El Gobierno de Javier Milei no pudo avanzar en la Cámara de Diputados con los acuerdos para firmar este martes el dictamen al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional por lo que el plenario de comisiones se pospuso hasta la semana que viene.
El objetivo de La Libertad Avanza (LLA) era conseguir el respaldo de sus habituales aliados para emitir dictamen al proyecto que pivotea en torno a la reafirmación de las Islas Malvinas como patrimonio territorial y económico argentino, pero no pudo sellar los acuerdos por lo que la iniciativa no entrará en el temario de la sesión convocada para este miércoles.
Cuáles son los puntos cuestionados
Entre los puntos en debate figura el artículo 111, que penaliza la “manipulación de la opinión pública” a través de “campañas de desinformación masiva”, la “alteración de procesos electorales” y la colaboración con tareas de “sabotaje” al orden público.
Hay sectores opositores que también cuestionan lo que consideran una excesiva concentración de poder en el Ejecutivo mediante el Consejo de Seguridad Nacional, los protocolos de derribo de aeronaves y hundimiento de buques, la falta de precisión técnica sobre los criterios para definir una “amenaza externa” o una “actividad terrorista”, (pudiendo ser utilizadas como pretexto para reprimir la disidencia interna), y hasta la difuminación de la frontera entre la Defensa y la Seguridad Interior.
En este marco y luego de no poder acordar los cambios al proyecto con las fuerzas denominadas dialoguistas, LLA decidió posponer el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto para el miércoles 27 de octubre a las 16 horas.
Principales ejes del proyecto
La iniciativa impulsada por la gestión libertaria prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina. Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.
Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos.
Asimismo, se contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
Fuente: Crónica — Ver noticia original