La filtración del video que registra las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi antes de ser asesinadas en el triple crimen de Florencio Varela generó nuevos reclamos de sus familias contra la Justicia. En este contexto, la familia de Lara anunció que denunciará a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y al magistrado a cargo de la investigación por la difusión del material, al considerar que no se adoptaron las medidas necesarias para evitar que una prueba judicial llegara a circular públicamente.
La filmación, de casi tres minutos de duración, fue recuperada durante una investigación paralela, a partir de las pericias realizadas al celular de un integrante de la banda narco liderada por Pablo Macalopu Cafferata, conocido como Roger. Según la explicación de las autoridades judiciales a la que accedió Noticias Argentinas, los investigadores lograron recuperar “un archivo de video” que había sido eliminado de la aplicación de mensajería Zangi, utilizada por la organización para comunicarse.
De acuerdo con esa información, Arroyo Salgado tuvo acceso a la prueba y el pasado 16 de octubre remitió la filmación al magistrado Jorge Rodríguez, a cargo de la investigación por el triple crimen. En las imágenes se escucha el interrogatorio de uno de los implicados a una de las víctimas dentro de la vivienda ubicada en la esquina de Jáchal y Chañar, en Florencio Varela.
El reclamo de la familia de Lara Gutiérrez
Ante la viralización del registro, la familia de Lara difundió un comunicado en el que informó que, por intermedio de su abogada, Verónica Veliz, había exigido al Juzgado Federal de Morón N° 2 que adoptara las medidas necesarias para impedir la filtración de material sensible, tal como, según señalaron, había ocurrido anteriormente con las fotografías de las autopsias.
“Tomaremos cartas en el asunto e iniciaremos las acciones legales, administrativas y denuncias disciplinarias correspondientes contra la Jueza Arroyo Salgado y el juez Ernesto Rodríguez por su omisión o falta de compromiso en que la medida se cumpla estrictamente”, expresaron.
Además, calificaron lo ocurrido como una situación de extrema gravedad y cuestionaron que la circulación del video pudiera comprometer el desarrollo de la investigación. En ese sentido, reclamaron un “control urgente del origen de ese material” y plantearon interrogantes sobre la posible relación entre el nombre Roger y Alex Roger Idone, quien, según el comunicado, permanece prófugo de la Justicia.
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Por otra parte, exigieron la intervención inmediata de las autoridades judiciales superiores para evitar que la difusión del registro afecte el expediente principal. “La prioridad absoluta del Estado debe seguir siendo esclarecer el hecho y sancionar a los verdaderos culpables”, sostuvieron.
Finalmente, la familia hizo referencia al impacto que la circulación de las imágenes tiene sobre sus integrantes, especialmente por la presencia de hermanos menores de Lara. “Basta de causar más dolor y daño psicológico a la familia”, manifestaron, y aseguraron que avanzarán con acciones legales contra los responsables de los hechos y de las irregularidades denunciadas.
La familia de Brenda pidió frenar la difusión del video
En paralelo, la familia de Brenda del Castillo presentó una medida cautelar urgente ante el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez, para detener la circulación de la filmación. El planteo solicita que el contenido sea retirado de sitios web y plataformas digitales, que se impida su republicación y que se investigue cómo llegó a difundirse fuera del expediente, que permanece bajo secreto de sumario.
A través de su abogado, Fernando Burlando, la querella pidió que se prohíba a medios de comunicación, portales, redes sociales y particulares publicar, reproducir o exhibir el video, sus audios, fotogramas y transcripciones. La solicitud comprende cualquier registro que muestre a las víctimas “en situación de cautiverio, sometimiento o muerte”.
Asimismo, reclamó que Meta, Google, TikTok, Telegram y otras plataformas retiren y bloqueen el contenido en un plazo de 24 horas. También solicitó que preserven los datos de las cuentas que lo publicaron o replicaron, incluidas las direcciones IP, las fechas y los horarios de carga y la identidad de sus titulares.
El planteo también apunta a determinar cómo se produjo la filtración. Para eso, la querella pidió información sobre las copias existentes del video, quiénes tuvieron acceso al archivo, cuáles fueron las medidas de seguridad aplicadas para resguardar la prueba y cómo se mantuvo la cadena de custodia del teléfono en el que fue encontrado. Además, solicitó restringir el acceso al material a las partes y funcionarios indispensables para la investigación, con un registro de cada consulta.
Pidieron protección para la hermana de Brenda
Otro de los puntos centrales de la presentación está relacionado con las amenazas que habría recibido la hermana de Brenda después de la difusión de las imágenes. Frente a esta situación, la familia solicitó custodia policial, un dispositivo de alerta, reserva de domicilio y la prohibición de contacto por parte de los imputados. También pidió que se evalúe su incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.
Según el escrito, las amenazas deben analizarse en el contexto de una organización vinculada con el narcotráfico, con varios acusados detenidos y otros sospechosos que continúan prófugos. Por ese motivo, la querella reclamó que se identifiquen las líneas telefónicas y las cuentas desde las cuales se habrían enviado los mensajes, además de preservar esa información.
El pedido de la Fiscalía para evitar la revictimización
También la Fiscalía Federal N° 2 de Morón, a cargo de Mariela Labozzetta, difundió un comunicado en el que exhortó a los medios de comunicación y a los profesionales del sector a evitar la publicación de videos e imágenes vinculados con las víctimas del triple crimen.
El Ministerio Público Fiscal fundamentó el pedido en la necesidad de evitar la revictimización de las jóvenes y sus familias, además de proteger el desarrollo de la investigación. En ese sentido, remarcó que el expediente aborda hechos de violencia contra las mujeres en un contexto de crimen organizado. Para respaldar su exhortación, la Fiscalía citó la Convención de Belém do Pará, la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.