontó en efectivo”.
La operación para poder sostener que Adorni no se enriqueció ilegalmente constó de tres pasos:
1) El 1º de octubre se realizó una verificación criptográfica para establecer si el exvocero en la actualidad tenía acceso a las 8 billeteras cripto, algo que lógicamente se pudo corroborar: “La diligencia acredita, por lo tanto, que, al momento del acto, las claves de acceso para la administración de las ocho billeteras invocadas se encontraban en poder de la defensa de Manuel ADORNI”. El informe lo hizo el Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina (PFA) y la defensa no designó perito de parte.
2) Luego se encomendó al Departamento Técnico Cibercrimen de la PFA un informe especializado para entre otras cosas “establecer quién controlaba las direcciones entre los años 2014 y 2018”. De ese análisis se desprendió que no se podía determinar si entre 2014 y 2018 Adorni tenía el acceso a esas direcciones. Este movimiento fue el clave. Porque al fiscal le alcanzó con que no se pueda determinar por la negativa. Es decir, que no se puede confirmar que el exjefe de gabinete no tenía el acceso. ¿Qué sostuvo este informe? Que “una firma válida hecha hoy demuestra acceso actual a la clave, pero no fecha cuándo comenzó ese acceso ni demuestra exclusividad”. “No existe ningún registro directo que guarde la identidad de quien hizo los movimientos, ya que la red Bitcoin es anónima y solo registra códigos numéricos, no nombres de personas”, se especificó.
3) Como el estudio determinó que quien tiene acceso hoy pudo haberlo tenido entre 2014 y 2018 –lo consideró una posibilidad “sólida”-, Pollicita consideró que la hipótesis de la defensa era sostenible. “Los técnicos concluyeron que la hipótesis según la cual Manuel ADORNI controlaba las billeteras mientras operaron es ‘técnicamente sólida y consistente con una hipótesis en la que actualmente también posea el control’”, afirmó el fiscal. Y añadió, favoreciendo a Adorni: “El registro público demuestra que esas direcciones tuvieron actividad entre 2014 y 2018, que varias de ellas fueron manejadas de manera conjunta y que hoy sus claves se encuentran en poder de su defensa, con capacidad de generar firmas válidas; el examen técnico descarta que exista medio alguno para afirmar que otra persona las controlaba entonces y califica como técnicamente sólida la hipótesis de que las controlaba el mismo que las controla hoy”. Por todo eso, Pollicita concluyó: “Así entonces, este Ministerio Público Fiscal considera que los resultados arrojados por las medidas de prueba efectuadas durante la instrucción no permiten controvertir la versión brindada por la defensa con relación al dominio sobre estas direcciones de criptoactivos por parte del investigado”.
Luego, el fiscal analizó los ingresos lícitos de Adorni y su esposa Bettina Angeletti para terminar de cerrar el círculo que blinde al exfuncionario de Milei. Básicamente estudió si la pareja –que ingresó al Régimen de Inocencia Fiscal – tuvo ingresos para afrontar la inversión de 200.000 dólares que dijeron haber hecho en Bitcoin. Pollicita hizo una cuenta un tanto dudosa. Consideró sensato que se dedicase la mitad de los ingresos a una inversión riesgosa como lo era Bitcoin entre 2014 y 2018. “Las remuneraciones formalmente registradas con anterioridad al año 2014 arrojan un acumulado aproximado de USD 335.000 —cifra que se eleva a unos USD 493.000 si el horizonte de observación se extiende hasta 2018—. Con esa referencia, los USD 200.000 que la asistencia técnica de Manuel ADORNI invoca haber destinado a la adquisición de activos virtuales equivalen a algo más de la mitad de las remuneraciones acumuladas; esta relación permite considerar la inversión compatible con la escala de ingresos formales del matrimonio durante más de una década”. ¿Invirtieron la mitad de sus ingresos? ¿Y cómo vivieron con la mitad de lo que les ingresaba?
En diálogo con El Destape, el especialista Maximiliano Firtman afirmó: “Para el fiscal, así como no se puede validar que las billeteras eran de Adorni tampoco se puede contrastarlo y decir que eran de otra persona y por eso concluye que el argumento de la defensa es válido”. Y contó qué dice “GPT-6 sobre el escrito del fiscal de 38 páginas: ‘Mi impresión es que el dictamen de Pollicita tiene un razonamiento técnico correcto sobre Bitcoin, pero una conclusión judicial bastante más discutible. No porque la explicación de Adorni sea necesariamente falsa, sino porque el fiscal parece pasar de ‘no puedo demostrar que sea falsa’ a ‘la explicación justifica el patrimonio’”.
Un dato no menor: Firtman invirtió en Bitcoin en la misma época que Adorni dijo haberlo hecho y todos sus movimientos con comprobables e identificables a un individuo: “Mi primera transacción con Bitcoin en Argentina fue en 2015. En la época de Adorni. Y la hice con Exchange. Tengo recibo. Y tengo transferencia a CBU. Yo puedo probar que hice esas transacciones”, señaló.
