El Gobierno aprobó un nuevo esquema tarifario para Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) que empezará a aplicarse el 1° de febrero de 2027. Lo hizo en medio de la etapa final del proceso de privatización de la empresa. La medida contempla aumentos para el 60% de los usuarios residenciales, mientras que el 40% restante mantendrá sus tarifas o tendrá descuentos.
La decisión quedó establecida en la resolución 45/2026 del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), publicada este viernes en el Boletín Oficial. La normativa modifica los coeficientes zonales utilizados para calcular las facturas del servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
Para los hogares alcanzados por los incrementos, el organismo estableció un límite del 1,5% mensual acumulativo sobre el cargo variable afectado por la nueva clasificación, adicional a las actualizaciones tarifarias que ya se aplican mediante la fórmula vigente.
De esta manera, el ajuste específico derivado del cambio de zonificación podrá acumular hasta un 19,6% en doce meses, aunque el impacto sobre la factura final dependerá de la situación de cada usuario y de los demás componentes tarifarios.
La resolución establece textualmente: “Aplíquense los siguientes esquemas de descuentos sobre el cargo variable según categoría de usuario y régimen de medición de forma tal que el incremento mensual efectivo de dicho cargo que genere lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la presente no exceda el UNO COMA CINCO POR CIENTO (1,5%) en cada mes”.
La modificación se conoce cuando resta menos de un mes para que se concrete la firma del contrato de privatización de Aysa, cuya fecha fue postergada hasta el 17 de diciembre.
Cómo serán los aumentos de Aysa desde febrero de 2027
El nuevo sistema reemplazará una clasificación geográfica que no había tenido una revisión integral durante más de cuatro décadas. Hasta ahora, los coeficientes utilizados para determinar las tarifas respondían a criterios establecidos entre las décadas de 1960 y 1980.
Según la documentación oficial, la actualización busca adecuar los valores a las condiciones socioeconómicas actuales de cada zona, a partir de información del Censo Nacional de 2022 y otros estudios sobre las características de los hogares.
El esquema contempla cinco categorías, que determinarán parte del valor de la factura según la ubicación del inmueble:
- Bajo: coeficiente de 0,75.
- Medio bajo: coeficiente de 1,25.
- Medio: coeficiente de 1,75.
- Medio alto: coeficiente de 2,25.
- Alto: coeficiente de 2,75.
De acuerdo con las estimaciones incorporadas en la resolución, aproximadamente el 20% de los usuarios residenciales recibirá una reducción en su factura, otro 20% no tendrá modificaciones y cerca del 60% afrontará incrementos.
Los descuentos derivados de la nueva clasificación comenzarán a aplicarse inmediatamente desde febrero. En cambio, los aumentos se distribuirán de manera gradual, hasta alcanzar el importe correspondiente al nuevo coeficiente zonal.
La decisión del ERAS también modificó la propuesta original presentada por AySA. La empresa había planteado incrementos mensuales acumulativos de hasta el 5% para determinados cargos, pero el organismo regulador redujo ese límite al 1,5%.
Además, se mantendrá la bonificación del 15% sobre el coeficiente de modificación K para los usuarios residenciales y baldíos incluidos en las categorías baja y media baja.
Para quienes actualmente reciben ese descuento, pero pasarán a una categoría superior, la resolución establece un mecanismo de reducción progresiva del beneficio durante 2027.
La normativa también contempla medidas para los hogares que reciben asistencia económica para pagar el servicio.
En particular, los beneficiarios de la Tarifa Social tendrán un descuento adicional destinado a evitar que la nueva clasificación zonal modifique el importe de sus facturas mientras mantengan vigente el beneficio correspondiente.
Además, el artículo 17 de la resolución dispone: “Prorrógase con carácter excepcional, por un período anual adicional, a todos los usuarios incorporados al Programa de Tarifa Social con beneficio vigente al 31 de diciembre de 2026”.
El Gobierno también determinó que los recursos adicionales obtenidos como consecuencia del nuevo sistema deberán financiar ese programa.
“Establécese que todo incremento en los ingresos de la Concesionaria que derive de lo dispuesto en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la presente será destinado al Programa de Tarifa Social”, señala el artículo 6.
En caso de que existan fondos excedentes, el ERAS podrá autorizar su utilización para ampliar las metas de inversión previstas en el contrato de concesión, siempre que se preserve su equilibrio económico-financiero.
El traspaso de Aysa a sus nuevos dueños
La actualización tarifaria se produce mientras el Gobierno avanza con la transferencia del 90% de las acciones de Aysa al sector privado, una operación adjudicada en octubre por US$340,2 millones.
El consorcio ganador está integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua AR B.V. y Transclor. Entre sus integrantes figura el empresario Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, proveedora de productos químicos utilizados para la potabilización del agua.
La firma del contrato de compraventa estaba prevista inicialmente para el 13 de noviembre, pero el Gobierno la postergó hasta el 17 de diciembre, luego de que los representantes del grupo adjudicatario solicitaran más tiempo para analizar la documentación de la operación.
La empresa presta los servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
La privatización fue habilitada por la Ley Bases, sancionada en 2024, y forma parte del programa oficial de transferencia de empresas públicas al sector privado.
Fuente: TN — Ver noticia original