La intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) fue denunciada por supuestas “actividades de inteligencia ilegal” contra las autoridades desplazadas. La acusación fue presentada por María Soledad Calle, la dirigente metalúrgica que se encontraba al frente de la obra social del gremio (Osuomra) hasta mayo pasado. La denuncia recayó en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti e involucra al interventor, Alberto Biglieri, a un funcionario designado con antecedentes de desempeño en organismos de inteligencia y a una consultora responsable de un informe contra Calle y Abel Furlán, el depuesto secretario general del gremio metalúrgico.
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La presentación le reclama a la jueza investigar “delitos de acción pública” entre los que destaca, además de la presunta inteligencia ilegal, una aparente “investigación indebida de antecedentes personales, políticos, sindicales y familiares y el tratamiento de datos personales sensibles” de la dirigencia del sindicato, con el alegado propósito de robustecer una denuncia penal en su contra y bloquear de ese modo un eventual retorno a la conducción de la UOM. Biglieri, un abogado de confianza de Daniel Angelici, asumió esta semana como integrante del Consejo de la Magistratura pero les pidió a los camaristas Víctor Pesino (el mismo que destrabó la vigencia de la reforma laboral y logró que el Gobierno le estirase el mandato 5 años por encima de su edad jubilatoria) y María Dora González permanecer en la gestión ad honorem.
Calle funda su denuncia en un “informe de investigación especial preliminar, calificado como confidencial” del 28 de agosto que la intervención le encargó a la firma Becher y Asociados SRL (BDO Argentina) y suscripto por Carlos Fernando Rozen. En ese documento constan “distintos aspectos de la relación contractual entre UOM, Osuomra y USEM (la gerenciadora que Furlán creó para administrar la obra social y en cuya jefatura ubicó a Calle. Apenas asumido Biglieri desplazó esa firma y en su lugar puso a funcionarios ligados a la administradora de la obra social anterio a la llegada de Furlán a la secretaría general del sindicato, cuando en ese lugar se encontraba Antonio Caló.
La denunciante señala que el informe de BDO despliega datos sobre la prestación de servicios, el análisis de operaciones patrimoniales y la revisión de documentos contables pero advierte que “bajo esa cobertura se desarrolló una investigación sistemática de antecedentes personales, políticos, sindicales, laborales y familiares de dirigentes y terceros, cuyo alcance excedió manifiestamente las presuntas cuestiones objetivas de su encargo”. “Denuncio concretamente la recopilación, procesamiento, sistematización y elaboración de perfiles sobre dirigentes sindicales y personas ajenas a las entidades en análisis, mediante procedimientos de investigación de antecedentes y análisis de relaciones personales que carecen de justificación funcional dentro de la intervención judicial al sindicato”, añade.
La intervención de la UOM fue ordenada por la Sala VIII de la Cámara laboral en mayo pasado con el argumento de que la elección que le había dado el triunfo a Furlán en Campana, su seccional de origen, era nula por aparentes irregularidades y por lo tanto privaba de legalidad la designación posterior del líder sindical al frente de la organización a nivel nacional resuelta por el colegio electoral interno. Biglieri tenía el mandato de subsanar las irregularidades y convocar, en el plazo de seis meses (se cumplen la semana que viene), a un nuevo comicio en Campana.
Por encima de ese propósito la intervención y un grupo de dirigentes metalúrgicos aliados renegociaron convenios colectivos, impusieron el primer banco de horas en la historia del gremio metalúrgico y entregaron el gobierno de la obra social a funcionarios relacionados con el Grupo Olmos, dueño medios de comunicación como Crónica y el diario Bae y también de la gerenciadora Red BASA que se encontraba en la misma tarea en la gestión de Caló y a la que Furlán había desplazado en favor de Calle.
En la presentación judicial la demandante agrega que “la propia consultora reconoce expresamente, en la página 12 de su informe, la realización de procedimientos denominados background checks, consistentes en la investigación de antecedentes de personas físicas y jurídicas” y que “para ello declara haber utilizado información procedente de fuentes públicas, bases societarias, antecedentes judiciales, listas restrictivas, redes sociales y otras fuentes abiertas, mediante técnicas OSINT (Open Source Intelligence)”. Las tareas de la consultora abarcaron a Calle, Furlán y USEM y luego “se amplió hacia otras personas físicas y jurídicas a partir de las vinculaciones societarias, comerciales, laborales y familiares que se fueron identificando”, destaca.
“Esta ampliación no fue incidental ni constituyó una consecuencia inevitable de la revisión de documentación contable. Fue una actividad específica de investigación de personas, reconocida por sus propios ejecutores, que comprendió la selección de individuos, la recopilación de antecedentes, la identificación de vínculos y la elaboración de representaciones de sus relaciones personales”, apunta la presentación. En ese sentido menciona que “en las páginas 13 y 20, BDO reconoce la elaboración de mapas de relaciones entre personas físicas y jurídicas, construidos a partir de información societaria, laboral, familiar, financiera y personal” y que en esa línea “avanzó desde el examen de operaciones administrativas hacia la construcción de perfiles relacionales sobre individuos determinados”.
Según Calle, el eje de su denuncia es “lla elaboración de esos perfiles, la identificación de vínculos familiares y personales y el relevamiento de antecedentes políticos y sindicales” contenidos en el informe y que, en su caso, incorpora referencias personales que van desde su militancia política (dirigente de La Cámpora) y partidaria hasta el desempeño de la función pública en Campana como concejala. “La militancia política y el ejercicio de la actividad sindical son derechos constitucionalmente protegidos. La existencia de una intervención judicial sobre la administración de una organización sindical no habilita a investigar indiscriminadamente las opiniones políticas, las pertenencias partidarias o las relaciones personales de sus dirigentes”, acusa.
Incluso advirtió que en el informe confidencial se enumeran “aspectos estrictamente privados” como “referencias a supuestas relaciones sentimentales, construidas a partir de publicaciones periodísticas cuya veracidad la propia consultora reconoce no haber podido corroborar por otros medios”. Más adelante destaca que la actividad de la consultora cobra otro relieve si se tiene en cuenta que forma parte de la intervención judicial el funcionario “Carlos Ángel Galina, cuyos antecedentes de desempeño en organismos nacionales de inteligencia han sido públicamente señalados”. Calle le reclama a Capuchetti indagar “qué tareas desarrolló Galina en el marco de la investigación” y si su rol fue de “orientación de las pesquisas, la identificación de personas, la obtención de antecedentes o la elaboración de los perfiles y mapas de relaciones incorporados al informe”.