Mientras el fenómeno climático de “El Niño” anticipa lluvias superiores a las habituales que podría extenderse hasta comienzos de 2027, nuestro país enfrenta obras hídricas paralizadas, fondos destinados a prevenir emergencias subejecutados y organismos de monitoreo debilitados. Un escenario que puede convertir un fenómeno climático en una crisis económica y social de mayor magnitud.
El problema es que el ajuste no solo dejó obras sin terminar sino que también redujo la capacidad de amortiguar el impacto de las lluvias sobre la producción, la infraestructura y las condiciones de vida de la población. El Fondo Hídrico, creado precisamente para financiar trabajos de prevención y mitigación de inundaciones, ejecutó apenas el 25,7% de sus ingresos en 2024 y el 19,7% en 2025. En paralelo, parte de sus recursos quedó colocada en letras del Tesoro, en lugar de traducirse en obras.
A su vez, la dimensión social es todavía más contundente. De los 6.467 barrios populares registrados en el RENABAP, 4.041 están expuestos a inundaciones y anegamientos. La falta de prevención, entonces, no es una discusión presupuestaria abstracta, implica dejar a millones de personas más expuestas a perder sus viviendas, sus pertenencias y sus fuentes de ingresos ante eventos climáticos cada vez más difíciles de afrontar.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Llegó “El Niño” pero el Gobierno desfinanció infraestructura hídrica clave para hacerle frente
El fenómeno climático “El Niño” se produce por el calentamiento del océano pacífico y, en Argentina, se traduce en más lluvias de lo habitual que podrían extenderse hasta inicios de 2027. Sin embargo, y pese a ser anticipado meses atrás, encontró al país con un alto nivel de vulnerabilidad en materia de servicios e infraestructura, situación de las viviendas y capacidades del Estado para responder.
En ese sentido, el punto crítico recae, sobre todo, en la situación del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica creado en 2001 por ley para prevenir inundaciones y que se encuentra sub-ejecutado. La legislación vigente afecta de manera específica una porción de la recaudación de combustibles para este fondo que debería mitigar inundaciones y garantizar infraestructura hídrica en el país.
MÁS INFO
Pese a ello, un informe privado analizó la evolución presupuestaria del Fondo y advirtió un quiebre marcado a partir de 2024. Entre 2017 y 2023, el Fondo alternó entre subejecución moderada (durante la gestión de Cambiemos) y años en que el gasto superó los recursos. A partir de 2024 este patrón se revirtió de manera abrupta: la ejecución cayó a 25,7% en 2024 y a 19,7% en 2025, el nivel más bajo desde 2015. Por su lado, en lo que va de 2026 parte de su capital se encuentra invertido en letras del Tesoro en lugar de sostener la ejecución de obras.
Los datos fueron presentados en un informe de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI) y permiten observar que dicha caída en la ejecución en no se explica por una merma de los ingresos. En términos reales, la recaudación tocó su piso en 2023 ($99.204 millones) y se recompuso en 2024 y 2025. En 2025 alcanzó $208.366 millones, el doble que en 2023, aunque todavía por debajo de los niveles de 2017-2021.
Por el contrario, lo que se desplomó fue el gasto que pasó de $596.250 millones en 2023 a $41.401 millones en 2024 y $52.594 millones en 2025, una caída superior al 90% en términos reales. De modo que estos últimos años se ejecutó menos de una décima parte de del nivel previo al inicio del Gobierno de Javier Milei.
A la par, según el Informe N° 145 de la Jefatura de Gabinete a la Cámara de Diputados, al 6/4/2026, el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica poseía $34.922 millones en cuentas a la vista y $258.000 millones invertidos en LECAP con distintos vencimientos. Esta colocación no financia el déficit de manera directa, pero le permite al Tesoro afrontar vencimientos de deuda o acumular reservas, aprovechando el resultado fiscal positivo que genera cobrar el impuesto sin ejecutar el gasto asociado.
“Colocar transitoriamente los excedentes de un fondo no es, en sí mismo, un problema. Es una práctica habitual en la administración de recursos públicos. El problema es hacerlo cuando las obras para las que ese fondo fue creado siguen sin realizarse, porque en ese caso no se trata de recursos que sobran, sino de recursos que la ley destinó a obras que todavía no existen o se encuentran a mitad de su ejecución”, plantearon los investigadores.
En ese sentido agregaron que “el Estado decidió priorizar la administración financiera de corto plazo por sobre la continuidad de obras preventivas” y esto “interpela la legitimidad misma del uso de fondos que la ley reservó para proteger a la población, y que el Estado, en cambio, redirige a sostener su propia posición financiera”.
