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El Gobierno creó programas contra los ciberdelitos y para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil

El Ministerio de Justicia formalizó la puesta en marcha de los esquemas para asistir a víctimas e investigar delitos cometidos en entornos digitales.
El Gobierno creó programas contra los ciberdelitos y para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil

El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó la creación de dos programas destinados a combatir la ciberdelincuencia y a coordinar la política criminal en materia de régimen penal juvenil. Las medidas quedaron formalizadas mediante las Resoluciones 483/2026 y 484/2026, firmadas por el ministro Juan Bautista Mahiques y publicadas en el Boletín Oficial

este viernes.En primer lugar, mediante la primera resolución mencionada, la cartera estableció el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB). La iniciativa funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal y tendrá como coordinador ad honorem a Mariano Tomás Rivas, “quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa, de conformidad con los objetivos y lineamientos establecidos”, según precisa el texto oficial.Entre los principales ejes del programa se destacan la preservación y el análisis de prueba digital, la ciberseguridad en investigaciones penales, los activos virtuales y la evaluación del impacto tecnológico. Sobre este punto, el documento advierte que “el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible utilización para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en la investigación penal”. en vivo PRUEBA CLAVE Caso Agostina Vega: habrían encontrado una foto de la menor amordazada en el celular de Barrelier en vivo POLÉMICA La aclaración de la jueza que falló contra la baja de edad de imputabilidad: “Un caso concreto”El PRONACIB podrá constituir mesas de trabajo con organismos públicos, fueros judiciales, fuerzas de seguridad y entidades privadas.Además, la normativa exige adecuar el tratamiento de datos a la Ley 25.326 y fomentar la vinculación entre la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con Cancillería, a fin de aplicar los mecanismos de cooperación del Convenio de Budapest. Con esta medida, se derogaron las resoluciones previas de 2016 y 2024 vinculadas a la criminalidad informática.Implementación del Régimen Penal JuvenilPor su parte, la Resolución 484/2026 dispuso el inicio del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, el cual operará bajo la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal para aplicar la Ley 27.801, que reformó la responsabilidad penal adolescente.El texto precisa que “el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil estará a cargo de un coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco”. Dicha tarea estará a cargo de Débora Eliana Di Girolamo de forma no remunerada.Entre las funciones asignadas a la coordinación se encuentran la articulación del sistema penal en los fueros nacional, ordinario y federal; la capacitación de los operadores judiciales; la confección de estadísticas y el trabajo coordinado con las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas del Poder Ejecutivo. en vivo CRUCE El descargo de la víctima del ladrón de 14 años sobreseído por la jueza De Marinis: “No camina la calle” en vivo APOYO Mas de 90 jueces rechazaron el pedido de juicio político contra Laura De MarinisA su vez, el programa administrará el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, norma para la cual se aprobaron un reglamento y un Manual del Supervisor Juvenil destinados a guiar a los profesionales encargados del seguimiento de las medidas judiciales. El esquema suma un área de asistencia integral a víctimas de delitos cometidos por adolescentes junto a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, prevé el respaldo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal, y contempla mecanismos de evaluación de reincidencia bajo protocolos de reserva en el Registro Nacional de Reincidencia.

Fuente: Crónica — Ver noticia original