Afectaría a aquellas líneas que no cancelen en las próximas horas los salarios ni los aguinaldos.
En un comunicado se había confirmado la medida de fuerza, pero lo relativizaron luego.
El Gobierno nacional respondió con promesa de sanciones para las empresas que no den servicio.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) amenaza con que este viernes llevará a cabo un paro parcial de colectivos por sueldos y aguinaldos adeudados. En un comunicado oficial, el gremio denunció la “falta de pagos” y dio por confirmada la “abstención de tareas” que afectaría a las líneas que mantienen los impagos con los choferes. Pero luego, desde la cúpula del sindicato relativizaron ese texto y dejaron en veremos el anuncio de la medida de fuerza.
En ese comunicado, que surgió de la UTA hacia la prensa y al instante fue rectificado por el mismo sindicato, se deslizaron cuestionamientos al gobierno de Javier Milei. El gremio de Roberto Fernández le pedía que aumente los subsidios a las empresas. El Gobierno nacional respondió con promesa de sanciones para las empresas que no den servicios.
La confirmación del paro y su vuelta atrás a la instancia de advertencia previa sucedió en la tarde de este jueves, luego de que se llevara a cabo una reunión en la Secretaría de Trabajo por las paritarias que fijan los sueldos de junio y julio. No hubo acuerdo.
En su declaración, señaló al Gobierno como responsable de la situación.
“Este incumplimiento se debe a la demora del gobierno nacional en la asignación y entrega de los subsidios correspondientes, lo cual impide a los empresarios cumplir con el pago de salarios en tiempo y forma”, añadió la UTA.
Tras “lamentar profundamente” las consecuencias que sufrirán los usuarios, volvió a dirigirse a la Casa Rosada y al Palacio de Hacienda. “Esperamos que el gobierno nacional realice la acreditación de los subsidios necesarios para que los trabajadores perciban sus salarios que son de carácter alimentario, más en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando en conjunto de los trabajadores”.
El pronunciamiento oficial de la UTA confirmaba lo que venía circulando desde más temprano: que este viernes habría un “recorte” en el servicio de colectivos. “Si la empresa no paga, el chofer no sale”, dijeron fuentes del sector por aquellas horas. Con la confirmación, el gremio se expresó en la misma sintonía, con el servicio afectado en aquellas empresas que no paguen a tiempo los sueldos adeudados. Pero luego, por alguna razón, optaron por desdecirse.
La fecha tope para el pago de los salarios es este viernes, para cuando la UTA esperaba haber alcanzado un acuerdo con los empresarios, en la sede de Trabajo. Sin embargo, llega al viernes sin acuerdo.
Los reclamos de la UTA al Gobierno nacional, además, señalan uno de los pedidos de las empresas, con los subsidios en la mira, una situación que choca con el mandato de ajuste de Milei y Caputo.
La negociación paritaria aún no resuelta corre para los salarios de junio y julio. Este viernes es el límite para el pago de sueldos y aguinaldos que habían sido pactados a finales del mes de mayo. En ese momento, la UTA había comunicado que el salario básico de un colectivero en mayo sería de $737.000, al que se sumarían otros $101.160 en concepto de viáticos y también una suma no remunerativa de $250.000. Así, la cifra que desde el gremio estipulaban como final para el quinto mes del año era $1.088.160.
La misma cifra no remunerativa debía también replicarse en los salarios de junio y julio. El gremio que conduce Roberto Fernández había explicado que, en el caso del sueldo de junio, el salario básico conformado se elevará a $1.000.000, a lo que se sumaría un adicional por viáticos de $137.256 y otra suma de $250.000, por lo que un chofer debió cobrar $1.387.256 en el mes de junio.
Misma situación es la que tiene fecha límite este viernes 5 de julio. El básico inicial para este mes asciende a $1.060.000, y a ello hay que añadir la suma de $250.000 y el adicional por viáticos de $145.488, lo que ascendería el salario a los $1.455.488.
Sin embargo, también trascendió que algunas empresas no han depositado aún el aguinaldo, por lo que el reclamo se une al de los trabajadores que reclaman la totalidad de pagos de los aumentos salariales pactados con la Secretaría de Trabajo, además de la negociación paritaria abierta y sin resolución para los sueldos de los próximos meses.
Fuerte respuesta del Gobierno nacional: dijo que sancionará a las empresas en las que haya paro
Horas después de que circulara el comunicado, luego relativizado desde la misma UTA, la Secretaría de Transporte sacó una respuesta al gremio: aseguró que ya transfirió “las compensaciones” y advirtió que impondrá sanciones a las empresas que no presten servicio.
“La Secretaria de Transporte informa que los pagos de los salarios son obligaciones de los empresarios con sus empleados. No obstante, cabe destacar, que no hay una fecha de pago obligatoria de fondos a las empresas. A pesar de ello, desde Transporte se instrumentan todas las medidas necesarias para asegurar los fondos lo antes posible”, dijo la Secretaría.
Remarcaron que las compensaciones ya fueron enviadas “al banco y está próximo a acreditarse en las cuentas de las empresas en las próximas horas”.
Por último, lanzó la fuerte advertencia. “Las empresas que no presten servicios serán sancionadas por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y se les realizará las deducciones correspondientes a las compensaciones del mes”, concluyó la cartera que encabeza Franco Mogetta.
Empresarios apuntan a un sistema de colectivos en crisis
La medida de fuerza anterior de choferes de colectivos fue en junio, aunque se trató de un paro parcial muy localizado: sólo afectó a siete líneas. Anteriormente la UTA se había plegado al paro general del 9 de mayo, aunque más de 40 líneas siguieron prestando servicio. Y en abril sí se había concretado un paro de colectivos fuerte. Ocurrió el 11 de ese mes, en medio de denuncias de impagos y de negociaciones paritarias.
Esa vez, Mogetta calificó de “extorsivo” la medida de fuerza de la UTA. “Nosotros no podemos despedir trabajadores, pero podemos despedir empresas”, deslizó por entonces el secretario de Transporte.
Desde las cámaras empresarias vienen advirtiendo por un sistema de transporte en tensión. El reclamo recae en el pedido de adecuación de las tarifas, una medida que el Gobierno dilata para evitar el impacto en la inflación.
Como contrapartida, las empresas reclaman, entonces, mayores subsidios, pero desde Nación no desean ampliar la base de subsidios ya que, de hacerlo, trastocaría su estrategia de “déficit cero”.
Según los cálculos de ese momento, estimaban que saldrían a la calle solamente 15.000 colectivos, de los 18.500 que componen el parque, y que se producirían unos 10.000 despidos, para reducir en un 20% la dotación de personal hasta 40.000 choferes.
A mediados de junio, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) -la cámara en la que pesa el grupo Metropol, el segundo más importante del AMBA detrás de DOTA-, dijo que en mayo el pasaje de colectivo en la Ciudad y el conurbano debía costar $1.250 en su tarifa mínima, mientras que el pasajero abonó $270. A su vez, la asociación estimó en casi 250 mil millones de pesos el costo de mantenimiento mensual del sistema de colectivos en el AMBA, de los que la Secretaría de Transporte sólo reconocería 194.