Por su parte, el especialista en ciberseguridad, Julio López, aseguró a El Destape: “No hay prueba histórica de titularidad de las 8 direcciones. No hay comprobante de compra-venta. No hay trazabilidad que permita acreditar que los criptoactivos se correspondan con los dólares usados por Adorni. Pero el fiscal insiste en creer”. “¿Cuál hubiera sido la diferencia de decir ‘Me los encontré’?”, se preguntó.
La evasión como mal menor
En su estrategia, la defensa de Adorni siempre apuntó a que si se lo tiene que juzgar, sea por evasión y no por enriquecimiento ilícito, ya que las sanciones son menors. Por eso, la decisión de Pollicita de avanzar en contra del exjefe de Gabinete con esa acusación no es algo que incomode mucho al exvocero.
“De la propia justificación brindada por la defensa, mediante la que se reconoció que las declaraciones juradas rectificativas incorporaron ‘materia antes no declarada’ y que los ahorros del matrimonio se conservaron durante años en efectivo, ‘por fuera del sistema bancario y del radar de ARCA’, se desprende un comportamiento ilícito con consecuencias jurídicas de naturaleza penal económica”, señaló Pollicita. Por la forma en que la defensa presentó ese tema pareciera una invitación a que la causa se mude de fuero. Que es lo que finalmente propone Pollicita, que el caso pase de Comodoro Py a los tribunales en lo Penal Económico.
En esa línea, el fiscal –que no vio un enriquecimiento ilícito- enumeró las siguientes irregularidades en materia tributaria:
- “En primer lugar, los ingresos profesionales que, según la defensa, financiaron la compra de Bitcoin y que no fueron declarados ante el organismo recaudador”.
- “En segundo término, el producido de la liquidación de esos activos entre 2014 y 2018 y la tenencia de moneda extranjera resultante, mantenida fuera de las declaraciones del Impuesto sobre los Bienes Personales hasta su exteriorización en 2026”.
- “En tercer lugar, los resultados de las operaciones posteriores con activos virtuales y los ingresos que las últimas declaraciones concentraron en conceptos no alcanzados o exentos —diferencias de cambio, resultados atribuidos a activos digitales y rendimientos financieros—, cuyo tratamiento fiscal no fue acreditado”.
- “En cuarto lugar, la divergencia entre el patrimonio y la renta que el requerido informó a la plataforma BINANCE al validar su identidad —del orden de USD 250.000 y USD 50.000, respectivamente— y las cifras exteriorizadas ante los organismos públicos”.
- “Por último, los mutuos invocados con Silvia PAIS y Norma ZUCCOLO, declarados ante el fisco sin prueba de la efectiva entrega de los fondos, que pudieron servir para asignar una causa formal a recursos hasta entonces no declarados”.
Para el fiscal hay “indicios, apreciados con la prudencia propia de esta etapa, de una ocultación frente al organismo recaudador, elemento que separa el ilícito penal de la mera infracción administrativa. Entre ellos se destacan la omisión de declarar la tenencia durante años, la cancelación del 92,9% de las erogaciones en moneda extranjera en efectivo y al margen del circuito bancario, la intervención de terceros en pagos efectuados por cuenta del matrimonio y la incorporación de los fondos recién cuando esta causa ya se encontraba en trámite”.
Además de favorecer a Adorni con el desistimiento de la acusación de enriquecimiento ilícito, Pollicita determinó que se “investiguen las conductas de Leandro MIANO, Pablo FEIJOO y Matías TABAR”, los intermediarios y el contratista que intervinieron en las operaciones inmobiliarias y de refacciones de Adorni en lo relativo a un departamento en Caballito y a una casa en el barrio privado Indio Cuá. Los dos primeros son socios en la desarrolladora TSJ Group y en la constructora Avda SRL. Feijoo es hijo de Beatriz Alicia Viegas, una de las dos jubiladas que le vendieron a Adorni el departamento de la calle Miró en el barrio de Caballito. En la justicia declaró que el exjefe de ministros le debe otros USD 65.000. Ingresó a la Casa Rosada, autorizado por el entonces vocero, el 22 octubre de 2025. Leandro Miano es hijo de Claudia Sbabo, la otra jubilada involucrada en la venta del inmueble de la calle Miró. Las dos jubiladas vendieron el departamento en noviembre de 2025 a un precio declarado de 230.000 dólares y, según precisó la escribana Adriana Nechevenko, le financiaron a Adorni 200.000 dólares, sin intereses. Tabar, por su parte, es el contratista que reveló que Adorni pagó 245.000 USD cash las refacciones en la casa de Indio Cuá.
El fiscal también pidió la remisión de la causa al Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para que se analice la intervención de la escribana de Adorni, la mentada Adriana Nechevenko, “ante las irregularidades advertidas en las operaciones investigadas.
Ahora, el requerimiento fiscal está en manos del juez Ariel Lijo, quien tendrá que resolver si hace lugar al pedido de Pollicita –quien tenía delegada la investigación- o no. Lijo fue el candidato del gobierno de Milei para la Corte Suprema de Justicia y no logró el apoyo del Senado para acceder al cargo.