El Senado convirtió en ley este jueves 19 de noviembre, por unanimidad, la nueva Ley de Discapacidad. Obtuvo 71 votos afirmativos y ninguno en contra. Diputados ya le había dado media sanción el 22 de octubre, con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.

La norma deja atrás la emergencia en discapacidad (Ley 27.793), que vence el 31 de diciembre, y establece un régimen permanente. Su primer artículo dice que busca “superar la situación de emergencia” y fortalecer de forma permanente las políticas del sector. No tiene fecha de vencimiento.

Qué pasa con la pensión

La pensión no contributiva por discapacidad sigue en el 70% del haber mínimo jubilatorio y se actualiza según las reglas previsionales vigentes. Con el haber mínimo de noviembre ($444.158,46), el 70% equivale a unos $310.911.

Para cobrarla hay que tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y acreditar identidad, edad y nacionalidad con el DNI. Las personas extranjeras deben tener cinco años de residencia legal continuada. Además:

Se puede trabajar sin perder la pensión

Contra lo que planteaba el proyecto de abril, la ley mantiene la compatibilidad con el empleo formal o el monotributo, mientras los ingresos no superen los dos salarios mínimos. Si los superan, la pensión se suspende automáticamente mientras dure esa situación. Si el trabajo termina o los ingresos bajan del límite, la persona puede pedir la rehabilitación inmediata y cobra desde la fecha del pedido. También se mantienen los beneficios para las empresas que contraten por tiempo indeterminado a personas con discapacidad.

Auditorías, no reempadronamiento

La ley crea un sistema de auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud. Esa Secretaría cruzará datos con ANSES, ARCA, el SINTyS y el Renaper. Si detecta un incumplimiento, debe notificar al titular para que presente su descargo. Vencido el plazo, puede suspender la pensión de forma preventiva. Quien considere que no incumplió puede pedir la rehabilitación inmediata y provisoria hasta que se resuelva el caso.

Financiamiento y salud

Los titulares de pensiones por discapacidad y por invalidez laboral tienen derecho a un programa de cobertura médica con las prestaciones básicas de la Ley 24.901. El gasto sale de partidas del Ministerio de Salud y, si no alcanzan, del Tesoro. Las leyes de presupuesto deben garantizar fondos suficientes. El ingreso por beneficiario no puede ser menor, en términos reales, al del año anterior.

Prestadores y deudas

La ley ratifica un artículo de la Ley 24.901 incorporado por la emergencia y la ley de empleo protegido. Deroga tres artículos de la Ley 27.793: el 7, el 8 y el 16. Si quedan compensaciones pendientes a prestadores, el Gobierno deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos de la entrada en vigencia. Tiene que cancelar la deuda en un máximo de 90 días corridos para quienes completaron el trámite. El texto mantiene el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, que se actualiza con la movilidad jubilatoria.

Cuándo rige

La ley todavía debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Entra en vigencia el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, y el Ejecutivo tendrá 30 días hábiles para reglamentarla. De esa reglamentación dependen la autoridad de aplicación, los criterios de la evaluación socioeconómica y la capacitación obligatoria del personal de los prestadores.

El contexto

Entre 2023 y septiembre de 2026, las pensiones no contributivas por invalidez cayeron 5,9%, hasta unas 1,14 millones, según datos de Capital Humano que analizó Chequeado. El monto promedio perdió 14,2% de poder de compra desde el inicio de la gestión. La oposición y la oficialista Patricia Bullrich coincidieron en que ahora importan la reglamentación y el financiamiento. La senadora Mariana Juri pidió prestar atención a los fondos del Presupuesto 2027.

Fuente: El Destape — Ver noticia original