Aquel viernes 16 de octubre de 2015, una mujer volvió a su casa de Castro Barros al 5500, en el barrio Saladillo de Rosario, y se encontró con una escena que nadie puede imaginar. En la planta baja estaba su hija, Agustina Ponisio, de 28 años, sentada con la cabeza apoyada sobre la mesa y un mate a medio cebar. Tenía tres disparos. En el descanso de la escalera yacía su hijo Javier, de 25, con cuatro balazos.
Los investigadores levantaron ocho vainas calibre 9 milímetros. Pero lo que más llamó la atención fue lo que no encontraron: ni la puerta principal ni la trasera estaban forzadas, no había señales de resistencia y la casa estaba en orden. La madre, una fonoaudióloga, revisó cada ambiente y no notó que faltara nada.
Sin robo aparente y sin enemigos conocidos, el doble crimen conmocionó a Rosario por lo inexplicable. Desde el primer momento, la fiscalía deslizó una hipótesis que se volvería escalofriante: quien había apretado el gatillo podía ser alguien cercano. Alguien a quien los hermanos le habían abierto la puerta.
Un conocido de la casa
La sospecha se confirmó en pocos días. A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, el fiscal Florentino Malaponte apuntó a un joven que la familia conocía bien: Javier Hernán Pino. Amable en el trato, se había ganado la confianza de los Ponisio y mantenía una amistad con uno de los hermanos. Esa cercanía le permitió entrar a la casa sin levantar la menor sospecha.
Pino fue detenido el 21 de octubre en Santiago del Estero. No era un desconocido para la Justicia: ya tenía una causa por homicidio en Salta y era buscado a nivel nacional e internacional.
Al caer, su confesión heló la sangre de los investigadores. “Le robé veinticinco mil pesos al pibe y lo maté. Después me encargué de la piba”, declaró ante la policía. En el juicio se acreditó que, además de dinero, se llevó una computadora y un celular. Lo que buscaba con los disparos era asegurarse la impunidad del robo que había planificado.
Malaponte lo imputó por doble homicidio criminis causa, agravado por el uso de arma de fuego de guerra, y robo calificado, una figura que prevé prisión perpetua. Pero la causa de los Ponisio era apenas una parte de la historia.
Una pistola, cinco muertes
La clave para reconstruir el raid de Pino estuvo en esas vainas 9 milímetros que quedaron en la casa de Saladillo. Las pericias balísticas demostraron que el arma era la misma que se había usado meses antes en otros crímenes. Además, se constató que las armas secuestradas, dos pistolas Taurus y una Bersa, estaban registradas a su nombre.
El recorrido era aterrador. El 16 de febrero de 2015, Pino había asesinado a un comerciante de origen chino en la Ciudad de Buenos Aires. En abril, también en territorio porteño, mató a la masajista Claudia Sosa, de 32 años. El 13 de julio fue el turno de Ariel Fernando Ríos, de 28, playero de una estación de servicio de El Galpón, en Salta, la localidad donde Pino había vivido casi un año. Tres meses después llegaron los Ponisio.
Cinco víctimas en ocho meses, en tres jurisdicciones distintas, con la misma pistola. Por definición, Javier Hernán Pino era un asesino serial.
La Justicia le cobró cada uno de esos crímenes. Un tribunal de Metán, en Salta, lo condenó a prisión perpetua por el homicidio del playero. Luego llegó la segunda perpetua por el doble crimen de Rosario. Y en mayo de 2019, la Justicia porteña le aplicó la tercera perpetua por los asesinatos del comerciante y de la masajista.
Once años después, el caso de los hermanos Ponisio sigue siendo uno de los más estremecedores de la historia policial rosarina: el de un asesino que no necesitó forzar ninguna puerta, porque sus víctimas lo esperaban del otro lado como a un amigo.
Fuente: Crónica — Ver noticia original