El ajuste en otras partidas de infraestructura y gestión hídrica
Si se observan las partidas del presupuesto nacional, el panorama no es muy diferente. En un contexto de dos prórrogas presupuestarias consecutivas (2024 y 2025), la función Agua Potable y Alcantarillado sufrió una contracción drástica. En pesos constantes de 2026, el gasto devengado pasó de $2.550.000 millones en 2023 a $640.000 millones en 2024 y a $220.000 millones en 2025. Esto implica una caída real cercana al 91% en dos años. Para 2026, el Congreso aprobó un crédito de $310.000 millones, que durante el año se redujo a $240.000 millones. El proyecto de Presupuesto 2027 va en la misma dirección. Asigna $180.000 millones, una caída real del 93% respecto de lo devengado en 2023, según datos del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP).
Por su lado, la función Vivienda y Urbanismo, a su vez, muestra una baja aún más pronunciada. Pasó de $2.020.000 millones devengados en 2023 a $20.000 millones en el proyecto 2027, una caída real del 99%. Así, mientras el Fondo Hídrico retiene recursos que la ley afecta a obras de protección, las partidas ordinarias del presupuesto tampoco compensan esa ausencia.
A esto se suma el desmantelamiento de los instrumentos específicos de gestión del riesgo. En 2024 se disolvió formalmente el Fondo Nacional de Emergencias (FONAE) mediante el Decreto 888/2024. Por su parte, el Fondo Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (FONGIR), creado para financiar la prevención de desastres y la elaboración de mapas de riesgo locales, se encuentra en una situación de parálisis operativa.
Otro factor no menor es que, a la desinversión en obras se suma el debilitamiento de los organismos que deben anticipar el fenómeno. El Instituto Nacional del Agua (INA) perdió su autonomía y personal. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sufrió 140 despidos en abril de 2026 y depende de infraestructura con bajo mantenimiento. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) tiene un presupuesto un 25% menor que en 2025 en términos reales.
Consecuencias económicas y sociales por el recorte de obras
Un informe del Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR) alertó que seis de cada diez barrios populares del país —4.041 de los 6.467 inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)— están expuestos al riesgo hídrico. De ellos, 2.954 ya se inundan con lluvias regulares, y otros 1.087 están emplazados a la vera de cursos o cuerpos de agua que, frente a lluvias de esta magnitud, podrían desbordar. En esos barrios viven unos 4,2 millones de personas, de las cuales 1,9 millones son niñas, niños y adolescentes.
Esos barrios no están en zonas de riesgo por elección sino porque el acceso a la tierra y la vivienda sigue siendo una de las deudas democráticas más grandes de nuestro país junto con el acceso a servicios básicos. El 92% de los hogares no tiene acceso formal al agua, el 97% carece de conexión a cloacas, el 99% no tiene gas natural de red y el 66% no cuenta con conexión formal a la red eléctrica; el 71% no tiene calles asfaltadas y el 57% no tiene veredas.
“En un barrio con infraestructura, la lluvia escurre por calles pavimentadas, cunetas, bocas de tormenta y desagües. En un barrio popular, la falta de red pluvial, de cloacas y de pavimento provoca anegamientos y desbordes de pozos ciegos, y las conexiones eléctricas precarias generan riesgo de electrocución.”, alertaron desde la FDHI. A eso se suma la situación de las viviendas: el 60% presenta materialidad deficitaria en techos, paredes o pisos, y un 10,6% se considera irrecuperable.
Si bien se trata de problemas de larga data, lo cierto es que las medidas del actual gobierno de La Libertad Avanza agravaron la situación. En concreto, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) destinado a financiar las obras de infraestructura en los barrios populares inscriptos en el RENABAP fue paralizado. Según información oficial, el FISU acumula $257.489 millones colocados en instrumentos del Tesoro, mientras 636 obras permanecen completamente frenadas. “También en este caso, un fondo con afectación específica retiene recursos en instrumentos financieros mientras se interrumpen obras que reducirían la exposición de los barrios más vulnerables frente a las lluvias”, alertó el documento al que accedió este medio.
Así las cosas, “El Niño” encontró al país en medio de un retroceso histórico de la obra pública en general y de la gestión hídrica en particular. Esto trasladó, a su vez, la presión a provincias y municipios, que deben atender el efecto inmediato de la emergencia sin una política de prevención y planificación nacional acorde.