Un joven que padecía un tumor cerebral viajó desde el norte del país hasta la Ciudad de Buenos Aires para comenzar un tratamiento de radioterapia, pero recibió una noticia inesperada: su empresa de medicina prepaga había decidido darle de baja y ya no tenía cobertura para afrontar las sesiones indicadas por los médicos.
El paciente inició acciones judiciales y consiguió que lo reincorporaran. La Justicia de Tucumán condenó a la empresa a pagar casi $20 millones más intereses, al considerar que había actuado de manera injustificada.
El joven se había afiliado a la empresa en 2020, durante la pandemia, mediante un trámite virtual realizado por WhatsApp.
Durante casi tres años utilizó muy pocos servicios médicos. Sin embargo, en marzo de 2023 comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza y los estudios detectaron un tumor cerebral. Los médicos debieron operarlo de urgencia en dos oportunidades y lograron extraer aproximadamente el 85% del tumor.
Para tratar la parte restante, le indicaron 26 sesiones de radioterapia en un centro médico vinculado al Hospital Italiano de Buenos Aires.
El joven viajó acompañado por familiares, pero el 17 de abril de 2023 recibió un llamado del centro médico que le informó sobre problemas para autorizar las sesiones.
Su padre comenzó a comunicarse con representantes de la prepaga hasta que finalmente le confirmaron que habían decidido cancelar la afiliación. Al día siguiente, la familia recibió una carta documento que justificaba la baja por una supuesta enfermedad preexistente no declarada.
Ante la urgencia del tratamiento, recurrieron a sus ahorros y a préstamos familiares para afrontar los gastos.
Por qué la Justicia consideró injustificada la decisión de la prepaga
La empresa sostuvo que el paciente había ocultado antecedentes médicos importantes al momento de contratar el servicio.
Según su defensa, el joven había sido operado durante la infancia por el síndrome de Arnold-Chiari y no había informado esa condición.
Sin embargo, el tribunal encontró elementos que debilitaban esa explicación:
- La prepaga no presentó una declaración jurada firmada que demostrara la supuesta omisión.
- La afiliación se había realizado de forma virtual, sin acreditar que se hubieran informado todas las condiciones.
- Los informes médicos determinaron que la enfermedad de la infancia no estaba relacionada con el tumor cerebral.
- La baja se produjo cuando el paciente necesitaba un tratamiento urgente.
El juez consideró que la empresa había incumplido sus obligaciones de información y trato digno. También destacó que la gravedad del diagnóstico colocaba al afiliado en una situación de mayor vulnerabilidad.
La indemnización de casi $20 millones que deberá pagar la empresa
Después de completar el tratamiento con ayuda de su familia, el joven presentó un amparo ante la Justicia Federal. En octubre de 2023 obtuvo una sentencia que ordenó su reincorporación definitiva a la prepaga y la cobertura integral de las prestaciones médicas necesarias, sin cuotas adicionales por enfermedades preexistentes.
Luego, inició el juicio por daños y perjuicios. El tribunal reconoció tres conceptos:
- Reintegro de gastos: por las prestaciones médicas que debió afrontar.
- Daño moral: por la angustia e incertidumbre ocasionadas.
- Daño punitivo: una multa civil equivalente a diez canastas básicas totales del hogar tipo 3 del INDEC, destinada a sancionar la conducta de la empresa.
La sentencia también impuso las costas judiciales a la prepaga y estableció que las sumas correspondientes deberán abonarse dentro de los diez días de quedar firme la resolución.
Fuente: TN — Ver noticia original