La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que la Justicia nacional de instrucción, y no el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, investigue una denuncia por lavado de dinero contra las autoridades de la AFA.
En primer lugar, la Corte dispuso que las causas penales relativas a los “balances falsos” presentados en la AFA queden radicadas en el fuero nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estos casos comprenden dos investigaciones. Por un lado, Guilermo Tofoni denunció al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y otros directivos, por la omisión en la que habrían incurrido al no registrar en los balances de AFA los ingresos -aproximadamente de U$S 300 millones- generados por el contrato celebrado con Tourprodenter LLC como agente comercial exclusivo.
Por otro lado, ya fuera de las causas penales, la Corte falló a favor de la Inspección General de Justicia (dependiente del Ministerio de Justicia a cargo de Juan Baustista Mahiques) al mantenerla como órgano de control de la Asociación del Fútbol Argentino.
Los hechos de esta causa radican en la resolución 140/2026 de la IGJ. Mediante dicha Resolución, el organismo del ejecutivo había denegado a la AFA la inscripción de la reforma de su estatuto, mediante el cual pretendía cambiar su domicilio y quedar bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Como consecuencia de ello, la IGJ también denegó a la AFA la cancelación de su inscripción en la IGJ, a fin de pasar al control del organismo provincial.
Dicha decisión de IGJ fue cuestionada por la AFA ante la justicia. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil declaró la nulidad de dicha resolución y en consecuencia tuvo por cancelada la inscripción de la AFA en el registro de la IGJ, permitiéndole entonces inscribirse en provincia.
La decisión representa un revés para González Charvay, quien había reclamado el expediente por su presunta vinculación con la mansión de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
En septiembre, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, había dictaminado que la investigación debía continuar en la Justicia nacional de instrucción y no pasar al juzgado federal de Campana.
Se trata de la denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni para investigar una presunta administración fraudulenta de los millonarios fondos que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) maneja en el exterior.
Es el primer expediente relacionado con la AFA sobre el que se pronuncia la Corte Suprema, aunque no será el único que deberá resolver.
El máximo tribunal también tiene pendientes otras controversias judiciales vinculadas con la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, entre ellas su pretensión de trasladar la sede social a Pilar.
Otra de las cuestiones pendientes es determinar qué juzgado debe investigar las presuntas irregularidades relacionadas con la mansión de esa localidad bonaerense atribuida a Toviggino.
La denuncia de Tofoni apunta contra Tapia, Toviggino y la empresa TourProdEnter LLC, perteneciente al empresario Javier Faroni y su esposa, Érica Gillette, por presunta administración fraudulenta contra la AFA.
Concretamente, el empresario denunció que TourProdEnter LLC habría desviado fondos de la AFA recaudados en el exterior hacia otros destinos, entre ellos sociedades presuntamente vinculadas con Toviggino.
La investigación había quedado radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción N.º 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi.
Sin embargo, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, reclamó el expediente con el argumento de que estaba relacionado con la investigación sobre la mansión de Pilar que tramitaba en su juzgado.
El magistrado sostuvo que ambas causas debían unificarse porque los fondos presuntamente desviados de la AFA podrían haber sido utilizados para financiar la compra de la propiedad.
En otras palabras, González Charvay consideró que existía una conexión entre la supuesta defraudación a la AFA y el origen del dinero utilizado para adquirir la mansión.
Inicialmente, la jueza Petazzi aceptó el planteo y remitió el expediente al juzgado federal de Campana.
Sin embargo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó esa decisión y dispuso que la investigación continuara en la Justicia de instrucción hasta que la Corte resolviera el conflicto de competencia.
Antes de pronunciarse, el máximo tribunal solicitó la opinión del procurador general de la Nación, Eduardo Casal.
En su dictamen, Casal rechazó los argumentos utilizados por González Charvay para justificar el traslado de la investigación al fuero federal.
“La conexión entre ambos no basta para acordar la intervención de la justicia federal para conocer del primero del delito procedente cuando no corresponde por su materia o las personas, o su competencia específica”, sostuvo el procurador.
Además, señaló que “se debe separar el juzgamiento de los hechos de índole federal de aquellos de carácter común, cualquiera fuera la relación de conexidad que media entre sí”.
Casal también cuestionó los argumentos utilizados para justificar la acumulación de expedientes en un mismo juzgado.
