El panorama global reciente y el intenso calendario electoral en distintas latitudes exponen una realidad insoslayable: más que ante simples “oleadas ideológicas” pendulares de izquierda o derecha, el mundo enfrenta un malestar ciudadano difuso y transversal frente a gestiones incapaces de ofrecer respuestas concretas. Informes y mediciones internacionales de referencia mundial confirman un severo deterioro en la calidad democrática global, registrado en diversos índices donde incluso naciones con histórica tradición institucional sufren debilitamientos inéditos en sus sistemas de frenos y contrapesos y una profunda insatisfacción social con el funcionamiento de la representación política.
Frente a la incertidumbre y la volatilidad del contexto internacional, reaparece con fuerza la peligrosa tentación de los liderazgos mesiánicos. Estas figuras, que se auto promocionan como salvadores providenciales por encima de las normas y los checks and balances – frenos y contrapesos-, suelen erosionar el control legislativo y judicial de los sistemas republicanos para concentrar el poder, con un gran impacto de debilitamiento de la democracia. Sin embargo, la salud y solidez de una república no dependen de líderes providenciales ni de carismas personalistas, sino de la fortaleza y credibilidad de sus instituciones y la participación ciudadana. La historia demuestra que cuando el poder se personaliza y se vulneran los contrapesos, se deteriora la fe ciudadana y se debilita la convivencia democrática.
En este complejo escenario internacional, la alternancia en el poder emerge no como un mero formulismo ritual, y mero pilar democrático, sino como el verdadero oxígeno institucional del sistema republicano. El recambio periódico de gobernantes evita la perpetuación de facciones, previene los abusos de poder y obliga a las fuerzas políticas a buscar consensos duraderos en lugar de imponer visiones absolutistas. Sin una alternancia efectiva y respetada, la democracia se asfixia, abriendo la puerta a prácticas hegemónicas o vicios de legitimidad que históricamente han apartado al ciudadano del ejercicio pleno de su soberanía, y que incluso en muchos casos han terminado en la ruptura abrupta como la historia argentina bien pude dar muestras a lo largo de décadas de interrupción de gobiernos elegidos por el pueblo y el daño institucional y social que dichos quiebres institucionales han provocado dejando huellas profundas en el derrotero de nuestra joven vida como país.
Mirar nuestra propia historia electoral argentina funciona como un espejo esclarecedor para toda América Latina e incluso el mundo. El camino hacia la construcción de una ciudadanía plena ha sido largo y complejo: desde la etapa del voto cantado y la exclusión de las grandes mayorías, pasando por el hito transformador de la Ley Sáenz Peña en 1912 – que consagró el sufragio secreto, obligatorio y el sistema de lista incompleta para garantizar la representación de las minorías-, hasta la conquista del voto femenino en 1947. Cada uno de estos pasos demostró que la legitimidad democrática se expande únicamente cuando se institucionalizan las garantías y se amplía la participación ciudadana, sin restricciones ni condiciones.
Sin embargo, el recorrido histórico de nuestro país también guarda advertencias dolorosas: la ruptura del orden constitucional, los fraudes electorales y las proscripciones políticas fracturaron repetidamente el tejido social e institucional durante décadas. La recuperación democrática de 1983, encabezada por el presidente Raúl Alfonsín, marcó un punto de inflexión decisivo al reinstaurar el valor supremo de la tolerancia, el pluralismo y el respeto estricto a las reglas de juego constitucionales. Aquel consenso demostró que ningún atajo mesiánico ni promesa de orden autoritario puede reemplazar los límites institucionales de la Constitución.
Esta experiencia histórica trasciende las fronteras nacionales y retrata el desafío de toda la región. La fragmentación política y los enfrentamientos ideológicos entre líderes latinoamericanos han derivado con frecuencia en la falta de cooperación y en el debilitamiento de los proyectos comunes. Cuando la gestión pública se sustituye por la confrontación permanente o el personalismo de turno, los Estados pierden capacidad estratégica y se alejan de las necesidades reales de la población. Fortalecer la gobernabilidad en América Latina exige superar los personalismos para construir una visión compartida de largo plazo, en una región del mundo repleta de oportunidades, con una riqueza y diversidad multicultural, biodiversidad y potencial enorme, pero también con grandes brechas económicas sociales y disparidades hirientes que arrastramos desde hace décadas y que son una paradoja en una América tan rica y briosa.
Para reconstruir la confianza social, resulta imprescindible promover una participación ciudadana activa que vaya más allá del acto de votar cada dos o cuatro años. Siguiendo los marcos de la gobernanza moderna y el gobierno abierto, el Estado debe desarrollar capacidad para escuchar, aceptar la crítica, co-construir políticas públicas y rendir cuentas de forma transparente. Además, la incorporación de nuevas generaciones e innovaciones en el ámbito público asegura el recambio generacional y revitaliza las instituciones frente a las complejas demandas del siglo XXI. Frente al mesianismo, el verdadero antídoto radica en liderazgos afianzados en una base moral sólida, la humildad y la austeridad en la función pública. Como hemos sostenido recurrentemente a lo largo de los años en diferentes ensayos, “la política es acuerdo y la gestión es acción”. No hay posibilidad de desarrollo sostenible si la acción de gobierno se alimenta del resentimiento o la polarización extrema; por el contrario, se requiere una verdadera “unidad de miras” que articule consensos entre el sector público, el privado, la academia y la sociedad civil.
En momentos en que la democracia se ve amenazada por discursos absolutistas y desencantos sociales, la respuesta no es el repliegue ni la resignación, sino más y mejor institucionalidad. La democracia trabaja para el presente y para el futuro de las próximas generaciones, exigiendo controles republicanos, conducta ética y la garantía inalienable del recambio democrático. Proteger la alternancia y confiar en las instituciones no es solo una convicción cívica: es el único camino viable para resguardar la libertad, el progreso y la dignidad institucional de nuestros países.
Fuente: Infobae — Ver noticia original