
Al menos 389 eventos represivos contra 106 mujeres familiares de presos políticos cubanos se documentaron entre el 11 de julio de 2021 y el 31 de octubre de 2026. La cifra forma parte de un informe de Justicia 11J difundido en el marco de la campaña “Mujeres que sostienen la lucha”.
Siete de cada diez de esos hechos afectaron a parientes de personas encarceladas por las protestas del 11J. Entre los registros figuran citaciones, interrogatorios, detenciones arbitrarias, vigilancia, desnudos forzados, coerción sexual y agresiones durante el embarazo y el posparto.
La campaña, impulsada por Justicia 11J y difundida en declaraciones al programa Abriendo Espacios, de Martí Noticias, se extiende durante noviembre y hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Forma parte de una iniciativa mayor, “Cinco años sin justicia”, lanzada en julio para conmemorar el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.
Testimonios que no habían sido denunciados públicamente
Camila Rodríguez, directora ejecutiva del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y fundadora de Justicia 11J, explicó a Martí Noticias que la campaña busca acercar al público una realidad que suele quedar relegada cuando se habla de la prisión política.
“Ese dolor del día a día de sostener a una persona presa mientras afuera todavía hay que sostener la vida de otros integrantes de la familia”, dijo Rodríguez a la emisora.
La organización incorporó entrevistas en profundidad con seis mujeres que permitieron conocer experiencias inéditas. De los 389 eventos documentados, 355 proceden del monitoreo habitual y otros 34 fueron conocidos mediante esas conversaciones.
El informe sostiene que madres, esposas, hermanas e hijas de encarcelados por motivos políticos sufren una represión que combina persecución política con violencia de género: amenazas, vigilancia, coerción sexual y presiones económicas por sostener a sus familiares presos, además de un deterioro documentado en su salud mental.
Rodríguez señaló ante la emisora que la amenaza de prisión se usa para frenar las denuncias y explotar el temor de las mujeres a dejar sin apoyo a sus familiares. Relató que una de las preguntas que los agentes les plantean es: “¿Quién le va a llevar la jaba?”.

Seis mujeres pasaron de acompañantes a procesadas
El informe identifica al menos seis mujeres que pasaron de acompañar a un familiar preso a ser procesadas, encarceladas o condenadas. Rodríguez atribuyó el silencio sobre buena parte de estos episodios al pudor, el estigma y la vergüenza asociados a ese tipo de violencia.
“Es un tipo de violencia muy difícil de denunciar públicamente”, señaló la activista a Martí Noticias, y agregó que las cifras documentadas no reflejan toda la magnitud del problema.
La directora de Justicia 11J planteó además la pregunta que atraviesa su trabajo: “La mujer está en el centro de toda la familia, vive los sufrimientos y las circunstancias de toda la familia, ¿y qué espacio queda para ella?”.
Más allá del hostigamiento estatal, estas mujeres deben conseguir alimentos, medicamentos y recursos para visitar las prisiones, mientras atienden a hijos menores, personas mayores y otros familiares dependientes.
Rodríguez expresó especial preocupación por el agotamiento y la tensión constante de decidir cuándo denunciar y cómo proteger a sus seres queridos.

Una carta exige a la FMC romper el silencio
Entre las acciones de la campaña figura la recogida de firmas para una carta abierta a la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC), impulsada junto a Alas Tensas y otras organizaciones. El documento exige que la entidad se pronuncie sobre la violencia ejercida por agentes estatales contra familiares de presos políticos.
Rodríguez anunció a la emisora que prevén entregar la carta el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Las promotoras reclaman también que la federación se desvincule públicamente de los actos de repudio y las campañas de estigmatización contra las mujeres que denuncian.

“No tenemos muchas esperanzas de que todas estas peticiones se cumplan”, reconoció Rodríguez ante Martí Noticias, aunque defendió la importancia de exigir a la organización que asuma las responsabilidades que dice representar.
Quienes se encuentran dentro de Cuba pueden sumarse al reclamo con iniciales o de forma anónima, con el propósito de reducir su exposición a represalias, o bien suscribir la carta con el nombre completo.
Rodríguez solicitó además a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que continúe otorgando medidas cautelares tanto a las personas encarceladas por razones políticas como a sus familiares, y pidió a los gobiernos democráticos considerar sanciones individuales contra funcionarios responsables de los abusos documentados.
“Vamos a seguir trabajando hasta la libertad de Cuba, hasta la libertad de todas las personas privadas de libertad por razones políticas”, afirmó la activista a la emisora.
Un récord histórico de presos políticos
La campaña se desarrolla en medio de un deterioro documentado de la situación carcelaria en Cuba. Según un informe de Prisoners Defenders, organización española de defensa de presos políticos, publicado el 12 de noviembre y recogido por Infobae, la isla acumuló 1,353 presos políticos al cierre de octubre, un récord histórico tras sumar 39 nuevos casos en ese mes.

Del total, 158 son mujeres y 43 fueron detenidos siendo menores de edad, según ese mismo informe. La organización documentó además 464 presos políticos con enfermedades graves sin tratamiento adecuado, de los cuales 236 sufren desnutrición forzosa.
Desde julio de 2021, Cuba acumuló 2.256 presos políticos en poco más de cinco años, de acuerdo con Prisoners Defenders. La cifra equivale, según la organización, a casi cinco veces el total de detenidos durante la Primavera Negra de 2003, represión que entonces motivó una amplia condena internacional.
Fuente: Infobae — Ver noticia original