Los aumentos en las tarifas de electricidad volvieron a quedar habilitados en la provincia de Buenos Aires luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata hiciera lugar a un planteo del gobierno de Axel Kicillof. El tribunal otorgó efecto suspensivo a la apelación de la Provincia contra la medida cautelar que había frenado las subas y ordenado restablecer el cuadro tarifario anterior.
La resolución, firmada el 15 de octubre, alcanza a los usuarios de las distribuidoras EDELAP, EDEN, EDEA y EDES, que podrán aplicar los valores establecidos en la Resolución 682/2026. La decisión deja sin efecto, de manera provisoria, la medida judicial que había suspendido los componentes provinciales de los aumentos.
Sin embargo, la Cámara todavía debe resolver la apelación sobre el fondo del conflicto. El nuevo pronunciamiento no determina si los incrementos son legales, sino que establece que el recurso de la Provincia se tramite con efecto suspensivo mientras continúa el proceso.
La disputa comenzó con una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense contra el Estado provincial y las cuatro distribuidoras eléctricas. El 18 de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca había concedido una medida cautelar que suspendió los efectos de la Resolución 585/2026 y dispuso volver al cuadro tarifario anterior para los componentes provinciales.
El planteo cuestionaba que se hubieran aplicado actualizaciones tarifarias sin una audiencia pública previa o un mecanismo equivalente de participación de los usuarios. Según el argumento que tomó en cuenta el juzgado, la última audiencia vinculada con una revisión integral de tarifas se había realizado en diciembre de 2016.
Frente a esa decisión, la Fiscalía de Estado bonaerense apeló y pidió que el recurso tuviera efecto suspensivo. En una primera instancia, el juzgado rechazó ese pedido, por lo que la cautelar seguía vigente mientras se analizaba la apelación. La Provincia recurrió entonces a la Cámara de Mar del Plata.
Los argumentos del Gobierno bonaerense
Para sostener su reclamo, la administración de Kicillof advirtió que mantener el cuadro tarifario anterior podía generar dificultades para cubrir los costos actuales del servicio eléctrico y afectar la continuidad y sustentabilidad de la prestación. También planteó que las distribuidoras no podían separar sin dificultades los componentes nacionales y provinciales de las tarifas.
En ese punto, la Fiscalía presentó informes técnicos del Ministerio de Infraestructura y del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA). Según esos informes, combinar valores de distintos cuadros tarifarios generaría problemas para instrumentar y controlar las facturas.
La Cámara consideró que los argumentos y la documentación aportados permitían advertir, en esta etapa preliminar, una posible afectación del interés público. Por ese motivo, hizo lugar al recurso de queja y dispuso que la apelación tramitara con efecto suspensivo.
La discusión judicial, de todos modos, continúa abierta. La Fiscalía de Estado señaló que la audiencia pública para avanzar con la Revisión Tarifaria Integral estaba prevista para mediados de diciembre de 2026.
Fuente: TN — Ver noticia original