En un final polémico y después de más de 15 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada de este jueves la vuelta a comisiones del proyecto sobre Endeudamiento Familiar, luego de que el oficialismo no reuniera los votos necesarios para avanzar con su propia iniciativa. La moción, presentada a las 3.30 por la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, obtuvo 121 votos afirmativos, 117 negativos y cinco abstenciones, y dispuso el regreso del texto a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, sin establecer una fecha para retomar su tratamiento.
La propuesta contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, un sector de Argentina Federal y Producción y Trabajo, mientras que Unión por la Patria, parte de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica votaron en contra. En ese escenario, las abstenciones de los cinco diputados cordobeses de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora incidieron en el resultado, en una situación similar a la registrada horas antes durante la votación de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Por su parte, Unión por la Patria había intentado impedir que el proyecto regresara a comisión para que se rechazara el dictamen de mayoría del oficialismo y se avanzara con el dictamen de minoría, que contempla medidas concretas de alivio para los deudores. En ese sentido, el presidente del bloque peronista, Germán Martínez, sostuvo: “Hoy creemos que hay que votar, que quede claro que hay una mayoría clara que no quiere lo que propone el dictamen de mayoría y por lo tanto se abra naturalmente un tiempo de espacio de búsqueda de consensos alrededor de una propuesta alternativa donde hay otros dictámenes, entre ellos el nuestro”.
Sin embargo, la moción de Giudici desató fuertes cuestionamientos de la oposición, principalmente porque no fijó un plazo para que las comisiones vuelvan a reunirse. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reclamó una fecha concreta y expresó: “A los colegas que están dispuestos a que esto vuelva a comisión sin ningún tipo de fecha cuando ustedes cerraron las comisiones les pido dar una respuesta concreta con fecha. Son unos embusteros”. De esta manera, la falta de un cronograma definido dejó en suspenso la posibilidad de que el debate continúe, pese a que la oposición había conseguido emplazar a ambas comisiones el pasado 9 de septiembre para forzar el tratamiento del tema.
Qué dicen los proyectos
En cuanto al contenido de las propuestas, el dictamen de mayoría, impulsado por el oficialismo junto con el PRO y la UCR, denominada “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”, no establece tasas máximas de interés ni contempla planes de refinanciación específicos para los deudores en situación crítica. Durante la defensa del proyecto, el diputado libertario Santiago Pauli sostuvo que la propuesta busca generar “un marco común de reglas tanto para los que otorgan créditos como para aquellos que acceden al crédito”. Además, enfatizó: “Queremos que haya más crédito con las leyes del lado de los argentinos y no en contra de ellos”.
En cambio, el dictamen de minoría, respaldado por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, propone un régimen de regularización y alivio financiero con una emergencia de 180 días. Entre sus principales medidas, establece planes de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con más de 60 días de mora y deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, equivalentes a $3.265.010 según los valores consignados en la iniciativa. Asimismo, fija un límite para que las cuotas no superen el 30% de los ingresos, plantea topes a los intereses y contempla la condonación del 100% de los intereses punitorios, sin afectar el capital adeudado. El proyecto también incorpora disposiciones sobre portabilidad financiera, cobranzas abusivas y educación financiera.
Durante el debate, el diputado de Provincias Unidas Martín Lousteau vinculó las dificultades de pago con la pérdida del poder adquisitivo y el elevado costo del crédito. “Si un país otorga pocos créditos al sector privado, los montos que presta son bajos y la gente no puede pagarlos, eso puede deberse a que sus ingresos no son suficientes, a que las tasas de interés son muy altas o a ambas cosas, como ocurre en la Argentina”, afirmó. Además, señaló que “el 40% de los deudores que ganan menos de 90.000 pesos no puede pagar sus deudas”, y atribuyó esa situación a la caída de los ingresos y al incremento de los gastos fijos de los hogares.
A su vez, la diputada de Unión por la Patria Kelly Olmos advirtió sobre el alcance del endeudamiento y aseguró que “más de 6 millones de argentinos han ingresado en mora, es decir, tienen una irregularidad de más de 90 días, muchos de los cuales ya están en nivel 4 o 5”. En ese marco, defendió la propuesta opositora como una alternativa para aliviar la situación de las familias y sostuvo: “Estamos formulando una propuesta de esfuerzo compartido, viable, objetiva y posible. Obviamente exige poner límites a los niveles de tasa de interés que algunos estuvieron poniendo”. También cuestionó el enfoque oficialista al plantear: “¿Y todo lo que tenemos para decirles a esos conciudadanos es vayan a estudiar finanzas?”.
En la vereda opuesta, la diputada del PRO Daiana Fernández Molero cuestionó el proyecto de minoría y advirtió sobre las posibles consecuencias de establecer límites a las tasas de interés y modificar las condiciones de los contratos. Según sostuvo, esas medidas podrían dificultar el acceso al financiamiento para las familias y los trabajadores independientes. “Si una familia quiere cambiar la heladera, será más difícil conseguir crédito. En cambio un trabajador independiente se queda afuera del mercado de crédito y deberá afrontar tasas más altas”, argumentó.