En ese sentido, sostuvo que “no basta con acudir a expresiones como ‘comunidad probatoria’, ‘estrecha o íntima vinculación’, ‘mismo contexto delictivo’ o ‘riesgo de resoluciones contradictorias'” para modificar las reglas de competencia.
El procurador concluyó que esas circunstancias no permiten colocar una investigación al margen de las reglas legales que determinan qué juez debe intervenir.
La Corte resolvió ahora la controversia y dispuso que la denuncia de Tofoni continúe bajo la órbita de la Justicia nacional de instrucción.
De esta manera, el juez federal de Campana no podrá concentrar en su juzgado esa investigación sobre el presunto manejo irregular de los fondos de la AFA en el exterior.
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Otra disputa judicial por los balances de la AFA
Casal también se pronunció sobre otra controversia de competencia relacionada con una denuncia presentada por Tofoni contra las autoridades de la AFA.
En ese expediente, el empresario denunció presuntas irregularidades y falsedades en los balances de la entidad, una investigación que inicialmente quedó radicada en la Justicia en lo Penal Económico.
Ese fuero consideró que la denuncia debía tramitar junto con la investigación por administración fraudulenta que ya tenía a su cargo la jueza Petazzi.
Sin embargo, la magistrada rechazó recibir el expediente y el conflicto también llegó a la Corte Suprema.
En este segundo caso, Casal dictaminó que la investigación debía quedar en la Justicia nacional de instrucción.
El procurador consideró que las presuntas irregularidades contables estaban relacionadas con el manejo de los fondos de TourProdEnter LLC, que ya era objeto de investigación en el juzgado de Petazzi.
Además, señaló que la Justicia de instrucción tiene una competencia más amplia que el fuero Penal Económico para analizar el conjunto de los hechos denunciados.
Así, la Corte tiene en sus manos distintas controversias que determinarán qué tribunales investigarán las denuncias sobre el manejo de los fondos de la AFA y las operaciones de las sociedades vinculadas con sus dirigentes.
Casal también pidió que la causa de la mansión vuelva a penal económico
Por otra parte, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, mantuvo ante la Corte Suprema el recurso de queja para que la causa en la que se investiga la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino vuelva al fuero Penal Económico y se la saquen al juez de Zárate-Campana, Adrián González Charvay.
En un dictamen firmado el 30 de octubre, Casal cuestionó duramente la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que por mayoría había dispuesto que la investigación por presunto lavado de dinero continuara en el juzgado federal de Campana.
El pronunciamiento constituye un nuevo revés para la posición judicial que permitió concentrar en ese juzgado la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para adquirir la lujosa propiedad atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La causa está dirigida contra Luciana Pantano y Ana Lucía Conte por el presunto delito de lavado de dinero y se vincula con la adquisición de un inmueble que habría sido utilizado para convertir fondos de origen ilícito.
La controversia llegó a la Corte después de que la Cámara de Casación aceptara un recurso de las defensas y declarara competente al Juzgado Federal de Campana.
Contra esa decisión, el fiscal general interpuso un recurso extraordinario federal. Como fue rechazado por Casación, presentó una queja directamente ante la Corte Suprema.
Ahora, Casal respaldó ese planteo y sostuvo que existen razones excepcionales para que el máximo tribunal intervenga, pese a que las decisiones sobre competencia normalmente no se consideran sentencias definitivas.
El procurador afirmó que el fallo de Casación incurrió en una “prístina y grosera” violación de las reglas de competencia, una situación que, según la jurisprudencia de la Corte, habilita su intervención antes de que termine el proceso.
El argumento central de Casal es que no existen elementos jurídicamente relevantes que justifiquen que la investigación permanezca en la jurisdicción territorial de Campana.
“A esta altura es evidente que no existen puntos de contacto jurídicamente relevantes con la jurisdicción territorial de Campana”, sostuvo el jefe de los fiscales en su dictamen.
Para Casal, la sola circunstancia de que el inmueble investigado se encuentre en esa jurisdicción no alcanza para determinar que el juez de Campana deba intervenir en una causa por lavado de dinero.
Explicó que la ubicación de una propiedad sospechada de haber sido adquirida con dinero ilícito solamente podría justificar la intervención inicial del juez del lugar si allí hubiera comenzado la investigación.
Fuente: Clarín — Ver noticia original