Una mujer que se había divorciado de su marido denunció que su expareja ingresó por la fuerza a la casa donde vivía en Francisco Álvarez en el partido de Moreno, cambió los candados y le prohibió volver a entrar. Además, aseguró que el hombre se quedó con sus muebles, electrodomésticos y pertenencias personales.
El conflicto comenzó el 9 de mayo de 2012 y derivó en una extensa disputa judicial, donde el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Moreno condenó al exmarido a pagar $10.500.000 más intereses.
El hecho comenzó ella se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires para cuidar a su madre enferma. Durante la madrugada, una vecina la llamó para advertirle que su exmarido había llegado a la propiedad acompañado por otras personas y había forzado una puerta trasera.
Cuando la mujer regresó, descubrió que habían cambiado los candados y que no podía ingresar a su casa.
Dentro de la vivienda habían quedado numerosas pertenencias, entre ellas:
- Muebles, camas y electrodomésticos.
- Ropa, calzado y documentación personal.
- Fotografías y recuerdos familiares.
- Un televisor, equipos de música y herramientas.
La mujer aseguró que intentó recuperar sus objetos, pero que el hombre volvió a negarse. Por ese motivo, inició acciones judiciales por daños y perjuicios.
Qué argumentó el exmarido para rechazar la demanda
Durante el juicio, Acuña negó haber ingresado violentamente y sostuvo que la propiedad le pertenecía por completo. Explicó que ambos se habían divorciado en 2006 y que un acuerdo judicial posterior le había adjudicado la totalidad del inmueble.
También aseguró que había comenzado a vivir ahí con consentimiento de su expareja y que ella había retirado sus pertenencias voluntariamente.
En marzo de 2025, la demanda fue rechazada porque la Justicia consideró que el plazo legal para reclamar había vencido. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Mercedes revocó esa decisión en mayo de 2026 y ordenó revisar el caso teniendo en cuenta el contexto de violencia económica y psicológica denunciado por la mujer.
Por qué la Justicia lo condenó a pagar más de $10 millones
La jueza Mirtha Inés Francese evaluó la denuncia policial, la documentación del inmueble y una pericia psicológica. El informe profesional determinó que la mujer presentaba un trastorno por estrés postraumático y una incapacidad psicológica del 20%, vinculados con los hechos denunciados.
Aunque no existían pruebas suficientes para precisar el valor de todos los muebles, el tribunal consideró acreditados los perjuicios y estableció una reparación económica.
La indemnización quedó distribuida de la siguiente manera:
- $3.000.000: por daños materiales y pertenencias.
- $5.000.000: por daño moral.
- $2.500.000: por daño psicológico.
Por ende, la Justicia condenó al hombre a pagar $10.500.000 más intereses, calculados desde mayo de 2012 según las tasas fijadas en la sentencia.
Fuente: TN — Ver noticia original