“Volví al principio. Estoy desgastada, estoy muy mal. Está toda la familia destrozada”. Con esas palabras, la madre de Lara Gutiérrez —una de las tres víctimas del triple crimen narco de Florencio Varela— resumió el estado en que quedó su familia tras la filtración y publicación del video donde se ve a su hija siendo torturada, días antes de su asesinato. La mujer describió el impacto que tuvo la difusión del material en su entorno más íntimo: sus hijos menores estuvieron expuestos al registro porque el video circuló por redes sociales hasta convertirse en stickers.
La filtración del video —cuya existencia había trascendido tiempo atrás pero cuyo contenido no había sido difundido públicamente— sacudió la causa judicial y reavivó el dolor de las familias. Según la madre, podría ver la cara de la menor “aterrada siendo torturada”. Luego de la intervención de la Fiscalía Federal N°2 de Morón, a cargo de la fiscal Mariela Labozzetta, el diario retiró el video, aunque dejó una captura estática del registro.
Para la mujer, la responsabilidad recae directamente sobre los magistrados que tenían a su cargo la custodia de esa prueba: “Acá estaban a cargo los dos jueces, que son los responsables de que se haya filtrado, porque eran ellos los que tenían la responsabilidad de custodiar ese video”.
La abogada querellante reconstruyó ante las cámaras el recorrido que hizo el material hasta hacerse público. El 6 de octubre, en el marco de un procedimiento por narcotráfico en San Isidro, se incautaron 200 kilogramos de cocaína y se detuvo a varios sospechosos. Durante el análisis forense de los teléfonos secuestrados —realizado con el software UFED— el video apareció en uno de los dispositivos. Ese celular pertenecía a Pablo Daniel Macalopu Cafferata, alias “Roger”, un ciudadano peruano detenido en esa causa de narcotráfico. La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal de San Isidro, advirtió la conexión con el expediente principal por los asesinatos y derivó una copia al Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez.
Allí, sin embargo, el problema se multiplicó. Arroyo Salgado vedó el acceso al video a las partes del expediente de San Isidro, pero al mismo tiempo autorizó que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la División de Crimen Organizado de la Policía Bonaerense compulsaran el material.
Rodríguez, por su parte, envió un oficio a su par de San Isidro solicitando que se tomaran todos los recaudos para evitar filtraciones, dada la sensibilidad del contenido. En total, al menos cuatro eslabones tuvieron acceso al registro: dos juzgados y dos fuerzas de seguridad. Tres semanas después de que Rodríguez emitiera ese despacho, el video se filtró.
Lo que agrava el cuadro es que la querella había pedido medidas de resguardo antes de que ocurriera la filtración. La abogada relató que, al enterarse de la existencia del video un viernes a la noche de octubre, de inmediato exigió al juzgado que adoptara precauciones. La madre de Lara lo confirmó en diálogo con Mauro Zeta en su programa de Blender: “Pedimos el resguardo, que se lo pidió la doctora, y no hubo el resguardo”.
Para la letrada, eso configura una responsabilidad que no se diluye por el hecho de que Rodríguez haya emitido su despacho: “Acá hay una responsabilidad institucional solidaria”, señaló, y anticipó que la denuncia irá a cuestionar toda la cadena de custodia desde el origen del material.
Sobre el motivo de la filtración, la abogada fue directa. Descartó que haya obedecido a un interés por obstruir o dirigir la investigación hacia algún lugar específico y apuntó a un aprovechamiento económico. Alguien, en alguno de esos cuatro eslabones, habría cobrado por entregar el material. La fiscal Labozzetta, en tanto, divulgó un comunicado en el que exhortó a medios y profesionales de la comunicación a evitar la publicación de videos e imágenes vinculados con las víctimas, con el fin de evitar la revictimización de las jóvenes y de sus familias. En el texto, citó específicamente la Convención de Belém do Pará, la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género y la Ley 27.372 de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos.
En cuanto al contenido del video, la abogada indicó que en la filmación se escucha mencionar el nombre “Roger”, detenido en la causa de San Isidro. Sin embargo, aclaró que los rostros de las personas que aparecen en el registro no son claramente visibles: “No sé si tanto como para poder determinar con mayor exactitud quién es”, precisó. La causa principal mantiene el secreto de sumario. Hasta el momento, registra 16 personas detenidas con prisión preventiva y cinco prófugos con recompensas de diez millones de pesos cada uno.
Mientras tanto, según relató la propia abogada, la madre de Lara estuvo tres semanas sin salir de su casa. La mujer reconoció que no tiene atención psicológica presencial en este momento —la sostiene por celular— y que el peso de la situación se multiplica cada vez que tiene que cuidar que sus hijos menores no vean el material que sigue circulando. “Me están matando en vida con lo que me hicieron. El daño que me están haciendo no, no, no se dan cuenta”, dijo ante las cámaras.
Y aunque admitió que el hostigamiento en redes —incluidos los mensajes de otras madres— la agota, cerró con una afirmación: “Yo voy a seguir luchando por la justicia de mi hija, porque yo quiero que paguen lo que le hicieron.”
Fuente: Infobae — Ver noticia original