En las últimas horas se produjeron allanamientos y detenciones en tres cárceles para desarticular una organización que planificaba estafas y robos desde el interior de las prisiones. Esto volvió a poner a la vista de todos una mecánica delictiva que nace y se desarrolla en las Unidades Penales producto de negligencias, omisiones y complicidades por parte de los responsables del control penitenciario.
En los últimos días se implementaron en simultáneo procedimientos policiales realizados en los penales 1 de Olmos, y 15 y 44 de Batán, en el marco de una investigación encabezada por la UFI 13 de Mar del Plata que se inició tras una denuncia por un intento de estafa perpetrado por tres falsos policías, el pasado 8 de julio. El 14, una banda irrumpió en una propiedad, donde amordazaron, maniataron, golpearon y provocaron cortes en los dedos de un pie a una mujer de 70 años, y robaron 600 mil pesos.
Se comprobó que ambos hechos fueron planificados desde el interior de las mencionadas penitenciarías, en las cuales también se realizaron 10.441 llamados telefónicos con el objetivo de estafar a víctimas previamente investigadas, identificadas y seleccionadas. El líder de esta metodología se presentaba como “Subcomisario Gutiérrez”, pero su identidad real es Hugo Miguel Franco, de 62 años.
¿Cómo funcionan los “call centers tumberos”?
Al respecto de esta mecánica, Marcelo Romero, experto en CiberCrimen, señaló a Crónica: “En los penales hay una organización que se basa y divide en la experiencia y en el conocimiento. Muchos aprenden abogacía, para saber las limitaciones legales y lo que no están tan preparados son los que ejecutan el delito”. Y por si fuera poco, reconoció: “Un montón de reclusos se anotó a mis cursos para aprender y seguir mejorando los delitos afuera en cuanto a la organización y la logística”.
María Julia Gerardi, Licenciada en Criminología y Seguridad, remarcó: “Las organizaciones criminales no necesariamente se desarticulan cuando uno de sus integrantes ingresa a prisión. En determinados casos, la privación de libertad modifica su capacidad operativa, pero no elimina automáticamente sus vínculos, recursos económicos y redes de confianza”.
Un preso requisado por una denuncia por estafa telefónica.
Este andamiaje cada vez más aceitado por ciertos internos de las prisiones aprovecha y se facilita gracias a las fallas en el control y las requisas, connivencia con los agentes penitenciarios, acceso ilegal a los dispositivos técnicos y falta de detección de comunicación clandestina, por varias razones. “La organización completa tienen bien pagos a los abogados para que presenten escritos pidiendo un traslado, o elementos o mejora en la comida, y entonces los propio penitenciarios dicen ‘para que voy a meterme si a los 15 minutos me trasladan y encima los presos me abastecen'”, señaló Romero.
Estas muestras de poder de influencias y conexiones con los encargados del orden legal e institucional de las cárceles, motorizan una amplia diversidad delictiva que según Gerardi, también Perito Forense Provincial y Federal, comprende estafas telefónicas y virtuales, extorsiones y amenazas, narcotráfico, secuestros extorsivos, lavado de activos y movimientos de recursos económicos obtenidos en hechos ilícitos. “Una de las estafas más comunes dentro de las alcaldías y los penales, para hacerse el dinero sin emplear muchos gastos es la del cuento del tío”, explicó Romero.
Un “call center tumbero” desbaratado en una cárcel.
Ante semejante avance del plan organizado por diferentes bandas de reclusos para implementar su actividad ilícita, la Licenciada en Criminología y Seguridad propuso que en materia de prevención resultan esenciales un control tecnológico que permita detectar dispositivos y bloqueo selectivo de comunicaciones no autorizadas. En segundo lugar, desarrollar equipos especializados en análisis de información, de identificación de redes criminales, y la detección de patrones de comunicación. Y el fortalecimiento de las requisas, de los controles de visitas, de encomiendas y de proveedores, y los mecanismos de supervisión del personal penitenciario.
En relación a este último aspecto, Gerardi consideró que “es indispensable investigar posibles situaciones de corrupción o connivencia interna, con garantías y procedimientos adecuados”. Al mismo tiempo, aclaró que “tener un celular dentro de una cárcel no significa automáticamente haber cometido una estafa, una extorsión o una asociación ilícita”. Por lo tanto, argumentó que “la solución debería ser un sistema institucional de comunicaciones seguras, con teléfonos habilitados, contactos previamente registrados, horarios establecidos y canales específicos”.
Fuente: Crónica — Ver noticia original